Viene de “muy arriba” la orden de tener un chivo expiatorio en el caso Brad Will
Sabemos que Juan Manuel Martínez es inocente, dijo un juez a la esposa del detenido
La familia del periodista estadunidense asesinado solicitó que liberen al arrestado
Blanche Petrich, La Jornada. Cuando Liliana Tejada supo que a su esposo Juan Manuel Martínez Moreno, detenido el 16 de octubre de 2008 en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, lo acusaban de ser el asesino material del periodista estadunidense Bradley Ronald Will sintió alivio. “La acusación era tan absurda que lógicamente pensé que no habría dificultad para aclararlo todo y sacarlo de la cárcel. Después de 10 meses de prisión injusta, me doy cuenta que enfrentarse a la procuraduría, a los jueces y al gobierno es como luchar contra un monstruo enorme”.
El monstruo al que alude tiene ramificaciones en los juzgados locales y en la Procuraduría General de la República (PGR), empeñada en sostener su hipótesis del asesinato de Will por un disparo a quemarropa realizado por un miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Y que sin prueba alguna descarga todo el peso de la responsabilidad del homicidio sobre Martínez Moreno, panadero de oficio, padre de tres hijos y quien vive en un pequeño cuarto rentado, vecino de Santa Lucía y que, como todos los de su comunidad, simpatizó con la APPO durante los días de la insurrección popular en Oaxaca.
Pero además, el caso tiene implicaciones internacionales.
En agosto, el Congreso estadunidense condicionó la transferencia de recursos del Plan Mérida a la entrega de los avances de la investigación del asesinato de Bradley Will, ocurrido en Oaxaca el 27 de octubre de 2007. Los legisladores en Washington pusieron un plazo de 120 días para la identificación de los autores del crimen.
Dos meses después, la contraparte mexicana entregó al Departamento de Estado el nombre de Juan Manuel Martínez Moreno. Fue tan burdo el montaje que incluso los familiares de Will en Estados Unidos han reclamado la liberación inmediata del detenido, a quien consideran un chivo expiatorio.
Aunque Juan Manuel y sus familiares han demostrado que el día de los hechos, a la hora del asesinato, el acusado estaba en su casa y no en la barricada de Santa Lucía, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), Alberto Orellana, afirma que su participación en el asesinato del reportero “está plenamente acreditada” mediante su identificación por parte de “diversos testigos” y en fotografías y videos, pero esto no es lo que consta en el expediente.
El abogado del panadero preso, Gilberto López Jiménez, asegura que sólo son dos testigos los que aportan indicios indirectos para la identificación del acusado y ninguno de los dos afirma haberlo visto en el lugar de los hechos. La primera testimonial es de Alfredo Feria Pérez, quien declaró “saber, por comentario de otras personas” y “porque es lo que platican”, que el asesino es “una persona pesada que tiene una Cherokee negra”. Martínez Moreno no tiene vehículo, nunca lo tuvo ni sabe manejar, y así consta en los registros de tránsito de Oaxaca.
Feria Pérez tampoco estuvo en el lugar del enfrentamiento. En una primera declaración para identificar a Martínez mediante una fotografía dijo que no podía decir si fue él. Posteriormente volvió a declarar y entonces corrigió su primera versión. “Es evidente que hay una inducción”, opina el defensor.
La segunda testimonial es de Karol Illescas Reséndiz, quien fue camarógrafo de Televisa y estaba grabando para la televisora el día del suceso. Él ha declarado que no vio quién disparó, y afirma que la famosa frase que se oye en los registros de Televisa y en la cámara del extinto documentalista estadunidense –“Te dije que no estés tomando fotos, güey”– la dijo un sujeto al que no puede identificar porque tenía la cara cubierta.
Ninguno de los cerca de 50 testigos que declararon en el proceso sostiene algo que pueda inculpar a Juan Manuel. Los funcionarios de la PGR y la FEADP afirman que su versión está confirmada con videos y fotografías, pero no las han mostrado. En ninguna de las abundantes imágenes que quedaron registradas del enfrentamiento se aprecia la presencia de Martínez.
“Es notable la ausencia de pruebas. Cualquier juez ordenaría la liberación del detenido porque la acusación no se sostiene con nada”, asegura López Jiménez.
La esposa de Juan Manuel refiere que incluso en los tribunales hay consternación por la evidente injusticia. “El otro día el juez me dijo: en nombre de Dios, muévanse. Sabemos que él no es culpable, pero la orden de inculparlo viene de muy arriba”.
