Legisladores de oposición dejan la Asamblea antes de la votación; buscarán sea abrogada
Prohíbe a medios publicar información que genere terror, incite al odio y atente contra valores
Promotores afirman que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los estratos sociales
Caracas, 14 de agosto. La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela aprobó en las primeras horas de este viernes una polémica ley de educación, la cual agudizó la polarización en el país y que podría ser desconocida por gremios y universitarios.
Antes de la aprobación, la fracción del partido opositor Podemos de 11 diputados decidió retirarse de la cámara y anunció que agotará las gestiones para convocar una consulta con el fin de abrogar la ley.
El jefe legislativo de Podemos, Ismael García, anunció que organizará un plan de acción para evitar que se imponga un proyecto autoritario, hegemónico que no tiene nada que ver con Venezuela ni con la Constitución
.
El debate, que se alargó por 10 horas, avanzó con rapidez luego de que la fracción de diputados del opositor partido Podemos abandonó la cámara para dejar la responsabilidad de aprobar la legislación a la mayoría oficialista.
La presidenta de la Asamblea, Celia Flores, dijo que la nueva ley recibirá la aprobación final después de que la Comisión Permanente de Educación realice las correcciones que se hicieron al proyecto original.
Indicó que la ley busca afianzar la patria potestad (custodia de los niños), al plantear que las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la formación de valores, principios, creencias, actitudes, normas y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
.
Defensa gubernamental
El gobierno dijo que entre los beneficios que tiene la ley está el incremento de los días de escolaridad, donde se establece que el año escolar tendrá un mínimo de 200 días de clases, aunque mantiene los 60 días de vacaciones.
Agregó que respetará la pluralidad ideológica fundamentada por una parte en la doctrina bolivariana y en el humanismo social
, además de estar abierta a todas las corrientes del pensamiento. Sus promotores afirman que la ley garantiza también la igualdad de oportunidades de educación para todos los estratos sociales.
El proyecto recibió duras críticas de gremios y especialistas al considerar que la ley pretende ideologizar
a los alumnos en el socialismo, en tanto que la jerarquía de la Iglesia Católica advirtió que elimina la educación religiosa en las escuelas venezolanas.
Los opositores a la ley aseguran que los 56 artículos que la conforman otorgan poder amplio al Estado para intervenir en la educación de los niños y elimina el derecho de la familia a elegir el tipo de enseñanza que prefieren para sus hijos.
El artículo 50 es uno de los más polémicos al establecer que los medios de comunicación tienen prohibido publicar informaciones que produzcan terror en los niños, inciten al odio, atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la salud mental y física de la población
.
La mención a la prensa provocó la reacción de los periodistas, que alertaron sobre los peligros a la libertad de expresión.
Un grupo de periodistas de la Cadena Capriles, los diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder fue agredido el jueves cuando entregaban volantes impresos en Caracas, en los que alertaban sobre el hecho de que el Ministerio de Educación podrá intervenir cualquier medio que en su consideración viole la ley. Doce periodistas resultaron heridos luego del ataque con piedras y palos.
A la vez, la oposición y estudiantes universitarios advirtieron que llamarán a desconocer la ley, ante el temor de que no puedan escoger sus carreras profesionales.
La ley de Educación será enviada al presidente Hugo Chávez para su promulgación.
No aguantan un debate de altura, ni porque ha hablado la Iglesia católica golpista
, afirmó la diputada oficialista, Iris Varela, al recordar los pronunciamiento de obispos contra la ley.
Reacciones internacionales
El gobierno dijo que entre los beneficios de la nueva ley destacan el impulso de la autonomía universitaria, el análisis de los medios de prensa como cátedra, la integración familia-docente e igualdad educativa.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de Nueva York condenó hoy el asalto violento
cometido el jueves en Venezuela por supuestos partidarios del gobierno de Hugo Chávez contra una docena de periodistas.
