Marcador en Acteal-Hernández
Se erige en tribunal de legalidad y otorga amparo a 26; de ellos, 20 saldrán de la cárcel
La PGR, los jueces y magistrados en su momento les fabricaron pruebas y testimonios, determina
En una sesión histórica de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por primera vez desde la reforma al sistema de justicia penal de 2005 se erigió como tribunal de legalidad y no sólo de constitucionalidad –al revisar todos los detalles y pruebas de un proceso–, cuatro ministros ampararon ayer a 26 indígenas chiapanecos y ordenaron la libertad inmediata de 20 de ellos que fueron sentenciados por la matanza de 45 tzotziles en Acteal, Chiapas, ocurrida en diciembre de 1997.
Por cuatro votos contra uno, la primera sala (integrada por cinco ministros) resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR), junto con los jueces y magistrados que en su momento sentenciaron a estos indígenas, violaron gravemente las garantías procesales de éstos, pues les fabricaron pruebas y testimonios.
En los próximos días por lo menos otros 30 implicados en esos hechos pueden verse beneficiados con una resolución de amparo similar a las anteriores, la cual, sin embargo, no implica un reconocimiento de inocencia.
No puede entenderse que este tribunal está absolviendo culpables. La sala únicamente está negando valor a actuaciones contrarias al orden constitucional, pues de las constancias que obran en la causa penal no es posible afirmar que jurídicamente haya culpables
, destacó el ministro José Ramón Cossío, al explicar los argumentos por los que decidió amparar a los quejosos.
“Aquí sólo se está determinando que a los quejosos no se les siguió un debido proceso, lo cual no equivale en absoluto a un pronunciamiento sobre si, de facto, son o no inocentes”, agregó.
La sesión se desarrolló con la presencia de abogados y estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) –quienes en dos años redactaron las demandas de amparo de 45 indígenas presos–, pero con la ausencia de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Acteal, a quienes elementos de la Policía Federal les impidieron el acceso al recinto judicial.
Tras una hora de deliberaciones, la Corte otorgó en total cuatro paquetes de amparos a 26 indígenas sentenciados, de los cuales 20 fueron de manera lisa y llana
–pues los ministros desecharon en definitiva todas las pruebas que los inculpaban–, lo que significa que a más tardar en 24 horas deberán ser excarcelados.
Otros seis tzotziles recibieron amparos para efectos
de reposición de procedimiento, lo que implica que un tribunal unitario de circuito volverá a emitir en breve una sentencia, pero sin tomar en cuenta las pruebas que ayer fueron desechadas, sino únicamente valiéndose de otros elementos probatorios que no fueron desahogados con antelación.
La primera sala también rechazó un proyecto de sentencia del ministro Sergio Valls, quien se pronunció por negar el amparo a 31 acusados, con el argumento de que el material probatorio que obra en la causa resulta, si no vasto, por lo menos sí suficiente para demostrar tanto la existencia de los delitos en estudio como la responsabilidad penal de los quejosos
.
Otro ministro presentará en los próximos días un nuevo proyecto que sustituya al de Valls, en el que se otorgue la protección de la justicia a 31 quejosos, aunque falta saber si también será liso y llano
o para algún efecto
.
Los ministros Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza, Jesús Gudiño Pelayo y Ramón Cossío se opusieron a la postura de Valls. Cossío, durante su alocución, pareció responder a la organización civil Las Abejas, que en días pasados responsabilizó –entre otros– a los ministros de la Corte y al historiador Héctor Aguilar Camín (que se ha erigido en una especie de vocero de los acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997) de cualquier rebrote de violencia en Chiapas derivado del otorgamiento de estos amparos.
Las consecuencias que deriven (de esta resolución) no pueden ser imputadas a esta Corte, sino a las autoridades que tienen competencia para la persecución e investigación de los delitos
, y que están encargadas de preservar la paz social en el país, expuso Cossío.