Según la PGR, se realizó una “profunda investigación de inteligencia” que llevó a la detención del panadero. “¿Sabe cuál fue la labor de inteligencia? Quince días antes de su arresto, lo asaltaron cuando iba a su trabajo. Dos sujetos lo interrogaron: su nombre, su dirección, su trabajo. Le robaron su identificación y luego lo dejaron ir. Por eso, cuando fue detenido ya sabían sus datos. Él reconoció a los que lo habían asaltado antes”.
El 28 de abril la juez quinto de Oaxaca le concedió un amparo para efectos, pero la autoridad interpuso un recurso de apelación. La defensa y la familia esperan ahora el veredicto de un segundo amparo para el 28 de octubre. “Esperamos una resolución justa. Por lo menos lo tengo muy encomendado con la Virgen de Juquila”, nos dice Liliana Tejada con absoluta convicción.
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/26/index.php?section=politica&article=015n1pol
Hay buen clima para impulsar otros esfuerzos, señala el secretario general de la OEA
Honduras podría salir de la Alba: líder de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso
Zelayistas convocan para mañana a una jornada internacional de solidaridad con la resistencia
Washington, 26 de agosto. Aún es posible negociar con el régimen de facto en Honduras, pero el margen se estrecha a medida que se acercan las elecciones, reconoció este miércoles el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, al informar a detalle sobre la fracasada misión en Tegucigalpa que concluyó la víspera.
Hay clima para buscar otros esfuerzos (...). No quiero sacar conclusiones, faltan algunas conversaciones por hacer
, declaró Insulza ante el Consejo Permanente de la OEA, apenas aterrizó de su viaje a Honduras.
Siete cancilleres de la región además del propio Insulza se entrevistaron el lunes y martes con el gobierno instalado tras el golpe de Estado del 28 de junio, además de líderes de la sociedad civil.
La misión no logró que el gobierno de facto de Roberto Micheletti aceptara el acuerdo de San José en su totalidad, particularmente el regreso al poder del presidente constitucional Manuel Zelaya, secuestrado y expulsado del país por militares en junio pasado. Ese regreso fue también rechazado por todos los líderes de la sociedad civil, reconoció Insulza.
“Lo que más nos decían (los opositores a Zelaya) era: ‘¿porqué nos quieren hacer eso?’”, describió gráficamente Insulza.
Estados Unidos suspendió el martes el servicio de visas para no migrantes en Honduras, salvo casos de emergencia, como medida de presión.
La perspectiva de otras medidas de este tipo por parte de otros países está presente. Eso les preocupa
, dijo Insulza en referencia al régimen de facto. Pero Micheletti expresó ante los cancilleres que su gobierno no teme un embargo y les recalcó al recibirlos el martes: podemos salir adelante sin el apoyo de ustedes
.
De hecho, este miércoles el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso hondureño, Carlos Kattan, afirmó que Honduras podría retirarse de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (Alba), organismo regional impulsado sobre todo por el gobierno venezolano, que según Micheletti y sus simpatizantes, quería meter sus tentáculos
a Honduras, lo que hizo necesaria
, según ellos, la expulsión de Zelaya y la toma del gobierno, hace ya más de dos meses.
Además del retorno de Zelaya, el otro gran punto de discusión con la OEA fue la amnistía política, que según Insulza no generó tanto rechazo. Aquí tenemos una fecha límite importante, el primero de septiembre
, recordó Insulza, en referencia al inicio de la campaña electoral hondureña.
Creo que hay bastante temor de que los grupos que están en contra de lo que pasó (el golpe de Estado) se activen
, indicó el secretario general de la OEA.
Las elecciones presidenciales del 29 de noviembre son un plazo importante, pero en el contexto de la OEA hay un número relevante de países que no están dispuestos a aceptar al nuevo gobierno
, sea cual sea su color, afirmó Insulza ante la prensa.
La misión de la OEA le planteó claramente a Micheletti que era equivocado pensar que el problema se iba a terminar con las elecciones
. Sin embargo, Insulza reconoció que estas elecciones ya estaban convocadas
, antes del golpe.
Sin embargo, para levantar la suspensión de Honduras de la OEA hacen falta dos tercios (22 votos) de apoyo, lo que no parece probable, explicó luego el secretario general.
El presidente constitucional Zelaya acudirá la semana próxima a Washington, por cuarta vez en menos de dos meses, para defender su postura ante el Consejo Permanente de la OEA, anunció Insulza. También es posible una visita de una delegación de Micheletti, añadió.