En tanto, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la honda preocupación
manifestada por la UNESCO en un comunicado sobre la libertad de expresión en Venezuela, por considerar que estuvo basado en falsas informaciones
, señaló un boletín oficial.
Según el texto, la delegación venezolana en la UNESCO solicitó al secretario general del organismo Koichiro Matsuura una rectificación oficial
a su comunicado, en el que se pedía a Chávez que reconsidere su decisión de revocar la licencia de transmisión a 34 televisoras y radios del país.
El gobierno venezolano rechaza de la manera más enér-gica las insinuaciones de los burócratas que elaboraron el comunicado (...) (que) está basado en falsas informaciones, en tergiversaciones flagrantes y en distorsiones tendenciosas
, reza el documento oficial.
La decisión adoptada el mes pasado, que afectó a 32 emisoras de radio y dos televisoras, podría provocar además la cancelación de las licencias de unas 240 emisoras de radio y 45 canales de televisión, que según la autoridad venezolana en Telecomunicaciones (Conatel) no cumplieron con los requisitos legales para hacer uso de la frecuencia.
En el comunicado, el gobierno venezolano lamenta además que tan grave desliz se inscriba con toda nitidez en una cam-paña mediática internacional destinada a desprestigiar a un Estado que es miembro de la UNESCO
.
Chávez afirmó la semana pasada que ningún país puede competir en libertad de expresión
con Venezuela.
Opositores y chavistas salen a las calles; el gobierno pide agilizar su aprobación
La propuesta, ilegal, denuncian ONG y la jerarquía católica
Agreden a periodistas que rechazan la nueva legislación, que prevé sanciones a los medios que produzcan terror e inciten al odio
Caracas, 13 de agosto. La Asamblea Nacional de Venezuela debatía hoy una polémica ley de educación que es rechazada por opositores al considerar que aumentará el control del gobierno sobre escuelas y universidades, al tiempo que miles de partidarios y adversarios de la iniciativa realizaron marchas paralelas en esta capital.
Cientos de opositores que marcharon hacia la Asamblea Nacional para rechazar la ley y solicitar que se pospusiera su discusión fueron repelidos con gas lacrimógeno y chorros de agua cuando intentaron romper un cordón policial que los separaba de manifestantes oficialistas.
Del lado contrario, a pocos metros de distancia, miles manifestaron su apoyo a la propuesta que al cierre de esta edición era discutida en la Asamblea Nacional.
El ministro de Educación, Héctor Navarro, insistió en que urge aprobar la ley antes del regreso a clases en septiembre. Opositores, ONG y la jerarquía de la Iglesia católica calificaron de ilegal el instrumento, que es radicalmente distinto
al sometido a primera discusión hace ocho años y que Chávez rechazó por considerarlo contrario a su proyecto político.
El gobierno pretende que la escuela sea (...) un centro para todos los problemas comunitarios y quiere introducir, sustituyendo a las comunidades educativas, a los consejos comunales que son, en la mayor parte de los casos, apéndices del partido de gobierno
, dijo Leonardo Carvajal, de la asociación civil Asamblea de Educación.
Una docena de periodistas de La Cadena Capriles –entre cuyas publicaciones se encuentra el popular diario Últimas Noticias– fueron agredidos por personas no identificadas mientras repartían volantes en rechazo a la ley. Los periodistas se oponen al artículo 50 del proyecto de ley de educación, que prevé sanciones a los medios que que produzcan terror e inciten al odio
.
Tu protesta no será escuchada
. Los problemas de tu comunidad no se conocerán
, rezaban algunas de las pancartas mostradas en la protesta.
La regulación educativa forma parte de una amplia ofensiva legislativa con la que el presidente Hugo Chávez pretende eliminar las leyes contrarrevolucionarias
antes de diciembre, que incluyen modificaciones al régimen de propiedad y al ejercicio del periodismo.
