Juan Manuel Martínez, “chivo
expiatorio” ante el Plan Mérida
ISMAEL GARCÍA MORALES
Familiares de Juan Manuel
Martínez Moreno,
presunto asesino de Brad
Will, e integrantes del Comité
de Liberación 25 de Noviembre
denunciaron las constantes
prácticas dilatorias de los
jueces para tener al inculpado
injustamente en la cárcel desde
hace nueve meses; afi rmaron
que lo han utilizado como
rehén del Estado y moneda de
cambio en el Plan Mérida. En
conferencia de prensa, demandaron
también al gobierno de
los Estados Unidos analizar con
detalle el caso y denunciaron la
colusión del gobierno federal
con el estatal para presentar
un “chivo expiatorio” y justifi -
car ante la nación norteamericana
que se cumplen sus condiciones
para obtener recursos
fi nancieros a fi n de combatir la
delincuencia.
“Pueden buscar hasta debajo
de las piedras a Juan Manuel si
lo desean, pero no estuvo en el
lugar de los hechos, por lo tanto
es inocente; seguimos pidiendo
su libertad y estamos dispuestos
a llegar a instancias internacionales
hasta lograrlo”, dijo la esposa
de éste, Lilian Ivette Tejada
Romero.
Sostuvo que con las prácticas
burocráticas de jueces y de la
Procuraduría General de la República,
así como la sospechosa
actitud del gobierno estatal, ha
quedado demostrado por qué
hay tanta inconformidad en
Oaxaca, pues no es posible que
los responsables de impartir justicia
sean quienes violenten y pisoteen
la Constitución.
“Mi esposo está secuestrado
prácticamente porque no
hay nada que lo incrimine,
sabemos también que es algo
delicado para el gobierno reconocer
el error que ha tenido
en este caso, pero tarde o temprano
se tiene que llegar a una
instancia que resuelva favorablemente”,
dijo la cónyuge de
Martínez Moreno.
Por su parte, las responsables
del Comité 25 de Noviembre,
Alma Soto y Alma Cruz, afi rmaron
que el hecho de que Estados
Unidos haya comenzado a liberar
recursos fi nancieros del Plan
Mérida signifi ca que aceptaron
los informes que México envió
sobre derechos humanos, pero
el gobierno norteamericano no
ha analizado a detalle el caso de
Juan Manuel Martínez.
GOBIERNOS FEDERAL
Y ESTATAL, COLUDIDOS
Por ello, en breve acudirán a la
embajada de ese país en México
con el fi n de presentarle un
informe real de la situación, con
documentos y análisis del expediente
que permiten deducir que
el inculpado no cometió el crimen
en contra del periodista de
Indymedia.
Señalaron también que el gobierno
federal se ha coludido con
el estatal para permitir estas irregularidades
y para solapar al ministerio
público federal, que intenta
ahora solicitar pruebas periciales
para establecer que Juan
Manuel estuvo cerca de Brad Will
el día de los hechos, porque durante
su investigación no aportó
los elementos sufi cientes.
Detallaron que el 16 de julio
presentaron un segundo amparo
sobre el caso, que fue remitido al
Quinto Juzgado de Distrito, pero
que a más de un mes no se ha
realizado la audiencia constitucional,
que se había fi jado el 4 de
agosto y que fue diferido con el
pretexto de que el Juez Cuarto de
lo Penal no presentó su informe
justifi cado y el expediente completo.
Ayer se efectuaría nuevamente
una audiencia, pero una
vez más fue pospuesta.
“A esta serie de irregularidades
se agrega la mala fe, al ser
negados en el expediente penal
155/08 elementos y pruebas para
realizar una adecuada defensa,
como lo es la entrega de los nueve
videos que son parte del expediente,
con el argumento de que
ya fueron remitidos al Juez Quinto
de Distrito”, acusaron.
Por ello, ratifi caron que Juan
Manuel Martínez sufre detención
arbitraria, pues no existen
elementos para inculparlo del
asesinato del camarógrafo; exigieron
garantías para la adecuada
defensa y acceso a las pruebas
del expediente.
Afi rmaron que no aceptarán
más dilaciones y exigieron que la
PGR se desista de rendir pruebas
que no aportó desde la investigación.
Llamaron a los organismos
internacionales a pronunciarse
en contra de la impunidad que
prevalece en Oaxaca.
BLANCHE PETRICH
MEXICO, D.F.- Cuando Liliana
Tejada supo que a su esposo
Juan Manuel Martínez Moreno,
detenido el 16 de octubre de
2008 en Santa Lucía del Camino,
Oaxaca, lo acusaban de ser
el asesino material del periodista
estadunidense Bradley Ronald
Will sintió alivio. “La acusación
era tan absurda que lógicamente
pensé que no habría
difi cultad para aclararlo todo y
sacarlo de la cárcel. Después de
10 meses de prisión injusta, me
doy cuenta que enfrentarse a la
procuraduría, a los jueces y al
gobierno es como luchar contra
un monstruo enorme”.