En su oportunidad, la ministra Sánchez Cordero puntualizó que respecto a los amparos de cuatro de los acusados, cuyo caso ella revisó, el juez federal que los sujetó a proceso agregó a la causa penal, de manera ilícita, los delitos de portación de armas de fuego, por los que originalmente la PGR no había ejercido acción penal, pues sólo pidió su aprehensión por homicidio calificado, lesiones graves y asociación delictuosa.
La ministra dijo que la fiscalía federal usó como prueba para acusar a los indígenas detenidos el listado de personas que elaboró un testigo de nombre Agustín Arias, quien al día siguiente de la matanza exhibió la lista (con nombres y apellidos de los responsables), pese a que no hablaba castellano, y luego declaró ante el juez de la causa que esa lista se la dieron los judiciales
.
En contraste, Sergio Valls sostuvo que la lista y el álbum fotográfico no fueron tomados en cuenta como pruebas torales dentro del proceso, sino como elementos indiciarios, por lo que no procedía otorgarles el amparo.
Se dice en los proyectos mencionados que no debe tener valor probatorio la lista de culpables que exhibió Agustín Díaz, porque éste dijo ante el juez que esa lista se la habían dado los judiciales, sin embargo, esto lo afirmó el testigo siete años después
, destacó Valls, pero ningún otro ministro se adhirió a su postura.
La respuesta a Valls la dio el único ministro con experiencia como juez penal, Juan Silva Meza: No hay peor injusticia que tratar de enmendarla cometiendo otra. Acteal es buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir los delitos: sus acciones deben respetar siempre el régimen constitucional y los derechos humanos (...) Debemos reafirmar nuestro compromiso con la presunción de inocencia, con el derecho a la reparación del daño, con el esclarecimiento de la verdad
.
Desde el inicio de las pesquisas, la PGR acusó a un centenar de indígenas por la matanza de 45 miembros de Las Abejas, entre ellos cuatro mujeres embarazadas y 15 niños. A partir del 23 de diciembre de 2007, y en días posteriores, se detuvo a 86 indígenas, quienes tras varios años de proceso recibieron condenas de entre 20 y 40 años de cárcel.
En su momento también fueron procesados siete elementos de Seguridad Pública estatal y un militar, acusados del traslado de las armas utilizadas durante la matanza. Estas personas, identificadas como paramilitares y que ya fueron sentenciadas, no forman parte de los quejosos que ayer obtuvieron amparos.
Después de ocurridos los hechos de Acteal, el entonces titular de la PGR, Jorge Madrazo Cuéllar, designó una fiscalía especial a cargo de Efrén González Pola, que un año después de la matanza presentó un Libro Blanco sobre la hipótesis oficial del caso.
En esa conclusión, la PGR sostuvo que la masacre fue resultado de un largo conflicto entre un grupo de indígenas que aparentemente simpatizaban con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y otro que apoyaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que en los meses previos a los 45 asesinatos en Acteal había provocado, en hechos diversos, al menos 23 homicidios, la mayoría de presuntos paramilitares priístas.
Se consumó la liberación de los victimarios; en México todo favorece a la impunidad, lamentan
Los ministros decidieron apoyar a los criminales; no existe la justicia, dicen fuera del tribunal
Indignación
, fue la primera palabra con la que sobrevivientes de la matanza de Acteal describieron sus sentimientos tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a los responsables de ese crimen de lesa humanidad
.
La desesperanza
y el miedo
siguieron en el orden de las sensaciones de los integrantes de la organización civil Las Abejas que se apersonaron frente a la sede del máximo tribunal para demandar ¡justicia!
por el crimen del 22 de diciembre de 1997.
El primero en recibir la noticia fue Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de Las Abejas. Aunque como líder trató de guardar el temple, la leve sonrisa que mantuvo durante la mañana desapareció y de inmediato dio a conocer el fallo a sus compañeros.
