martes, 28 de julio de 2009

Desempolvando golpes de Estado

Marcos Roitman Rosenmann, La Jornada

Todo hacía presagiar que los golpes de Estado eran recuerdos de una época sombría en América Latina. Atrás quedaban las dictaduras que poblaron el continente en los años 70 y 80 del siglo pasado. Un nuevo marco internacional se erguía bajo el paraguas del fin de la guerra fría y la ideología de la globalización. En medio de las reformas neoliberales y la reconversión del capitalismo, las protestas sociales eran reprimidas con fórmulas más “civilizadas”. No hacia falta recurrir a las fuerzas armadas. Poco o nada hacía albergar un cambio de perspectivas en la región. Sobretodo cuando se materializó el consenso entre la socialdemocracia, la izquierda institucional y la derecha de seguir el sendero del neoliberalismo.

En medio de este desierto, en 1994 el EZLN abría la puerta y otro mundo era posible. Las luchas sociales y los esporádicos espasmos de protesta se transformaron en un vendaval. Las opciones frente al neoliberalismo reclaman las autonomías regionales, el derecho de las minorías a su diferencia, acabar con la impunidad, las nacionalizaciones y el fin de las políticas excluyentes. Era un punto de inflexión. Un nuevo modo de entender la política desde abajo. Se demanda la ciudadanía plena con participación democrática.

Los gobiernos neoliberales ven zozobrar sus proyectos fundados en la democracia de mercado. Los efectos que produce son hambre, pauperización, pérdida de derechos civiles y exclusión social. Venezuela da un primer toque de atención. En 1998, Hugo Chávez, militar díscolo, gana las elecciones. Su programa contiene una reforma constitucional, una política anticorrupción y el desarrollo de la democracia participativa. La profundización de su proyecto inicial, la reforma agraria, la lucha contra el analfabetismo, salud para todos y la definición anticapitalista de su ideario le suman apoyos populares. Pero al mismo tiempo lo convierte en mal ejemplo para la región, siendo objeto de las críticas más abyectas. El neoliberalismo tiene un enemigo claro: Chávez y su programa. A partir de ese instante sus detractores hablarán de chavismo identificándolo como el renacer del caudillismo, el populismo y el neoestatismo desarrollista.

Mientras Venezuela cambia de rumbo, en Argentina estalla la crisis del neoliberalismo. El presidente Fernando de la Rúa se ve obligado a dimitir en los últimos días de 2001. “Que se vayan todos” será el sentir del pueblo a la política formulada desde arriba. La decisión de aplicar el corralito, consistente en prohibir las transferencias al exterior, en restringir el monto de dinero retirado de los bancos y la obligación de pagar con tarjetas de crédito, débito o cheques es la gota de agua que colma el vaso.

Otro tanto sucederá en Bolivia. La guerra del agua en Cochabamba, contra la privatización en el año 2000, presagia la dureza de posteriores enfrentamientos. La masacre del 12 y 13 de octubre de 2003 en el Alto y La Paz, con 26 muertos y 92 heridos, según datos, concluye con la renuncia y posterior huida a Miami del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003. La Central Obrera Boliviana, el Movimiento al Socialismo, junto al resto de organizaciones populares, son clave en su caída. También lo fue la retirada del apoyo de sus aliados de la derecha Manfred Reyes Villa (NFR) y de la socialdemocracia del MIR con Paz Zamora.

Ecuador vivirá algo similar en abril de 2005. Con el precedente de la destitución de Jamil Mahuad en el año 2000. Ahora es Lucio Gutiérrez quien abandona el poder por las presiones de las clases populares y el movimiento indígena Pachakutik. El estribillo “Lucio fuera” se generaliza por la acción de la radioemisora La Luna, que mantendrá informada a la ciudadanía hasta la huida de Gutiérrez en helicóptero a Brasil. Pero el neoliberalismo se cobra más víctimas entre sus adeptos. En Paraguay, la renuncia de Raúl Cubas en 1999; en Perú, Fujimori en 2000, acusado de corrupción, seguirá el mismo camino.