El monstruo al que alude
tiene ramifi caciones en los juzgados
locales y en la Procuraduría
General de la República
(PGR), empeñada en sostener
su hipótesis del asesinato de
Will por un disparo a quemarropa
realizado por un miembro
de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Y que sin prueba alguna descarga
todo el peso de la responsabilidad
del homicidio
sobre Martínez Moreno, panadero
de ofi cio, padre de tres hijos
y quien vive en un pequeño
cuarto rentado, vecino de Santa
Lucía y que, como todos los
de su comunidad, simpatizó
con la APPO durante los días
de la insurrección popular en
Oaxaca.
Pero además, el caso tiene
implicaciones internacionales.
En agosto, el Congreso estadunidense
condicionó la
transferencia de recursos del
Plan Mérida a la entrega de
los avances de la investigación
del asesinato de Bradley Will,
ocurrido en Oaxaca el 27 de
octubre de 2007. Los legisladores
en Washington pusieron
un plazo de 120 días para
la identifi cación de los autores
del crimen.
Dos meses después, la contraparte
mexicana entregó al
Departamento de Estado el
nombre de Juan Manuel Martínez
Moreno. Fue tan burdo
el montaje que incluso los familiares
de Will en Estados
Unidos han reclamado la liberación
inmediata del detenido,
a quien consideran un chivo
expiatorio.
Aunque Juan Manuel y sus
familiares han demostrado
que el día de los hechos, a la
hora del asesinato, el acusado
estaba en su casa y no en la
barricada de Santa Lucía, el
titular de la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos
cometidos contra Periodistas
(FEADP), Alberto Orellana,
afi rma que su participación
en el asesinato del reportero
“está plenamente acreditada”
mediante su identifi cación por
parte de “diversos testigos” y
en fotografías y videos, pero
esto no es lo que consta en el
expediente.
El abogado del panadero
preso, Gilberto López Jiménez,
asegura que sólo son dos
testigos los que aportan indicios
indirectos para la identifi
cación del acusado y ninguno
de los dos afi rma haberlo visto
en el lugar de los hechos. La
primera testimonial es de Alfredo
Feria Pérez, quien declaró
“saber, por comentario de
otras personas” y “porque es lo
que platican”, que el asesino es
“una persona pesada que tiene
una Cherokee negra”. Martínez
Moreno no tiene vehículo,
nunca lo tuvo ni sabe manejar,
y así consta en los registros de
tránsito de Oaxaca.
Feria Pérez tampoco estuvo
en el lugar del enfrentamiento.
En una primera declaración
para identifi car a Martínez
mediante una fotografía dijo
que no podía decir si fue él.
Posteriormente volvió a declarar
y entonces corrigió su
primera versión. “Es evidente
que hay una inducción”, opina
el defensor. La segunda testimonial
es de Karol Illescas Reséndiz,
quien fue camarógrafo
de Televisa y estaba grabando
para la televisora el día del suceso.
Él ha declarado que no
vio quién disparó, y afi rma que
la famosa frase que se oye en
los registros de Televisa y en la
cámara del extinto documentalista
estadunidense -”Te dije
que no estés tomando fotos,
guey”- la dijo un sujeto al que
no puede identifi car porque tenía
la cara cubierta.
Ninguno de los cerca de 50
testigos que declararon en el
proceso sostiene algo que pueda
inculpar a Juan Manuel.
Los funcionarios de la PGR y
la FEADP afi rman que su versión
está confi rmada con videos
y fotografías, pero no las
han mostrado. En ninguna de
las abundantes imágenes que
quedaron registradas del enfrentamiento
se aprecia la presencia
de Martínez.
“Es notable la ausencia de
pruebas. Cualquier juez ordenaría
la liberación del detenido
porque la acusación no se
sostiene con nada”, asegura
López Jiménez.
La esposa de Juan Manuel
refi ere que incluso en los tribunales
hay consternación por
la evidente injusticia. “El otro
día el juez me dijo: en nombre
de Dios, muévanse. Sabemos
que él no es culpable, pero la
orden de inculparlo viene de
muy arriba”. Según la PGR, se
realizó una “profunda investigación
de inteligencia” que llevó
a la detención del panadero.
“¿Sabe cuál fue la labor de inteligencia?
Quince días antes de
su arresto, lo asaltaron cuando
iba a su trabajo. Dos sujetos lo
interrogaron: su nombre, su
dirección, su trabajo. Le robaron
su identifi cación y luego lo
dejaron ir. Por eso, cuando fue
detenido ya sabían sus datos.
Él reconoció a los que lo habían
asaltado antes”.
El 28 de abril la juez quinto
de Oaxaca le concedió un amparo
para efectos, pero la autoridad
interpuso un recurso
de apelación. La defensa y la
familia esperan ahora el veredicto
de un segundo amparo
para el 28 de octubre. “Esperamos
una resolución justa. Por
lo menos lo tengo muy encomendado
con la Virgen de Juquila”,
nos dice Liliana Tejada
con absoluta convicción.