Habló en tzotzil, con la mirada dispersa y la voz entrecortada. Quienes escuchaban, pero no hablan ni comprenden esa lengua originaria, no tardaron en adivinar la resolución de los ministros. La reacción de las mujeres, por cuyos ojos y mejillas se asomaron hilos de lágrimas, representó esa señal: se había consumado la liberación de los victimarios.
Por varios minutos mantuvieron sus miradas perdidas, frías, desconcertadas; los ministros decidieron apoyar a los criminales
, sentenciaron.
Estamos muy indignados, todo lo que pasa en nuestro país está muy claro: en México no existe la justicia ni la democracia, aquí todo favorece la impunidad
, señaló Pérez Vázquez.
Entrevistado tras conocer la resolución, responsabilizó a los ministros de la primera sala de cualquier nuevo ataque que pueda sufrir su comunidad. Acteal representa un crimen de Estado
que no ha hallado justicia, agregó. Dijo que los responsables intelectuales fueron el ex presidente Ernesto Zedillo, los ex secretarios de Gobernación Emilio Chuayffet y de la Defensa Nacional Enrique Cervantes, y otros actores de los gobiernos federal y estatal.
El tzotzil recordó que Las Abejas son una agrupación pacifista, por lo que no buscarán venganza por el asesinato de 45 indígenas –en su mayoría mujeres y niños–, pero sí continuarán exigiendo justicia.
Por su parte, Diego Cárdenas, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), quien ha acompañado por años en la lucha por la justicia a Las Abejas, informó que de inmediato se tramitarán medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida de los tzotziles de aquella comunidad.
Es una resolución que veíamos venir. Pero las violaciones a que hacen referencia los ministros tienen que ver más con la forma y no con el fondo, no hay ningún pronunciamiento que indique que ellos (los liberados) son inocentes, simplemente que hay deficiencias en la integración de la averiguación previa y en la valoración de las pruebas por parte de jueces y magistrados que conocieron el caso
.
El activista consideró que ni los abogados del CIDE –quienes llevaron la defensa de los paramilitares– ni los ministros –que ordenaron su libertad– conocen el lugar de la matanza, ni los rostros y palabra de los sobrevivientes. Lo único que conocen son los expedientes
.
Testimonios
El 22 de diciembre de 1997, Elena Pérez tenía casi 19 años; en la matanza fueron asesinados su padre, su hermano y hermana mayores, su cuñada y sus tres hermanitos. Ayer, al escuchar la resolución de la SCJN no pudo contener el llanto. Ellos son los verdaderos responsables del crimen de Acteal. Los sobrevivientes nunca lo vamos a callar, lloramos sí, por el dolor de no encontrar justicia, pero la vamos a seguir exigiendo porque lo que aceptó la Corte son puras mentiras
, sostuvo en su lengua natal.
Lloramos porque mañana o pasado que lleguen a las comunidades, ¿qué podemos esperar? Sabemos que ahí tienen guardadas sus armas. Si nos quieren matar, ni modo, vamos a volver a Acteal. Sólo confiamos en Dios y si nos permite vivir nuevamente, sólo él dirá
.
En los hechos de Acteal, María Vázquez perdió a nueve integrantes de su familia. Ahora, a casi 12 años y tras conocer el fallo, sostuvo que el gobierno y la SCJN favorecen los intereses de los asesinos. Nosotros somos los verdaderos testigos y podemos decir que ellos no son inocentes
.
Demandó al máximo tribunal y a las autoridades federales que si liberan a los presos resuciten a los muertos
. Y ante el temor por la seguridad de Las Abejas, solicitó a la comunidad nacional e internacional que no nos abandonen, que se solidaricen; solicitamos la presencia de defensores de derechos humanos para que nos acompañen como observadores y sean testigos de lo que pasará allá cuando se libere a los presos
.
Ni uno de los que piden amparo por el caso Acteal es inocente, dicen ONG a la Corte
Foto: Prensa Indígena
Opinan que los testimonios de sobrevivientes demuestran la responsabilidad de los presos
Alfredo Méndez y Emir Olivares, La Jornada
En la víspera de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delibere sobre cuatro amparos colectivos que solicitó un grupo de 41 indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal, organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes de esa masacre subrayaron que ninguno de los presos que hoy claman justicia es inocente.
