viernes, 28 de agosto de 2009

Militarizar Colombia para controlar a Venezuela, plan de Estados Unidos: Evo Morales

Quito investiga graves denuncias sobre actos de soldados de EU en la base de Manta

Las indagaciones, por el apoyo al ataque colombiano en Ecuador contra las FARC: Rafael Correa

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Propaganda contra el presidente ecuatoriano en un puente de Bogotá, la capital de ColombiaFoto Reuters
Con información de agencias y las corresponsales Rosa Rojas y Stella Calloni

Lima, 27 de agosto. El presidente ecuatoriano Rafael Correa aseguró hoy que su país investiga graves denuncias sobre actos realizados por personal vinculado a la base militar estadunidense de Manta, que ha sido imposible de controlar en una década de funcionamiento.

Correa habló de las instalaciones aéreas que Estados Unidos entregará formalmente al gobierno ecuatoriano el 18 de septiembre próximo para dar un ejemplo de cómo es que Washington no somete la actuación de sus militares adscritos a bases en el extranjero a la soberanía del país huésped.

Dicen que las bases van a estar bajo el mando colombiano. ¿Cuándo los norteamericanos se han dejado controlar? Nosotros hemos tenido una base norteamericana 10 años bajo control ecuatoriano (en la localidad costera de Manta)... Incluso en cada vuelo tenía que ir un oficial ecuatoriano, (pero) tenemos graves denuncias de actos que se están investigando, que eran imposibles de controlar, dijo Correa en declaraciones a una radiodifusora de Perú, en una escala de camino a Argentina, donde se realizará una reunión cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur) para discutir la anunciada ampliación de las facilidades a militares estadunidenses en Colombia.

Las investigaciones a las que se refirió Correa fueron activadas por el Poder Legislativo ecuatoriano en 2008, un mes después del ataque perpetrado contra un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en un la frontera ecuatoriana con Colombia, el primero de marzo del año pasado.

El bombardeo, que según ha dicho el gobierno de Correa fue planeado y dirigido desde las instalaciones militares estadunidenses de Manta, propició la decisión de Quito de romper relaciones con Bogotá, sin que hasta la fecha se hayan restablecido.

A esa denuncia se sumaron en mayo pasado otras acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos –no conocidas públicamente hasta ahora– presuntamente cometidas en la base por soldados estadunidenses.

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa se ocupa de las averiguaciones al respecto, aunque el Ministerio de Defensa colabora en las pesquisas.

No está mal que se investigue; ese es un episodio que tiene algunas sombras en nuestro país. Fue una base que se entregó sin beneficio de inventario. Ecuador nunca tuvo control directo sobre la información que se generó en las acciones de la base de Manta, afirmó el ministro de Defensa, Javier Ponce, en recientes declaraciones a la emisora Gama Tv.

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Manifestantes queman en Bariloche una efigie de Álvaro UribeFoto Reuters

No había participación en la acción, en los vuelos, y simplemente recibíamos la información filtrada desde Estados Unidos, apuntó el funcionario ecuatoriano.

En su escala en Perú, Correa destacó que los argumentos presentados por Colombia y Estados Unidos para justificar la ampliación de su acuerdo de cooperación militar no resiste el menor análisis. Decir que eso es un problema soberano de Colombia es como si yo pongo ojivas nucleares en Ecuador y como es mi territorio digo que es un problema soberano de Ecuador.

El acuerdo pactado este mes entre Washington y Bogotá establece el acceso de tropas a las bases aéreas colombianas de Palanquero, Apiay y Malambo, además del uso de dos bases de la naval de Colombia y dos del ejército.

Ese plan –sostuvo Correa– es complemento de la decisión de Estados Unidos de relanzar la Cuarta Flota en aguas del Caribe y de los océanos que bañan América del Sur, a partir del primero de julio pasado. Este contingente fue creado en 1943 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y disuelta en 1950.

En respuesta al pacto colombiano-estadunidense, el presidente venezolano Hugo Chávez inició la creación de bases de paz que promoverán debates sobre la problemática regional y brindarán asistencia social a comunidades venezolanas y colombianas, como la inaugurada hoy en el estado venezolano de Anzoátegui.

La postura de Chávez y Correa contra las bases fue correspondida por el senador colombiano Armando Bennedetti con una campaña de anuncios espectaculares contra los mandatarios vecinos.

En la víspera de la cumbre de la Unasur, el presidente boliviano, Evo Morales, dijo que en el Senado estadunidense hay voces que sostienen que la única forma de controlar Venezuela es militarizando Colombia, con el falso pretexto de la lucha contra el tráfico de drogas.

En Buenos Aires, el canciller Jorge Taiana y el jefe de gabinete Aníbal Fernández recibieron al subsecretario adjunto para Asuntos Hemisféricos, Christopher McMullen, quien fue testigo involuntario de una protesta realizada por unas 3 mil personas contra el plan de Bogotá y Washington. El funcionario explicó a las autoridades que el acuerdo bilateral con Colombia actualiza la cooperación entre los dos gobiernos.