Si las fuerzas populares habían derrocado presidentes, no siempre lograban un triunfo electoral. Pasará tiempo para que las urnas reflejen la profundidad de las luchas democráticas. Primero Bolivia, luego Ecuador y por último Paraguay inscriben su nombre entre los gobiernos nacionalistas, democráticos, populares y antiimperialistas en la primera década del siglo XXI. A lo que se deben sumar los triunfos de Lula en Brasil y de Tavaré Vásquez en Uruguay, cuyas vocaciones reformistas rompían los ciclos de poder de las burguesías trasnacionales, creando expectativas sobredimensionadas a su posterior quehacer. En Chile el paradigma del neoliberalismo triunfante es gobernado por socialistas con una constitución emanada de la dictadura. Sin embargo, la corrupción, el aumento de paro, la desigualdad social y el fracaso del sistema educativo hablan de una crisis del modelo.

Así, el mapa de la región sufre un cambio. El equilibrio se rompe. Los gobiernos anticapitalistas modifican el escenario. Crean organismos fuera de la tutela de Estados Unidos y las trasnacionales. La integración se piensa desde dentro y desde abajo, emerge el Alba frente al Alca, el Banco del Sur frente al Banco Mundial y Unasur. La solidaridad se realiza sobre bases de igualdad. La cooperación tiene otra lógica. Las luchas populares se conectan aprovechando la experiencia regional como vía campesina, los foros mundiales, etcétera. Los triunfos de Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador y Lugo en Paraguay constituyen un escenario no previsto en los años 90 del siglo XX.

Lo anterior dispara las alarmas. Las empresas trasnacionales, el imperialismo y las burguesías locales ven peligrar sus intereses y su hegemonía. Es necesario revertir los procesos en marcha desestabilizando los gobiernos legítimos. El fallido golpe de Estado en abril de 2002 en Venezuela señala el retorno a un camino abandonado. Y para evitar sorpresas, en otros casos se recurrirá a fraudes electores. México, sin ir más lejos, en 2006. Los indeseados serán apartados impidiendo su acceso al Poder Ejecutivo.

El miedo se apodera de las oligarquías apoyando cualquier solución para retornar al poder. Los consensos de las transiciones llegan a fin.

Durante las dos administraciones Bush, Estados Unidos tuvo una política fundada en el unilateralismo, el combate contra el narcotráfico y el terrorismo internacional. El gobierno demócrata la aplica con ciertos matices y suma la doctrina Obama, versión moderna de la enmienda Platt: lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para América Latina. Ello supone el retorno de la política del garrote y la zanahoria. Y si en los 60 del siglo XX los enemigos a derrotar fueron la revolución cubana y el “castrismo”, hoy es “el chavismo” y sus aliados. Cualquier golpe de Estado con este enunciado será bienvenido, aunque formalmente se le condene al infierno.

http://www.jornada.unam.mx/2009/07/25/index.php?section=opinion&article=018a1mun


Revoca la comunidad de Paso de la Reina permiso para realizar estudios de prospectiva

Ejidatarios de Oaxaca se alistan para luchar contra presa de CFE

El proyecto abarca 3 mil 100 hectáreas y requerirá una inversión de 600 mdd; pone en peligro

patrimonio natural y cultural, advierten activistas

Señalan que el gobierno ignora a pobladores

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Filogonio Martínez Merino presidente del comisariado de bienes ejidales de Paso de la Reina, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, advirtió que las comunidades indígenas de la región retiraron su aval para que la Comisión Federal de Electricidad construya una presa y exigieron frenar los trabajos de planeaciónFoto Octavio Vélez
Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal

Oaxaca, Oax., 27 de julio. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras dependencias ignoraron la oposición de varias comunidades indígenas y mantienen el proyecto de construir una presa en tierras ejidales que atraviesa el río Verde, aun cuando los afectados exigen cancelar la obra y ya se movilizan para detener los trabajos preparatorias.