En conferencia de prensa, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), la organización indígena Las Abejas y el tzotzil Mariano Luna, sobreviviente de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997, lanzaron un “llamado de urgencia” a los cinco ministros que integran la primera sala de la SCJN para que estudien el caso, y advirtieron que si otorgan el amparo a los presos “se desatará un nuevo éxodo de desplazados y los paramilitares arremeterán contra los sobrevivientes de la masacre”.
Por separado, organizaciones agrupadas en la Red por la Paz manifestaron su “más enérgico rechazo” a la posible puesta en libertad de los autores materiales de la masacre, y demandaron a la SCJN “considerar cuidadosamente” las consecuencias de su posible resolución, ya que se podría poner en riesgo la paz pública y social, no sólo en el municipio de Chenalhó, sino en varios ayuntamientos chiapanecos.
Durante la conferencia, Sebastián Pérez, presidente de la mesa directiva de Las Abejas, pidió a los ministros no ver el tema como un caso aislado de homicidios supuestamente ocasionados por conflictos interreligiosos o intercomunitarios, sino “como un crimen de lesa humanidad que derivó de un conflicto de paramilitares propiciado por una guerra de baja intensidad, la cual fue promovida desde los años 90 por el Estado mexicano, con un saldo de decenas de comunidades chiapanecas desplazadas”.
Por su parte, Luna expuso que la Corte “no nos puede hacer esto. Yo sobreviví a la matanza, pero mi esposa, con siete meses de embarazo, no. Al bebé se lo arrancaron de la panza. Yo dije desde el primer día que son ellos (las personas sentenciadas) los paramilitares que dispararon. Y se los vuelvo a decir: fueron ellos. No deben salir de cárcel”.
El director del Prodh, Luis Arriaga; Diego Cárdenas, del Frayba, y el líder de Las Abejas, hicieron hincapié en que los testimonios de los sobrevivientes del hecho –donde fueron asesinados 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, y hubo decenas de heridos– son suficientes para demostrar la plena responsabilidad de los presos.
Durante la conferencia fue inevitable traer a colación los argumentos planteados por los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quienes decidieron asumir la defensa de los procesados y pedir la intervención de la Corte, argumentando infinidad de violaciones al debido proceso de los sentenciados.
Cárdenas, que desde 1998 acompañó a muchos de los familiares de las víctimas cuando rindieron su declaración ante las autoridades, reconoció que, tal como ocurre hoy en las investigaciones policiacas, efectuadas en un sistema de procuración de justicia que viola garantías constitucionales, como la del debido proceso, no puede descartarse que los “paramilitares que asesinaron a 45 indígenas en Acteal” hayan sido afectados con procesos judiciales viciados de origen.
Pero aclaró que, si hubo irregularidades en la integración de la averiguación previa, las autoridades federales, desde un principio y de manera deliberada, “así lo urdieron”, con el fin de que “tarde o temprano se desbaratara el caso y los responsables quedaran impunes”.
Agregó que, en todo caso, la SCJN debe revisar las diligencias que incumplieron los requisitos de ley, verificar si es posible relaborarlas y, si no, valorar el caudal probatorio, excluyendo esas pruebas viciadas. “Lo que no pueden excluir los ministros son las testimoniales que los sobrevivientes, como testigos presenciales, han hecho. O, en todo caso, que la Corte haga su propia investigación, pues tiene facultades constitucionales para ello.”
En Ocosingo, Chiapas, en un pronunciamiento de los organismos agrupados en la Red por la Paz –entre ellos el Frayba, así como Serapaz y el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria– manifestaron su preocupación ante una posible liberación de los responsables materiales de ese “crimen de lesa humanidad”, por lo que demandaron a los ministros considerar su resolución.