No tiene legitimidad el proceso electoral que comienza mañana en Honduras, dicen zelayistas

Desactiva la policía un coche bomba frente a una sede oficial en Tegucigalpa

Habrá más sanciones contra el gobierno de facto, anuncia el Departamento de Estado estadunidense

Nerviosismo empresarial por posible expulsión del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica

Reuters y Afp

Tegucigalpa, 27 de agosto. La Policía Nacional y miembros del escuadrón antibombas desactivaron este jueves un coche bomba conectado a un cilindro de gas licuado, dos pequeñas bombas de acetileno y a una botella de gasolina, automóvil que se encontraba estacionado frente a la Secretaría Técnica de Cooperación en esta capital.

Los artificieros rompieron una de las ventanas del vehículo Volskwagen rojo robado para desconectar el temporizador que hubiera hecho estallar los explosivos.

Aunque en semanas anteriores las autoridades anunciaron el decomiso de unas 13 bombas molotov y otros seis artefactos explosivos de seguidores del presidente constitucional Manuel Zelaya, las autoridades no responsabilizaron de inmediato a estos grupos de la colocación del coche bomba.

A dos meses del golpe de Estado en que militares secuestraron y expulsaron de Honduras a Zelaya, y Roberto Micheletti se impuso como mandatario de facto, la solución negociada a la crisis institucional parece cada vez más lejana, mientras la polarización social crece y aumentan los riesgos de una confrontación violenta, estiman analistas locales.

El fracaso de la misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), que estuvo a principios de semana en Tegucigalpa, redujo la esperanza de quienes veían en la mediación internacional el camino a la recuperación institucional, perdida el 28 de junio con el golpe de Estado.

Mientras, el Departamento de Estado anunció este jueves la suspensión de visas a los hondureños no inmigrantes, y anunció que prepara nuevas sanciones contra el régimen de facto en Honduras.

Estamos evaluando nuestras opciones y creo que tomaremos algunas decisiones en los próximos días, declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.

El programa de combate a la pobreza y desarrollo económico conocido como Cuenta Reto del Milenio (CRM), que tiene proyectos en Honduras a cinco años vista valorados en más de 215 millones de dólares, es una de las opciones de sanción, explicó un alto responsable del Departamento de Estado bajo anonimato.

El principal proyecto de la CRM en Honduras es la mejora y ampliación de la principal carretera del país, la CA-5. Hasta el momento se han desembolsado más de 80 millones de dólares, y quedan por aprobar 135 millones.

Previamente Washington suspendió otros programas de ayuda civil y totalmente la asistencia militar, lo que representa para Honduras una pérdida de unos 35 millones de dólares anuales.

Estados Unidos no puede sancionar en cambio comercialmente a Honduras de forma unilateral, dentro del Acuerdo de Libre Comercio con América Central y República Dominicana (CAFTA), en vigor desde 2005.

La canciller del gobierno constitucional hondureño, Patricia Rodas, afirmó que la comunidad internacional debe cuanto antes aplicar sanciones contundentes y tangibles al gobierno de facto.

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Estudiantes de preparatoria aplauden en Tegucigalpa una marcha de seguidores de Manuel ZelayaFoto Ap

No es un gobierno lo que se ha instalado, es un régimen golpista, por lo tanto deben aplicarse sanciones a aquellos que fraguaron el golpe de Estado, que constituyen los pequeños grupos de poder, que son los que monopolizan las actividades productivas y de exportación, dijo Rodas desde San José, capital de Costa Rica.

Tras el fracaso de las negociaciones de la OEA, Micheletti declaró que no le tememos al embargo de nadie... podemos salir adelante sin la ayuda de ustedes y de otros países, pero grupos empresariales hondureños manifiestan su nerviosismo.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Adolfo Facussé, sostuvo: Si quedamos fuera del CAFTA, eso sería la ruina para el país, como ha solicitado República Dominicana.

Agregó, no obstante, que los empresarios hemos decidido que no vamos a presionar al gobierno a que acepte, sólo para que no se nos afecte; preferimos comer tortilla y frijoles por un tiempo, es un asunto de dignidad.

La solución al problema es celebrar las elecciones el 29 de noviembre y que se elija un nuevo gobierno, lo que hará bajar las presiones internacionales, estimó el industrial hondureño.

El empresariado fue un importante sector de apoyo para el golpe contra Zelaya, pues sostenía que el gobierno constitucional pretendía seguir el modelo de estatización empresarial que lleva adelante Venezuela, bajo el mando del presidente, Hugo Chávez.

A su vez, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que reúne a diversos sectores sociales, promete incrementar la lucha en las calles.

Si algo ha logrado este golpe es unir a todo el movimiento social en torno a un tema que para nosotros es la vida: retornar al orden institucional, pero no para quedarnos ahí sino para avanzar hacia la refundación de la república hondureña, afirmó una de sus dirigentes, Berta Cáceres.

Tal refundación pasa por convocar a una Constituyente, que redacte una nueva Constitución al servicio de los más humildes y no de las 10 familias que se han apoderado del país, añadió.

Para el movimiento de resistencia, el proceso electoral que arranca el próximo sábado carece de legitimidad mientras no se restablezca el orden constitucional.

Berta Oliva, presidenta del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, opina que la prolongación de la crisis política podría llevar a indeseables situaciones de violencia.

El gobierno (de Micheletti) quiere llevar el país a una guerra civil, porque de esa manera se desarticularía el cerco internacional, además de que sería un gran negocio para los traficantes de armas y pertrechos y para las mismas fuerzas armadas, aseguró.



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