Los ejidatarios de Paso de la Reina, municipio de Santiago Jamiltepec, en la región de la costa, revocaron a la paraestatal un permiso para efectuar estudios de campo, y junto con las demás comunidades opositoras al proyecto, agrupadas en el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), exigieron cancelar las tareas de prospectiva.

En conferencia de prensa acompañado de Juan Gómez Gómez, miembro del Copudever en Tataltepec de Valdés, el presidente del comisariado de bienes ejidales de Paso de la Reina, Filogonio Martínez Merino, dijo que desde el martes pasado, en asamblea general, los ejidatarios cancelaron la autorización que el 27 de junio de 2007 otorgaron por escrito a la CFE y otras dependencias.

Con este permiso y otro otorgado verbalmente en agosto de 2008, la paraestatal hacía estudios de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina, en el río Verde.

Según Martínez Merino, la obra implica una inversión de 600 millones de dólares y abarca 3 mil 100 hectáreas donde se asientan pueblos chatinos, mixtecos, zapotecos y afromestizos.

En la asamblea regional efectuada el 23 de noviembre de 2008, recordó, los pueblos de Santiago Ixtayutla, Santiago Jamiltepec, Santa Cruz Zenzontepec, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec y San Pedro Tututepec rechazaron la construcción de la presa por considerar que atenta contra su patrimonio cultural y natural.

Esta decisión se dio a conocer a la CFE y al presidente Felipe Calderón, pero no ha sido respetada y desde mediados de junio personal de la paraestatal e investigadores de los institutos Politécnico Nacional (IPN) y Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) han ido al ejido Paso de la Reina a proseguir con los estudios previos y de impacto ambiental.

Ante la postura de la CFE, ejidatarios y pobladores de Paso de la Reina instalaron el 11 de julio un campamento en el paraje El Zanate, para impedir el paso a los investigadores y cuadrillas de trabajadores.

El comisario de bienes ejidales responsabilizó a la CFE de cualquier confrontación que pidiera ocurrir y aseguró que el priísta Antonio Iglesia Arreola, diputado federal electo y ex presidente municipal de Santiago Jamiltepec, respalda el proyecto.

Esta persona cree que ganar las elecciones es un respaldo a la presa, y como propietario de una gran extensión de terreno espera ser indemnizado, pero se equivoca, pues muchos de sus votantes rechazan el proyecto hidroeléctrico, advirtió Martínez Merino.

A su vez, Juan Gómez Gómez, representante de los ejidatarios agrupados en el Copudever, demandó a las autoridades respetar el derecho ejidal y la decisión libre e informada de los pueblos indígenas, como lo prevén los convenios internacionales suscritos y ratificados por el gobierno mexicano.


El general Romeo Vásquez aclara que sólo reconoce a Micheletti como presidente hondureño

Zelaya y golpistas mantienen sus posiciones, a un mes del golpe

Aplaza el Congreso la discusión sobre la eventual amnistía que plantea Óscar Arias

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Simpatizantes de Manuel Zelaya en Tegucigalpa exigen con bloqueos y protestas el retorno al país del presidente constitucionalFoto Reuters
Arturo Cano
Enviado

Tegucigalpa, 27 de julio. Hace un mes, la noche del 27 de junio, el presidente José Manuel Zelaya Rosales ofreció una cena a diplomáticos acreditados en Honduras y a observadores internacionales. Al día siguiente, muy de mañana, se realizaría una encuesta para preguntar a los hondureños si estaban de acuerdo en la instalación de una cuarta urna en las elecciones de noviembre. En esa cuarta urna los hondureños depositarían su respuesta a una pregunta: si estaban o no de acuerdo con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Aquella noche, luego de la cena, Zelaya se reunió con algunos de sus colaboradores en el proyecto de la cuarta urna. Tomaron té de manzanilla. Entre los renuidos se encontraban el diputado César Ham, el ministro Enrique Flores Lanza, el embajador Carlos Reyna y el defensor de los derechos humanos Andrés Pavón, entre otros. Alguno de ellos le volvió a insistir en las versiones de que el Congreso y la Corte Suprema preparaban un golpe en su contra: No te preocupés, todo está bajo control.