Indicaron que la decisión puede derivar en una resolución “fundamentada en la exclusiva revisión de formalidades respecto de los procedimientos judiciales, sin profundizar en las consideraciones del derecho que debieran llevar a determinar la responsabilidad penal de los autores intelectuales, garantizando así que un crimen de las dimensiones del que se cometió en Acteal no quede impune”.
Agregaron que si se libra a los paramilitares, “que han sido claramente identificados y señalados por las víctimas como los asesinos materiales, se ratificaría la incapacidad del sistema judicial mexicano para impartir justicia y se estará poniendo en alto riesgo la paz pública y social” en municipios del estado donde operan grupos de corte paramilitar.
A la sesión que se efectuará hoy en la Suprema Corte asistirán sobrevivientes de la masacre y familiares de las víctimas representadas por abogados del Frayba.
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/12/index.php?section=politica&article=010n1pol
La jornada de Las Abejas inició desde temprana hora, cuando llegaron a la Suprema Corte. De inmediato colocaron carteles y mantas en demanda de justicia y por la no liberación de los paramilitares
; también fotografías de las víctimas, entre las que se veía a María Vázquez Luna, nacida en octubre de 1997 y sólo unas semanas después víctima de la masacre. Al saberse el fallo dos pequeñas sostuvieron un nuevo cartel: Suprema Corte de Injusticia liberó a los asesinos
.
Cacería por las calles del centro... las estaciones de policía, repletas; hay 20 heridos: Codadeh
Micheletti sostiene que pequeños grupos de oposición
son financiados desde el exterior e invita a denunciar a extranjeros sospechosos
Represión a manifestantes en San Pedro Sula
Tegucigalpa, 12 de agosto. Alba Leticia Ochoa, 52 años, ingeniera agrónoma con estudios de posgrado en Costa Rica, camina altiva en medio de tres cobras: ¡Me llevan porque no ando con (cédula de) identidad!
, grita. Uno de los cobras –policías antimotines con uniformes camuflados, los más duros– intenta empujarla: ¡Voy caminando!
, se impone Alba Leticia, antes de traspasar la valla de militares que resguarda la sede del Congreso Nacional.
Adentro se la cobran. Frente a una pared, unas 15 personas están tiradas en el piso, sin camisas y sin zapatos, varios de ellos con lesiones por los macanazos recibidos (aunque, en rigor, los soldados no portan macanas, sino tubos. Dos policías quieren obligar a Alba Leticia a echarse al piso, al lado de los otros detenidos. Ella se resiste. Un policía le tira un golpe. Entra al quite una mujer de uniforme. Alba Leticia se desgarra a gritos. Un oficial hace una seña y los soldados de la primera fila alzan sus escudos para que fotógrafos y camarógrafos no capturen la golpiza.
La escena se repite una y otra vez, desde la una de la tarde, hora en que comienza la cacería por todas las calles del centro. Llegan más detenidos, algunos con huellas visibles de los golpes. Reciben el mismo trato. Me llevan nada más porque ellos quieren
, dice un hombre. Semidesnudos, los tienden en el suelo, a los pies del salón de sesiones, donde el pasado 28 de junio los diputados hicieron presidente a Roberto Micheletti, tras aceptar una supuesta renuncia de Manuel Zelaya.
Como si fuera función de circo
Policías y empleados del Congreso se acercan a los detenidos para mirarlos, como bichos raros. Desde los ventanales de arriba, otros empleados parecen asistir a una función de circo. Los soldados alzan una y otra vez sus escudos, en un intento de que no haya testimonios gráficos.
A pesar de que el Congreso es una muralla verde, la gente se acerca poco a poco. Un hombre suplica: Llévenlos, pero no los golpeen!
Mabel Carolina López, cuya hermana está ahí, tendida en el piso, deja los pulmones en su reclamo: “¡Mi hermana es maestra de Choluteca y está golpeada, le dieron de toletazos! ¡Tienen que venir los cascos azules, nos están matando, ya no soportamos esto!” Los soldados ni se inmutan.
