Informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa menciona la participación del Ejército
Estos grupos armados eran supervisados por la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza de Acteal
El Archivo Nacional de Seguridad presentó los documentos
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/21/index.php?section=politica&article=003n1pol
Nueva York, 20 de agosto. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos informó sobre el apoyo directo
del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad).
Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, informa que para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas
.
Al describir el apoyo directo
del Ejército Mexicano a grupos indígenas armados en la zona de Chiapas donde se ubica Acteal, el cable informa sobre una red clandestina de equipos de inteligencia humana
(agentes de inteligencia) formados por el Ejército a mediados de 1994, con la autorización del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos equipos tenían la tarea de infiltrar comunidades indígenas para lograr obtener información sobre simpatizantes
zapatistas.
Fueron estos equipos, agrega, quienes promovieron grupos armados antizapatistas –esto es, paramilitares–, otorgando tanto capacitación
como protección frente a las autoridades de seguridad pública y unidades castrenses en la región. El cable informa que estas actividades ya se realizaban desde diciembre de 1997, cuando ocurrió la matanza de Acteal.
Lo más importante sobre los documentos de la DIA es que contradicen directamente la historia oficial sobre la matanza relatada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo
, afirma Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive, en su presentación de los documentos que su organización obtuvo bajo las leyes de libertad de información y difundidos en su sitio de Internet. Doyle recuerda que el informe del procurador general de la República, Jorge Madrazo, en 1998, afirmaba que la PGR había documentado la existencia de grupos civiles armados en Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatista
.
El cable de la DIA también ofrece detalles nunca antes conocidos sobre el funcionamiento de los equipos de inteligencia humana
del Ejército Mexicano en otorgar este apoyo. El cable describe que estos equipos eran compuestos primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, así como por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región
.
El informe enviado a la sede de la DIA agrega que los equipos de inteligencia humana estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba cubrir comunidades por un periodo de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales pertenecientes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses
.
Para Doyle, estos documentos llevan a la conclusión de que la lógica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica –frecuentemente anunciados por la Secretaría de Defensa en declaraciones a la prensa– con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.
Doyle critica la falta de acceso y disposición del gobierno mexicano a toda la documentación sobre Acteal. Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a Estados Unidos en busca de información sobre el Ejército Mexicano y Acteal
.
Despliegue de tropas
En el segundo de los dos documentos desclasificados y presentados por el National Security Archive, se trasmite información sobre el despliegue de 5 mil elementos de tropa por parte del gobierno de Zedillo –para reforzar a los 30 mil desplegados permanentemente en Chiapas, o lo que es llamada zona de conflicto
– inmediatamente después de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.
Citando a fuentes abiertas
, esto es, a medios de comunicación, como también secretas, la oficina del agregado de Defensa de Estados Unidos en México informa a la DIA en el cable fechado 31 diciembre de 1997, que unas 2 mil tropas, más otras fuerzas, fueron desplegadas en la zona de Chenalhó para ofrecer ley y orden
en la región, así como también tareas sociales
a comunidades indígenas, en particular a las comunidades desplazadas por el grupo MIRA. Indica que integrantes de esa agrupación paramilitar han gobernado la zona por amenazas y violencia en la región de Chenalhó
. A la vez, se informa que otras unidades fueron puestas en alerta para asistir en el evento de una sublevación
.
La clave es la misión militar que tendrán ahí las fuerzas armadas, considera analista
Las que más interesan están en las áreas con presencia de las FARC y el narco, sostiene
Congresistas demócratas se quejan de que no han sido informados sobre la negociación
Nueva York, 20 de agosto. La reacción negativa de varios países latinoamericanos y algunos políticos influyentes aquí al anuncio de un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos sobre el uso de bases en el país sudamericano por parte de militares estadunidenses, ha obligado al gobierno de Barack Obama a justificar y aclarar sus intenciones una y otra vez en estos últimos días.
No tenemos la intención de establecer una base militar de Estados Unidos en Colombia
, declaró el presidente Obama la semana pasada al responder a un coro de críticas al revelarse la elaboración de un acuerdo en Colombia.
Esta semana la propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, tuvo que reiterar que el acuerdo no crea bases estadunidenses en Colombia
, sino que otorga acceso a Estados Unidos a bases colombianas, pero el comando y control, administración y seguridad serán responsabilidad de Bogotá, y toda actividad estadunidense tendrá que ser mutuamente acordada por adelantado
, explicó. Clinton insistió en que no habrá un incremento permanente significativo de la presencia militar estadunidense en Colombia
.
Aparentemente el propio Departamento de Estado no estaba confiado en que Clinton pudiera convencer a los escépticos, y programó una sesión informativa para medios con un alto funcionario del Departamento de Estado
inmediatamente después de la conferencia de prensa oficial de Clinton para atender las preguntas.
No sólo es lucha antidrogas
Pero los propios funcionarios han nutrido las preocupaciones de que esto tiene que ver con más que sólo la formalización de acuerdos ad hoc en el contexto de la lucha antidrogas que tanto repiten. Por ejemplo, la propia Clinton comentó que el acuerdo nos permitirá continuar trabajando juntos (con Colombia) para enfrentar los desafíos presentados por narcotraficantes
, pero también contra terroristas y otros grupos armados ilegales en Colombia
.