Algunos de sus colaboradores llevaban semanas alertando al presidente sobre las posibilidades de un golpe de Estado. Andrés Pavón se lo dijo la mañana del 27 de junio y Zelaya se echó a reír: No caigas en rumores, ¡ya ganamos!

Pavón recibió una llamada a las 5:25 del día siguiente. Le dijeron que había disparos en la casa del presidente. Todavía trató de llamarle por teléfono, pero a esa hora Zelaya era sacado en piyama, subido a un avión y echado del país.

El comienzo de negociaciones y jugarretas

Así arrancó la crisis que provocó la condena internacional y unánime al golpe de Estado, el inicio de un juego continental de negociaciones y jugarretas, la exclusión de Honduras de la Organización de Estados Americanos y un mes de marchas y contramarchas en todo el territorio hondureño.

Es seguro, como dicen los zelayistas, que los autores del golpe erraron sus cálculos sobre la reacción internacional. Pero también que ellos subestimaron su propia capacidad de resistencia, porque en los primeros días tras el golpe los dirigentes del Frente Nacional de Resistencia veían difícil aguantar dos semanas. Quizás ese sea su único punto de acuerdo con los golpistas: También equivocaron su cálculo en el frente interno, porque creyeron que al primer tiro todo mundo iba a salir corriendo, dice Pavón.

Aunque ha habido muchas corretizas, y al menos dos muertos, los seguidores del presidente Zelaya siguen en las calles a un mes del golpe de Estado. Hoy, mientras el presidente permanece en Ocotal, Nicaragua, a 25 kilómetros de la línea fronteriza, sus seguidores bloquean dos avenidas importantes de la capital y mantienen plantones de defensa frente a la embajada de Venezuela y Radio Globo.

Del otro lado, el gobierno de facto arrecia la campaña de lodo: alega, luego del decomiso de una libreta al hijo de Carlos Arturo Reyna, cercano colaborador de Zelaya, que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia financian a la resistencia hondureña.

Reyna, desde Ocotal, donde acompaña a Zelaya, rechaza la versión y exige que el presidente de facto, Roberto Micheletti, diga de dónde saca el dinero para pagar 500 lempiras (unos 370 pesos) a cada uno de los asistentes a las marchas blancas.

En ese mismo lugar, Reyna anuncia que gestionan ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las autoridades nicaragüenses, que sus seguidores reciban el estatuto de refugiados, dado que huyen de la represión en Honduras.

A unos kilómetros de ahí, Romeo Vásquez, jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas de Honduras, visita el lugar donde Zelaya pisara brevemente suelo hondureño el pasado viernes.

El general Vásquez dedica parte de su día a autoenmendarse, luego de que el fin de semana las fuerzas armadas emitieran un comunicado en el que expresan su respaldo a un proceso de negociación en el contexto del Acuerdo de San José. Dicho acuerdo implica la restitución de Zelaya en la presidencia, la amnistía por los delitos políticos cometidos alrededor del golpe de Estado, la formación de un gabinete de composición y la renuncia del presidente constitucional a cualquier intento de promover una Constituyente, entre otros puntos.

Pero hoy Romeo Vásquez dice que no reconoce otro presidente que Micheletti.

Por otro lado, la sesión está convocada a las dos de la tarde pero arranca después de las cuatro. La asistencia es pobre, apenas poco más de la mitad de los 128 diputados que conforman el unicamaral Congreso hondureño.

La diputada Lorena Herrera ordena distribuir un poema cursi, de un mexicano llamado Emilio Santamaría, titulado Yo te quiero mi Honduras como eres.