Un nuevo contingente de soldados llega desde una calle aledaña: ¡Fuera! ¡Circulen!
¡Prensa internacional!
, dice una voz. ¡Largo de aquí!
, vocifera el valiente capitán, mientras reparte golpes con un fuete.
Mabel Carolina se va con un grito: ¡Ya van a ver cuando venga (Hugo) Chávez, desgraciados!
Los consejeros
A unos pasos de donde yacen los zelayistas, y algunos ciudadanos que sólo pasaban por el centro de la ciudad, está la oficina del teniente coronel retirado Eric O’Connor Bain, jefe de seguridad del Congreso y primo del presidente de facto Roberto Micheletti Bain. Para entrar a las sesiones públicas del Congreso es preciso pasar por una entrevista con él, y dejar con sus asistentes copias de pasaporte y credenciales de prensa. ¿Y por qué le interesa Honduras?
, suelta, muy amigable, la pregunta de apertura de su interrogatorio.
En los sesenta, el entonces subteniente O’Connor Bain, hijo de mexicano-irlandés, estuvo en dos oportunidades en la Escuela de las Américas, en cursos de tácticas
y armas de infantería
. Ya en los últimos años, cuenta un viceministro de Zelaya, O’Connor es el filtro para acercarse a su primo, presidente del Congreso hasta el pasado 28 de junio. El mismo funcionario asegura que O’Connor llevó a un personaje célebre, el capitán Billy Joya, a trabajar en la campaña de Roberto Micheletti, cuando el ahora presidente de facto buscó la candidatura presidencial del Partido Liberal (y quedó en tercer lugar).
Las calles de esta ciudad están llenas de pintas que rezan: Billy Joya asesino, el pueblo no olvida
. Joya fue pieza clave del Batallón 3-16, que en los años ochenta torturó, desapareció y asesinó a centenares de hondureños. En los primeros días posteriores al golpe apareció en la televisión, en calidad de analista político
, para explicar que el malévolo plan de Manuel Zelaya se remontaba a líneas trazadas por el diario Pravda y por Salvador Allende.
Luego, dio una entrevista a Ginger Thompson, del New York Times, en la que aseguró que nunca le probaron nada, además de declararse orgulloso de haber formado parte de una política cuyo lema era: El mejor comunista es el comunista muerto
.
Esos son los personajes que ayudan a Micheletti a cumplir la promesa que hiciera el pasado 31 de julio: Vamos a poner orden en este país
.
La marcha del día comienza en la Universidad Pedagógica, donde ayer los disturbios terminaron con un autobús y un restaurante en llamas.
Unos diez mil manifestantes avanzan en calma los cuatro o cinco kilómetros que los separan del centro de la ciudad. Al grito de ¡Si buscas un ladrón, en el Congreso hay un montón!
, la vanguardia de la marcha se desvía al Congreso Nacional, a una cuadra del Parque Central, custodiado por los militares que según el gobierno están en sus cuarteles.
Distraído o temerario, el democristiano Ramón Velásquez, vicepresidente del Congreso, sale en ese preciso momento. Los manifestantes lo reconocen. ¡Golpista!
, le gritan. Algunos le arrojan agua. Un hombretón de plano se le va encima y lo derriba. Otros manifestantes lo protegen. Es la orden de arranque.
Policías y soldados rompen filas. El grueso de la marcha no se da por enterada. Lo que es primero un enfrentamiento de gases lacrimógenos contra piedras se convierte pronto en una cacería. Policías y soldados avanzan por las calles para cercar y separar a los marchistas. Los comercios cierran sus puertas. Un helicóptero no deja de tronar sobre las cabezas. Uno de los primeros en caer, víctima de tremenda golpiza según testigos, es el diputado Marvin Ponce, de Unificación Democrática.
El cable de Notimex dirá horas más tarde que los zelayistas intentaron entrar por la fuerza
al Congreso, aunque ni lo pretendieron ni podrían haberlo logrado.