Las conversaciones proseguirán siempre en torno al acuerdo de San José, insistió el secretario general de la OEA, sin querer dar más detalles.
De su lado, el Frente Nacional contra le Golpe de Estado de Honduras llamó hoy a las fuerzas democráticas del mundo a realizar el próximo viernes una acción internacional de solidaridad con la resistencia popular en Honduras.
El comunicado indica que el objetivo de estas manifestaciones es expresar el rechazo de la humanidad al golpe y exigir el inmediato retorno a la institucionalidad democrática de la nación.
El proceso tardó 18 años; un grupo se opone a la venta del inmueble
Orizaba, Ver., 26 de agosto. El octavo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito falló en favor de los obreros de la Compañía Industrial Veracruzana (CIVSA) para que puedan liquidar los bienes de la empresa a fin de cobrar pagos pendientes.
CIVSA, que fue uno de los símbolos del movimiento obrero de 1907 en el corredor textil Orizaba-Río Blanco, era propiedad del empresario Antonio del Valle Ruiz. El edificio está valuado en 120 millones de pesos y podría rematarse para obtener 90 millones de pesos que se adeudan a 300 obreros, 187 de los cuales fueron despedidos en 1991, señaló María Luisa Campos, asesora legal de los trabajadores. Aseguró que con este fallo las autoridades laborales hicieron justicia tras dos décadas de peregrinar en tribunales.
El remate queda firme; no pasa a los bancos ni a las trasnacionales. Los señores Del Valle Ruiz deben entender que la fábrica ya es de los ex trabajadores
, aseveró la litigante.
Indicó que la junta de conciliación y arbitraje número 6, además de un grupo de notarios y representantes de los empresarios, determinarán la fecha y términos del remate del inmueble para liquidar a los 187 obreros despedidos injustificadamente en 1991 y que desde entonces están en huelga.
El 25 de enero de 2006, un grupo de 347 obreros activos, representados por José Torres Serrano, secretario del Sindicato de Trabajadores de CIVSA, inició una huelga en reclamo de prestaciones laborales por 56 millones de pesos. Torres Serrano anunció que este grupo se opondrá al remate mientras no se resuelvan los litigios de sus representados.
La Compañía Industrial Veracruzana, conocida originalmente como Fábrica Santa Rosa, es el último de los siete complejos textiles instalados a finales del siglo XIX en el corredor Orizaba-Río Blanco-Ciudad Mendoza, cuna del movimiento obrero del país.
Las otras fábricas eran Cocolapam, San Lorenzo, Cerritos, Río Blanco, Santa Gertrudis y Mirafuentes, que en su momento conformaron la Compañía Industrial de Orizaba Sociedad Anónima, ya desmantelada.
En febrero de 2007, la junta federal de conciliación y arbitraje número 6 notificó que la familia Del Valle Ruiz tramitó la declaratoria de quiebra financiera de CIVSA, un mes después de que los 347 trabajadores iniciaron una huelga, la cual continúa.
También en 2006, el entonces presidente municipal de Ciudad Mendoza, Sergio Rodríguez Cortes, denunció que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán maniobraba para que el empresario poblano Kamel Nacif Borge adquiriera la fábrica Santa Rosa.
Aseguró que el rey de la mezclilla, involucrado con el pederasta Jean Succar Kuri, estaba interesado en comprar la factoría para usar su planta de generación de energía eléctrica y venderle el fluido a los ayuntamientos de la zona y al gobierno estatal.
Acteal: Jarquín, Orive y Sabines
Javier Hernández Alpízar
Alguna vez, argumentando la necesidad de votar para tratar de frenar ese desgastante y quemante correr hacia el desastre, un proselitista del lópezobradorismo ponía el símil de “echarle un poco de agua” a las ruedas de un tren, y así tratar de paliar el descarrilamiento.
Hoy casi todos hablan de la posibilidad de un “estallido social”, de la “violencia social”. Hace cuatro años, en 2005, parecía cosa de locos. Los zapatistas se adelantaron con su análisis, dijeron que venía el tiempo de luchar, incluso por sobrevivir, y también la posibilidad de un cambio. Propusieron organizarse para cambiar el país de manera civil (es decir: no militar) y pacífica. Así nació la Otra Campaña, movimiento que hoy sobrevive, resiste.