El embajador de Washington en Bogotá, William Brownfield, declaró que facilitará el trabajo contrainsurgente de las fuerzas estadunidenses en la nación andina contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El alto funcionario
del Departamento de Estado explicó a periodistas que el acuerdo es un marco para la cooperación antinarcóticos y asuntos de seguridad
, al agregar que también incluye trabajo sobre el problema terrorista
de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, e indicó que las dos bases cuyo acceso más nos interesa son precisamente las que están en el corazón de las áreas donde tenemos la mayoría de los problemas con las FARC y con el narcotráfico y el cultivo
.
Pero son justo estas afirmaciones que dibujan al enemigo
de manera tan ambigua que generan mayor preocupación, así como la necesidad e implicaciones del acuerdo para las relaciones con América Latina.
De hecho, varios legisladores influyentes del Partido Demócrata han cuestionado la iniciativa. Los veteranos senadores Patrick Leahy y Christopher Dodd, entre los más conocedores de las relaciones con América Latina, se quejaron con Clinton de que no fueron informados de la negociación del acuerdo con Colombia, y mucho menos consultados
sobre ésta. Agregaron que dada la falta de consulta, desean contar con mayor información sobre las implicaciones del acuerdo para las relaciones de Washington con otros países de la región, y expresaron su inquietud por promover esta profundización de las relaciones con Bogotá mientras no se aclaran las denuncias sobre abusos de los derechos humanos por parte de los militares colombianos, asunto que ha generado gran preocupación entre legisladores demócratas aquí, incluido Obama cuando era senador.
Las reacciones de repudio, denuncia y preocupación expresadas recientemente por varios gobiernos latinoamericanos al acuerdo confirmaron las preocupaciones de los senadores sobre el impacto de esta iniciativa en las relaciones interamericanas.
Por ello, Obama, Clinton y otros altos funcionarios también se han visto obligados a reafirmar que es un acuerdo estrictamente bilateral. No tiene que ver con otros países. Esto se trata de la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia en torno a asuntos de seguridad colombianos
, dijo Clinton. Y en un mensaje a gobiernos que han criticado la iniciativa, señaló que mejor ayúdenos en esta lucha
contra la amenaza
del narco, y no contribuyan a crear problemas al hacer y decir cosas que minan los esfuerzos de nuestros gobiernos (el suyo y el colombiano) para proteger a la región entera del azote de los narcotraficantes
.
Pero políticos y analistas conservadores en Estados Unidos parecen desmentir a Clinton de que esto se trata exclusivamente de un asunto bilateral. Esta semana la representante republicana cubanoestadunidense Ileana Ros-Lehtinen elogió el acuerdo de seguridad como un avance mayor para los esfuerzos cruciales de naciones responsables para desenraizar el narcotráfico y otras fuentes de violencia e inestabilidad en América Latina
. Agregó que Hugo Chávez y sus cuates son los críticos más severos de esta cooperación porque fortalecerá aún más la democracia y la seguridad en Colombia, mientras contrarrestara la agenda destructiva de la Alba (Alternativa Bolivariana para las Américas)
.
Ray Walter, experto del principal think tank conservador, y de mayor influencia durante el gobierno de George W. Bush, consideró el acuerdo clave para establecer localidades de operaciones de avanzada
en la lucha contra narcotraficantes y guerrillas en la región andina-Pacífico
, la cual así sería trasladada de la base de Manta, en Ecuador, a Colombia. Lograrlo, dice, no sólo ayudará en esta lucha contra drogas y guerrillas, sino que demostrara que Estados Unidos no será intimidado por la retórica y las amenazas de Hugo Chávez
.
Para analistas progresistas, las afirmaciones del gobierno de Obama también parecen cuestionables. John Lindsay-Poland, en un análisis escrito para el Programa de las Américas, refleja estas dudas. Que las bases sean nominalmente estadunidenses poco importa en la práctica. Siempre ha estado la propuesta del uso militar por parte de Estados Unidos de bases nacionales en Colombia, que es como Washington emplea las bases militares en Honduras, Ecuador y muchos otros países del planeta. El problema se centra realmente en las misiones de fuerzas armadas estadunidenses en esas bases y el mensaje que transmiten a los colombianos y otros pueblos en la región
. Señala que según informes sobre el presupuesto militar, el Pentágono desea estas bases para logística, capacitación, operaciones de contingencia
y planes para desplegar aeronaves de carga C-17 –no empleadas contra el narcotráfico– en la base aérea colombiana de Palanquero.
Según el gobierno de Obama, se espera que el acuerdo se firme en unas semanas, lo que permitirá a militares estadunidenses tener acceso a unas siete bases, y asegura que no se incrementará el número de tropas más allá del límite ya establecido por el Congreso, un máximo de 800 efectivos (aunque no mencionan que también se permite unos 600 contratistas militares estadunidenses por arriba de ese número).
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