Durante cerca de dos horas los policías van de un lado a otro, cercando a los marchistas y deteniendo a los que se desvalagan. Las estaciones de policía se llenan de presos. Algunos grupos de jóvenes no dejan de lanzar piedras contra las fuerzas del orden, pero también contra edificios y automóviles.
–Me preocupa usted, porque no puede correr– le dice un hombre a una anciana.
–Por eso me gusta andar sola, para que nadie se preocupe– responde la mujer, en la suma de absurdos en medio de la batalla.
Los rezos
¡Agua, agua!
, dice un hombre que, muy tranquilo, reparte bolsas del líquido sin ocuparse del gas lanzado a tres metros de sus pies. Un contingente de soldados avanza: todos pertrechados con tubos, escudos y un M-16. Pero uno de ellos carga un extintor… y un palo de escoba.
Cada tanto, personas vuelven a reunirse frente al Congreso. Y cada tanto policías y soldados los desalojan blandiendo sus toletes. Un policía hace el ademán de golpear a unos muchachitos de secundaria con todo y sus unifomes: “¡Estudien para que no sean chepos!” (lo mismo policías que soldados son llamados así).
Los militares con rango miran la escena desde arriba, como quien dirige una batalla contra un peligroso enemigo de la patria. Lentes negros, brazos cruzados, barbilla alzada, y un brazo que indica dónde o a quién tundir.
Las sirenas de las ambulancias completan el panorama. Los heridos con suerte son sacados en camillas. Un taxista que trabaja en la zona observa que los detenidos del Congreso son sacados y subidos a un camión del ejército. Sigue al camión y luego se va a Radio Globo, donde cuenta: Eran 33, los sacaron por el portón de abajo y los llevaron al Fuerte General Cabañas
.
Corre de una calle a otra la profesora Hedmé Castro, y señala los edificios aledaños desde donde, dice, lanzan el gas lacrimógeno.
El hombre de los bigotes está entregado, indefenso. Su pecado: llevar un sombrero como el que usa el presidente Manuel Zelaya. El policía que lo lleva asido de la camisa lo zarandea, otro le quita la mochila y la estrella en el suelo. Lo avientan al centro de un grupo de cobras. Llueven los toletazos. Los manifestantes que se atreven todavía a andar por ahí gritan: ¡Déjenlo, déjenlo, ya no le peguen!
A la misma hora, policías y soldados toman control de la Universidad Pedagógica donde, según un informe oficial, detienen a 95 personas. El objetivo es que los marchistas venidos de otros lugares del país no tengan donde dormir.
Poco antes de que llegue la marcha, la diputada María Eugenia Landa ha exigido una reunión de emergencia para tomar medidas inmediatas para rescatar a nuestra ciudad del vandalismo
. La diputada se lamenta: Me indigna la manera como han dañado el ornato de la capital. Por doquier hallamos letreros que desmoralizan y ya es hora de que depongamos esa violencia
.
Le hacen caso de inmediato, aunque el resultado sea, según denuncia el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Codadeh), veinte personas con lesiones, dos de ellas totalmente deformadas por los golpes y que no se sabe si sobrevivirán
.
A las cinco de la tarde, dos horas antes de inicio del encuentro de futbol, también les tunden a los manifestantes en San Pedro Sula. Estos traidores a la patria deben entender que los hondureños no nos vamos a doblegar
, dice desde esa ciudad la diputada Silvia Ayala.
Las acciones para poner orden
habían comenzado antes. En la madrugada, pese al toque de queda, las oficinas de Vía Campesina, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebidas y la UPN son tiroteadas por desconocidos que sólo causan daños materiales.
Diez minutos antes de que comience el partido de futbol entre Honduras y Costa Rica, Roberto Micheletti aparece en cadena nacional para denunciar el hostigamiento externo
acompañado de brotes de violencia interna
. Promete que respetará los derechos humanos. Denuncia el financiamiento con dólares del exterior de pequeños grupos de oposición
e invita a la ciudadanía a denunciar a extranjeros sospechosos
. Para cerrar, pide a todos los hondureños orar porque ganemos este partido
.