Pero la ilusión en un cambio sin lucha, mediante el derecho a usar la credencial de elector, había sido sembrada por años de reducir el civilismo y la ciudadanía a las elecciones. El llamado al voto nulo en los más recientes comicios fue un reconocimiento del callejón sin salida al que ha llegado esa vía. Fue un intento de llamar la atención a la soberbia de la partidocracia desde una posición de “izquierda” (pero la izquierda electoral sigue soberbia, ahora luchando a brazo partido contra Juanito) y una forma de mostrar lo innecesario de la expresión ciudadana, para la derecha. ¿Por qué la derecha llama también a no votar, preguntaron los hermanos Cerezo? Acaso para demostrar que el poder no está ahí. La derecha lo tiene, y no gracias al voto.
¿Son casualidades, que en pocos años salga de la cárcel Raúl Salinas, regrese Carlos Salinas como El Padrino, impulse a El Gavioto Peña Nieto como delfín (acaso por su curriculum represivo en el que destaca Atenco), liberen a los paramilitares asesinos de Acteal, y otras pequeñas “coincidencias”? ¿Después de ese “regreso a Acteal”, y del regreso al salinismo, quién insiste en que la “democracia” en México existe?
Más parece una prueba de que el autoritarismo nunca se fue. Solamente tomó respiro, tras bambalinas, para reacomodarse. Por eso la impunidad, el cinismo y la desfachatez del CIDE, que mientras más “aclara”, con sus cartas a las redacciones, más confirma sus complicidad con los paramilitares liberados. Por eso la impunidad de la mentira institucional, encabezada por Héctor Aguilar Kaibil… ¿o Camín? y la cereza del pastel con la Corte que Suprime la Justicia de la Nación.
Recientemente desclasificaron en los Estados Unidos documentos que muestran lo que sabíamos: Que el ejército mexicano fue preparado por el ejército de las Estados Unidos para reprimir al pueblo mexicano, en algo que se llama contrainsurgencia, o como lo dice el general Gallardo (en el video de José A. Jiménez Acteal 10 años de impunidad ¿y cuántos más?): el plan DN II, el control de población en un conflicto interno.
Nos quieren comer el coco con el cuento de “combatir el crimen”, pero desde antes de 1994 el gobierno mexicano sabía de la existencia del EZLN y se preparó para combatirlo y aniquilarlo, al menos eso presume el militar Antonio Riviello Bazán, titular de la Sedena durante el salinismo, según publicó La Jornada el 24 de agosto.
Y ahora el enemigo de esa contrainsurgencia no es sólo el EZLN, a quien el gobierno y el Estado mexicano nunca han dejado de acosar y combatir de manera “velada” (por ejemplo, mediante los paramilitares), hoy el enemigo es todo mexicano que proteste y se inconforme, el que no se deje, el respondón, el insumiso, el infiel.
En algo tiene razón el análisis del Comité Cerezo, el gobierno mexicano (y el poder oligárquico que gobierna de facto) no distingue entre “guerrilleros”, zapatistas, comunistas, anarquistas, defensores de derechos humanos… Todo aquel que se inconforme y no se deje esclavizar entra en la categoría de “revoltoso” y, por tanto, reprimible.
Y las complicidades con los represores son cada vez más amplias, también. A propósito de la impunidad en el caso Acteal, se ha mantenido muy discreta la complicidad a posteriori que han tenido López Obrador, el PRD, el PT y Convergencia, al reciclar a algunos de los cómplices del paramilitarismo, e incluso de quienes deberían ser investigados por la masacre de Acteal.
El columnista Pedro Miguel cita palabras de López Obrador criticando al priismo por su actuación en Acteal, pero hoy que Juan Sabines Guerrero trata a los paramilitares liberados a cuerpo de rey y les da hospedaje, alimentación y protección… Nadie recuerda que López Obrador hizo campaña pidiendo el voto por Juan Sabines y lo llevó a ganar la gubernatura de Chiapas por la alianza PRD- PT- Convergencia. ¿Acaso no preveía AMLO que con Sabines el paramilitarismo se reactivaría? ¿Y qué hay de los otros políticos ligados a los paramilitares que ha incluido el PRD en el gobierno de Chiapas?
Y más recientemente, la candidatura por el PT, bajo la hegemonía de López Obrador, de Adolfo Orive, el asesor de Salinas para golpear al zapatismo. Muy al caso, viene el comentario de Uníos (Unidad Obrera y Socialista) en un pronunciamiento ante las pasadas elecciones: “Para los compañeros de la izquierda posibilista, aquella que sólo actúa en la medida de lo “posible” y “serio”, la abstención es una acción negativa para la conciencia de lucha de los trabajadores mexicanos; para ellos es más importante hacer acuerdo con el PT, partido creación de Carlos Salinas que hoy postula entre sus candidatos a Adolfo Orive, mercenario personaje al servicio de la contrainsurgencia en Chiapas, golpeador del zapatismo y de otros movimientos sociales, viejo dirigente de los hermanos Salinas y del grupo de poder del expresidente, incluido el hoy líder vitalicio del PT, Alberto Anaya, y asesor cercano de Ernesto Zedillo.”