La lectura de la correspondencia recibida por el Congreso en los últimos días es tediosa y larga, tomando en cuenta que los diputados sólo se han reunido desde el golpe para aprobar el presupuesto. Están aquí los legisladores que aceptaron la renuncia del presidente Zelaya, contenida en una carta supuestamente firmada por él, de la que los golpistas no han vuelto a hablar. Está también el diputado Wenceslao Lara, quien en la salida de Zelaya ve incluso la posibilidad de que la selección hondureña clasifique al Mundial de Futbol de Sudáfrica.

Antes de pasar al punto importante, los diputados deciden guardar un minuto de silencio, no por los muertos debido al conflicto político en curso, sino por un constituyente de 1981 y la madre de otro legislador. El minuto no es estrictamente en silencio, porque las bocinas del Congreso, resguardado aún por militares, tocan la Marcha Fúnebre, en una grabación cascada que hace más lúgubre el momento.

Finalmente, deciden dar lectura al documento presentado por el presidente costarricense Óscar Arias y ya conocido como Acuerdo de San José. Al llegar al punto de la amnistía, el diputado Lara se levanta de su asiento y alza una pancarta con la foto de Enrique Flores Lanza, ministro de Zelaya, tras unas rejas dibujadas: Amnistía jamás. El diputado pertenece al Partido Liberal (PL), pero la mayor cantidad de aplausos la recibe de los legisladores del Partido Nacional (PN). Las bancadas de ambos partidos constituyen 90 por ciento del Congreso.

El Congreso aplaza su decisión sobre la eventual amnistía, al igual que la Corte Suprema y el Ministerio Público en las partes que les corresponden. Nadie lleva prisa.

Es pronunciarse por algo que no sabemos si vale la pena, porque el presidente Zelaya ya ha manifestado que no le interesa la amnistía, dice Rodolfo Irías, coordinador de los diputados del PN.

Aunque Irías afirma que su partido no ha fijado una posición sobre el tema, adelanta que la mayoría de los integrantes de su bancada están por no favorecer la impunidad bajo ninguna circunstancia.

Aunque la propuesta de Arias se refiere a los delitos políticos cometidos antes, durante y después del golpe por todos los actores involucrados, los congresistas sólo se refieren a Zelaya y sus ministros. No tiene caso, Zelaya le tiró una lápida a esto, remata Irías.

El liberal José Alfredo Saavedra, presidente del Congreso, informa al término de la sesión que una comisión de siete integrantes elaborará un dictamen que será presentado al pleno: Nuestra obligación es someterlo inmediatamente.

San José o la confrontación

Hay que seguir perseverando porque no hay otra salida, la otra es la confrontación, y la confrontación, gane el bando que gane, deja un país dividido, ha dicho el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en declaraciones ampliamente difundidas aquí.

Insulza asiste este miércoles a la cumbre de presidentes de Centroamérica, Colombia y México que se realizará en Costa Rica, con la asistencia confirmada de los presidentes de México, Colombia, El Salvador, Panamá y Guatemala.

José Manuel Zelaya ha sido invitado pero no ha confirmado su asistencia, como tampoco lo ha hecho su anfitrión Daniel Ortega.

Se espera que la 11 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, nombre formal de dicha reunión, tenga como tema central la crisis hondureña. Tras la cita, el presidente Felipe Calderón realizará una visita oficial a Costa Rica.

En tanto, los seguidores de Zelaya siguen llegando a través de cerros y veredas al encuentro con él, y el gobierno de facto mantiene el toque de queda nocturno, que extiende por sexta vez consecutiva en la región fronteriza con Nicaragua. Así, conmemora su llegada al poder con un estado de excepción de 90 horas continuas. Así, con tres mil soldados y policías en la región fronteriza, según las cuentas de los zelayistas. Y con su canciller, Carlos López Contreras, seguro de que el próximo gobierno, que surgirá de las elecciones de noviembre, será reconocido país por país. En una entrevista para la agencia AP, López dice que muchos países mantuvieron relaciones con Cuba cuando fue expulsada de la OEA: Sólo que no tenemos que esperar 50 años, solamente vamos a estar seis meses.