Carvajal, quien participa en la organización gremial para estudiar las políticas públicas en el tema, aseguró que un puñado de artículos es perverso o negativo
y que hay omisiones relegadas a futuras leyes y al currículo educativo.
En su búsqueda para formar al hombre nuevo
que necesita su revolución, el gobierno propuso en 2008 un currículo bolivariano que fue ampliamente rechazado y no pudo ser implementado por ideologizante
.
Uno de los puntos criticados al proyecto es que en la nueva ley, a diferencia de la vigente, no establece que el gobierno subsidie sueldos a escuelas privadas que trabajan gratuitamente en comunidades pobres, como la católica Fe y Alegría.
Cuando eliminas un derecho de esas características, estás dando un poder absolutamente discrecional al gobierno en turno para establecer si da subsidio o no. Y el gobierno del presidente Chávez se caracteriza porque cuando él hace una rabieta, chantajea con lo económico
, dijo Carvajal.
Según el experto, el presidente puede hacer que la educación privada popular se pliegue a sus lineamientos.
Otra de las críticas está asociada al vacío sobre educación religiosa, que algunas organizaciones dicen que podría excluirse de las escuelas, aunque el gobierno lo niega.
La educación ha desatado conflictos en la década que Chávez tiene en el poder. En 2000, un polémico decreto sobre la supervisión de escuelas desató las primeras protestas fuertes contra la revolución
y no pudo ser aplicada.
El gobierno asegura desde entonces que sus opositores usan la educación en campañas de terror
en las que aseguran sin fundamento que el Estado busca quedarse con la patria potestad de los niños e ideologizarlos en el socialismo.
Sus adversarios critican el Proyecto de Ley Orgánica de Educación que reserva la formación de docentes al Estado, omite la regulación de sus derechos laborales, a diferencia de la ley vigente, y quita la potestad a universidades privadas de seleccionar a sus alumnos.
El líder de los indígenas responsabiliza al Estado de la represión
Santiago, 13 de agosto. El comunero mapuche Jaime Mendoza fue abatido el pasado miércoles durante un enfrentamiento con carabineros en la región de la Araucanía, hecho que provocó la condena de diversos sectores chilenos y llevó a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a lamentarlo.
La muerte del comunero indígena se produjo en medio de un violento desalojo de un predio ocupado cerca de la sureña ciudad de Collipulli, hecho que revivió violentamente el conflicto mapuche con incendios en algunas propiedades agrícolas, así como la toma de carreteras y manifestaciones frente a universidades.
Organizaciones en favor de los mapuches aprovecharon la visita del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, para protestar en los alrededores del palacio de La Moneda, en Santiago.
Los incidentes motivaron un llamado al diálogo de la presidenta Bachelet. Nada justifica la violencia en la Araucanía
, dijo y afirmó que el único camino de solución a las legítimas demandas históricas del pueblo mapuche es el diálogo
, en referencia a su reclamos por la propiedad de tierras.
Para aliviar al tensión social y política, el gobierno anunció el envío de una comisión a la Araucanía para insistir en el avance de los compromisos con las comunidades indígenas.
Éste es el tercer muerto desde 2002 en desalojos policiales contra mapuches que tomaron fincas privadas que reclaman como propiedad de su comunidad.
La policía militarizada de Carabineros alega defensa propia porque sus tropa, provista de gruesa armadura contra desórdenes, fue blanco de perdigones disparados con viejas escopetas de caza por un grupo de ocho personas.
El subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dijo que el carabinero que disparó contra el comunero fue detenido por orden de la fiscalía militar.
El dirigente José Santos Millao, presidente de la Organización Nacional del Pueblo Mapuche Admapu, responsabilizó de los hechos al gobierno y al Estado.
Es tanta la angustia y desesperación que algunos hermanos se lanzan directamente a recuperar su territorio y, por lo tanto, no nos vengan a decir a nosotros que somos los terroristas, aquí el único responsable es el Estado chileno
, aseguró.
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