Además, está la chamba que le dio la bancada del PRD en Michoacán a Uriel Jarquín, subsecretario de gobierno de Chiapas en 1997, acusado de operar en el Congreso del estado chiapaneco para que la presidencia municipal de Chenalhó quedara en manos de Jacinto Pérez Arias, uno de los operadores políticos y autores intelectuales de la masacre de Acteal.
Al parecer el voto por los partidos de la izquierda electoral no sirvió para “echar agua” a las ruedas del tren (que aún corre al desastre), sirvieron para darle refresco a figuras de la contrainsurgencia como Uriel Jarquín, Adolfo Orive y Juan Sabines, empoderados de nuevo por el lópezobadorismo y el perredismo.
Por ello la necesidad de una izquierda autónoma, que no encumbre a esos líderes del priismo reciclado, es más que “sectarismo”, es una urgencia.
ONG documentan a Calderón abusos de elementos militares
Los casos abarcan tortura, robo, desaparición y ejecuciones
De la redacción y Javier Valdez C., corresponsal, La Jornada
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, entre otras organizaciones, enviaron al presidente Felipe Calderón una carta en la que le exponen “siete casos de violaciones graves” a las garantías fundamentales, cometidas por militares en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, y le exigen respuesta sobre los avances de las pesquisas y el castigo a los culpables.
Las organizaciones no gubernamentales recuerdan a Calderón que el 10 de agosto pasado, en Guadalajara, él señaló que en la lucha contra la delincuencia, la Policía Federal, el Ministerio Público y las fuerzas armadas “han actuado con un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos, y quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos y en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias”.
Exponen al Presidente siete casos de abuso militar ocurridos este año: el 14 de agosto pasado, “dos jóvenes fueron detenidos arbitrariamente y torturados por el Ejército en Cuernavaca, Morelos. Se trata de Silverio Iván Jaimes Filio, de 22 años, y José Raúl Jaimes Jiménez, de 23”. Las ONG denunciaron ante la procuraduría de justicia del estado de Morelos detención arbitraria, confinamiento en instalaciones militares, tortura física y sicológica, amenazas de muerte contra ellos y contra familiares y robo de pertenencias.
Las ONG citaron otro caso: el 24 de junio de este año “Julio César Magdaleno Meza, policía ministerial fue arraigado y torturado en el cuartel militar Morelos, en Mexicali, Baja California”.
El 20 de junio de 2009, efectivos del 93 batallón de infantería con sede el Tlapa de Comonfort, Guerrero, mataron al indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, en un retén militar. Los soldados dispararon contra un autobús y la versión militar dice que el chofer del autobús se negó a detenerse cuando ordenaron los soldados y por eso “dispararon al aire”. Los proyectiles de bala en el autobús evidencian que los disparos no fueron al aire y uno mató a Rubio.
“El 9 de junio cientos de militares irrumpieron en las comunidades de Puerto de las Ollas, las Palancas y el Jilguero, municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero. Al día siguiente llegaron refuerzos que aterrorizaron a la población cinco días, hostigando, amenazando, golpeando o torturado a hombres, mujeres, niños y ancianos, y a una persona discapacitada. Los soldados robaron y destrozaron propiedades. Un menor de 14 años fue torturado tres horas y lo dejaron en estado convulso.”
En abril de este año, 25 policías municipales fueron arraigados y torturados en el cuartel militar Aguaje de la Tuna, en Tijuana. Fueron trasladados a Nayarit y desconocen aún por qué fueron detenidos.
Dos más: la desaparición forzada de Isaías Uribe Hernández, el 25 de abril por presuntos militares, en Torreón, Coahuila, y la ejecución extrajudicial de cuatro civiles, en marzo de este año, en Santiago de los Caballeros, Sinaloa.
En otro orden, habitantes de la comunidad de Vascogil, en Papasquiaro, Durango –entidad limítrofe con Sinaloa– denunciaron que militares mantienen detenidas ilegalmente a por lo menos 12 personas de ese y otros poblados.
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/26/index.php?section=politica&article=014n1pol
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