Documentan observadores múltiples atropellos a garantías fundamentales en Honduras

México debe impulsar en la ONU resolución contra los golpistas: grupos pro derechos

Activistas también demandan la intervención de la Corte Penal Internacional

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Simpatizantes del presidente constitucional hondureño, Manuel Zelaya, preparan comida para los integrantes de la resistencia en la comunidad fronteriza de El ParaísoFoto Ap
Rosa Elvira Vargas

En Honduras se corre el riesgo de una guerra civil, y ésta será responsabilidad exclusiva del gobierno de facto de Roberto Micheletti. Hoy hace un mes existe en esa nación una cotidiana y gravísima violación a los derechos humanos, la cual se inició con el allanamiento a la casa, arresto y posterior expulsión del país del presidente constitucional Manuel Zelaya, pasando por el ilegal toque de queda, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, el cercenamiento de la libertad de expresión, las restricciones a la libertad de circulación y una clara persecución, especialmente contra dirigentes políticos y sindicales, defensores de las garantías básicas, líderes sociales, periodistas y extranjeros. Todo ello instrumentado por quienes perpetraron en esa nación un golpe de Estado cívico-militar.

Una misión internacional conformada por observadores de 15 organizaciones y redes de derechos humanos visitó Honduras entre el 17 y el 24 de julio y documentó los atropellos a las garantías individuales, frente a lo cual la población se encuentra totalmente desprotegida ante la respuesta inadecuada de las instituciones responsables de velar por el respeto a las garantías fundamentales de los hondureños.

Ante tal estado de cosas, que tiende a agravarse, Luis Guillermo Pérez, de Iniciativa Copenhague para Centroamérica y México, y Efraín Olivera, de Plataforma Interamericana de Derechos Humanos y Desarrollo, recién llegados de aquel país, expusieron que las acciones efectuadas por los golpistas acreditan delitos que harían válida la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).

Solicitaron a México, como integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), que impulse una resolución del organismo contra el golpe de Estado y adopte medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional en Honduras.

Dichas acciones, más la presión y acciones de otros países e instancias como la Unión Europea, son fundamentales para conseguir que Zelaya retorne a Honduras y concluya su mandato, porque la única solución es respetar el contrato social (las elecciones), más allá de si nos gusta o no la persona.

Ello, indicaron, porque resulta inconcebible que a estas alturas se piense que un golpe de Estado puede tener cabida. No puede aceptarse que por esa vía se deponga a un gobierno, porque esto representa anular las conquistas de la ciudadanía y de la democracia en América Latina.

Mil 500 detenidos

Esta misión, que decidió constituirse como el Observatorio de Derechos Humanos en Honduras, documentó durante su estancia en esa nación la muerte de seis personas. Todas, según diversas fuentes, en hechos vinculados con el golpe de Estado (a los que debe añadirse el asesinato del joven Pedro Magdiel Muñoz), dos víctimas de desaparición forzada, cerca de mil 500 detenciones por infracciones al toque de queda y un aumento significativo de arrestos de ciudadanos extranjeros, particularmente nicaragüenses, en abierta actitud xenófoba.

Alertaron sobre la espantosa polarización social que fomenta el gobierno de facto, sobre el cual ejerce total control Roberto Micheletti, lo cual llevó a ambos defensores de los derechos humanos a concluir que si en Honduras hay un baño de sangre será responsabilidad de Micheletti y no de Zelaya.

También demandaron la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional para que se permita el paso de víveres a los lugares que han quedado aislados por los retenes del ejército. Anunciaron que para los días 23 y 24 de agosto invitarán a destacados jueces y expertos en derecho internacional a Honduras, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, para discutir desde ese ámbito los hechos ocurridos en el país centroamericano.

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