Cuando cae la noche y se juega el crucial encuentro, el dramaturgo Tito Ochoa pide ayuda para encontrar a su hermana, la agrónoma Alba Leticia, pues en todas las estaciones de policía se la niegan.
En su comparecencia ante senadores reiteró que la única salida es en tribunales
extralaborales
Preocupa que la empresa recurrió a la figura de conflicto colectivo de naturaleza jurídica
En reunión con los senadores de la comisión que da seguimiento al caso Cananea, los directivos de la corporación Minera México sostuvieron que el conflicto en la mina sonorense lleva ya más de dos años y llegó hasta la terminación de relaciones laborales porque la representación sindical enarboló siempre demandas extralaborales
, centradas en el retiro de las denuncias penales y las órdenes de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia y otros miembros de su comité ejecutivo.
Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo del consorcio Minera México, así como Juan Rebolledo Gout, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la misma, y el director general jurídico, Armando Ortega, comparecieron ante los legisladores y sostuvieron que la única salida al problema está en tribunales y que se ratifique la terminación de la relación laboral con los integrantes de la sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMRM).
El presidente de la comisión senatorial, el perredista Arturo Núñez, les dijo que preocupa la figura a la que acudieron para dar por concluida la relación con los trabajadores de Cananea, que es el llamado conflicto colectivo de naturaleza jurídica, porque podría ser la vía para conculcar el derecho de huelga en México.
Tanto Rebolledo Gout –funcionario en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo– como el abogado Ortega sostuvieron que fue absolutamente legal, ya que la empresa acreditó daño a sus instalaciones, robo y vandalismo diversos, así como destrucción del equipo, luego de 11 reportes sustanciados
y una visita de inspección de la Secretaría de Economía.
La dependencia acreditó la fuerza mayor en la que ha sido colocada la concesionaria Mexicana de Cananea SA de CV
y, a partir de ello, dio por terminadas las relaciones de trabajo con el sindicato minero. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje aprobó tal decisión, mediante un laudo, el pasado 14 de abril, refirieron.
En el documento que entregaron a los senadores advierten que a partir de 2001, cuando Gómez Urrutia se convirtió en el dirigente del STMMRM, estallaron 32 huelgas en las 11 unidades de Minera México, siete movimientos huelguísticos, así como paros ilegales
en Cananea, prácticamente uno por año
.
Las razones de las huelgas, aunque variadas, tenían un sustrato que fue volviéndose explícito con el tiempo: el viejo conflicto por el 5 por ciento de las acciones de Cananea que la empresa ofreció a todos los trabajadores de todas sus empresas unilateralmente cuando adquirió la mina
.
En el documento refieren que la huelga de 2004 se levantó luego de cuatro meses, una vez que Gómez Urrutia logró que Minera México depositara ese 5 por ciento de las acciones, 55 millones de dólares netos, en un fideicomiso. Vinieron después las demandas y denuncias de terceros por esos recursos, pero no es del interés ni de la incumbencia de la empresa
Durante la última huelga, en diciembre de 2007, el sindicato exigió la cancelación de las órdenes de aprehensión contra la dirigencia, la reparación del daño moral a Napo-león Gómez Urrutia y, satisfechas ambas condicionantes, negociar los términos específicos del emplazamiento. La petición monetaria fluctuó entre 80 y 100 millones de dólares. Para la empresa lo primero es imposible, y lo segundo, inmoral e inaceptable
.
García de Quevedo sostuvo que las pérdidas por paralizar labores en Cananea son de 30 mil 500 millones de pesos, pero están dispuestos, si se confirma la terminación de relaciones laborales con el sindicato de Gómez Urrutia, a comprometer inversiones mineras y sociales muy importantes para Cananea
.
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