Luego de la marcha que realizó ayer por la mañana un contingente compuesto por aproximadamente 70 personas encabezadas por Venancio Oscar Martínez Rivera, presidente municipal de este lugar, para exigir al gobierno estatal que garantice la seguridad y la paz, el clima de tensión se incrementó en la zona de conflicto.
Ante la posibilidad de que el munícipe y sus seguidores intenten recuperar las instalaciones de la mina "La Trinidad" que se encuentran "clausuradas" por un sector inconforme, desde el 16 de marzo, los habitantes temen que en cualquier momento se desate la violencia.
En reacción, unos 300 lugareños que mantienen bloqueado el acceso principal de la comunidad con barricadas para controlar el paso y quienes instalaron un campamento a la entrada de la mina, decidieron incrementar su presencia en rechazo de la empresa Cuzcatlán filial del consorcio canadiense "Fortuna Silver Mines".
Además, se suma el hecho de que el pasado cinco de abril, durante la asamblea de ejidatarios, el presidente municipal pretendiera abrir fuego con un arma calibre 380 en contra de sus detractores, sin que lograra su objetivo al encasquillarse su pistola.
Lo anterior, de acuerdo al acta que fue levantada por Pedro Francisco González Gopar y Sergio García Hernández, síndico y secretario municipales respectivamente, y que según afirman integrantes del grupo opositor a la autoridad local ya tienen conocimiento las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, sin que hasta el momento hayan procedido en consecuencia.
Por si fuera poco, la llegada de 23 toneladas de cemento, este miércoles, para la implementación del programa federal "Piso Firme" que beneficiará a 34 personas, incluyendo a algunos de los opositores del alcalde, a quien por cierto se intentó entrevistar sin éxito para conocer versión, vino a contribuir para caldear aún más los ánimos.
En este sentido, Emiliano Arango Vásquez, regidor de obras, además de confirmar la realización de la marcha por “la seguridad y la paz”, aclaró también que tanto el cemento como el alambrón, son materiales que habían sido gestionados desde el año pasado.
Puntualizó que la distribución de los suministros no corresponde a una estrategia de persuasión o coptación para dividir más a los cerca de mil 40o vecinos que radican en San José del Progreso.
Frente a sus representados, el concejal apuntó: "se espera la llegada de 25 toneladas para beneficiar con el programa a 34 personas, por lo que serán distribuidos 15 bultos de cemento (de 50 kilogramos) para cada una".
En cuanto ala marcha, comentó: "yo llegué al último y sólo pude ver que iban caminado entre unas 70 a 80 personas, para pedirla paz y que el gobernador intervenga".
Por su parte Agustín Ríos Cruz, integrante de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y militante del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), aseguró que no permitirán bajo ningún argumento u ofrecimiento de cualquier índole la reapertura de la mina "La Trinidad".
Dijo que las graves afectaciones que han sido detectadas al manto acuífero La Garzona y los campos de cultivo, derivado de los desechos tóxicos producidos a causa de la explotación de los minerales (oro y plata), están causando daños irreversibles al ecosistema del Valle de Ocotlán.
"En particular, en el municipio de San Antonio Saviche se ha detectado que en el último año la contaminación en agua y tierra a provocado un aborto masivo de cabras y la muerte de al menos 25 reses, esto por el simple hecho de lamer el salitre que se encuentra expuesto", señaló.
De igual forma, afirmó que en el caso de la comunidad de San José del Progreso, "los dueños de la mina habían estado extrayendo diariamente cuatro pulgadas de agua" por lo que a 23 días de que fuera tomada la mina, ya se empieza a hacer patente la destilación del "drenaje ácido" que contiene altos índices de mercurio, plomo y ácido sulfúrico.
Ante ello, Hilario Ignacio Vásquez, dirigente del grupo que se opone a la operatividad de la empresa Cuzcatlán, acusó haber sido objeto de múltiples amenazas de muertes de parte del comisariado ejidal, Quintín Vásquez Rosario y el propio Venancio Oscar Martínez, a quienes responsabilizó de cualquier ataque que se pueda suscitar en contra de su persona o familia, precisó.
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