Obstaculizan en Miahuatlán
visitas de AMLO Juan Manuel Martínez, “chivo
expiatorio” ante el Plan Mérida
expiatorio” ante el Plan Mérida
ISMAEL GARCÍA MORALES
Familiares de Juan Manuel
Martínez Moreno,
presunto asesino de Brad
Will, e integrantes del Comité
de Liberación 25 de Noviembre
denunciaron las constantes
prácticas dilatorias de los
jueces para tener al inculpado
injustamente en la cárcel desde
hace nueve meses; afi rmaron
que lo han utilizado como
rehén del Estado y moneda de
cambio en el Plan Mérida. En
conferencia de prensa, demandaron
también al gobierno de
los Estados Unidos analizar con
detalle el caso y denunciaron la
colusión del gobierno federal
con el estatal para presentar
un “chivo expiatorio” y justifi -
car ante la nación norteamericana
que se cumplen sus condiciones
para obtener recursos
fi nancieros a fi n de combatir la
delincuencia.
“Pueden buscar hasta debajo
de las piedras a Juan Manuel si
lo desean, pero no estuvo en el
lugar de los hechos, por lo tanto
es inocente; seguimos pidiendo
su libertad y estamos dispuestos
a llegar a instancias internacionales
hasta lograrlo”, dijo la esposa
de éste, Lilian Ivette Tejada
Romero.
Sostuvo que con las prácticas
burocráticas de jueces y de la
Procuraduría General de la República,
así como la sospechosa
actitud del gobierno estatal, ha
quedado demostrado por qué
hay tanta inconformidad en
Oaxaca, pues no es posible que
los responsables de impartir justicia
sean quienes violenten y pisoteen
la Constitución.
“Mi esposo está secuestrado
prácticamente porque no
hay nada que lo incrimine,
sabemos también que es algo
delicado para el gobierno reconocer
el error que ha tenido
en este caso, pero tarde o temprano
se tiene que llegar a una
instancia que resuelva favorablemente”,
dijo la cónyuge de
Martínez Moreno.
Por su parte, las responsables
del Comité 25 de Noviembre,
Alma Soto y Alma Cruz, afi rmaron
que el hecho de que Estados
Unidos haya comenzado a liberar
recursos fi nancieros del Plan
Mérida signifi ca que aceptaron
los informes que México envió
sobre derechos humanos, pero
el gobierno norteamericano no
ha analizado a detalle el caso de
Juan Manuel Martínez.
GOBIERNOS FEDERAL
Y ESTATAL, COLUDIDOS
Por ello, en breve acudirán a la
embajada de ese país en México
con el fi n de presentarle un
informe real de la situación, con
documentos y análisis del expediente
que permiten deducir que
el inculpado no cometió el crimen
en contra del periodista de
Indymedia.
Señalaron también que el gobierno
federal se ha coludido con
el estatal para permitir estas irregularidades
y para solapar al ministerio
público federal, que intenta
ahora solicitar pruebas periciales
para establecer que Juan
Manuel estuvo cerca de Brad Will
el día de los hechos, porque durante
su investigación no aportó
los elementos sufi cientes.
Detallaron que el 16 de julio
presentaron un segundo amparo
sobre el caso, que fue remitido al
Quinto Juzgado de Distrito, pero
que a más de un mes no se ha
realizado la audiencia constitucional,
que se había fi jado el 4 de
agosto y que fue diferido con el
pretexto de que el Juez Cuarto de
lo Penal no presentó su informe
justifi cado y el expediente completo.
Ayer se efectuaría nuevamente
una audiencia, pero una
vez más fue pospuesta.
“A esta serie de irregularidades
se agrega la mala fe, al ser
negados en el expediente penal
155/08 elementos y pruebas para
realizar una adecuada defensa,
como lo es la entrega de los nueve
videos que son parte del expediente,
con el argumento de que
ya fueron remitidos al Juez Quinto
de Distrito”, acusaron.
Por ello, ratifi caron que Juan
Manuel Martínez sufre detención
arbitraria, pues no existen
elementos para inculparlo del
asesinato del camarógrafo; exigieron
garantías para la adecuada
defensa y acceso a las pruebas
del expediente.
Afi rmaron que no aceptarán
más dilaciones y exigieron que la
PGR se desista de rendir pruebas
que no aportó desde la investigación.
Llamaron a los organismos
internacionales a pronunciarse
en contra de la impunidad que
prevalece en Oaxaca.
BLANCHE PETRICH
MEXICO, D.F.- Cuando Liliana
Tejada supo que a su esposo
Juan Manuel Martínez Moreno,
detenido el 16 de octubre de
2008 en Santa Lucía del Camino,
Oaxaca, lo acusaban de ser
el asesino material del periodista
estadunidense Bradley Ronald
Will sintió alivio. “La acusación
era tan absurda que lógicamente
pensé que no habría
difi cultad para aclararlo todo y
sacarlo de la cárcel. Después de
10 meses de prisión injusta, me
doy cuenta que enfrentarse a la
procuraduría, a los jueces y al
gobierno es como luchar contra
un monstruo enorme”.
El monstruo al que alude
tiene ramifi caciones en los juzgados
locales y en la Procuraduría
General de la República
(PGR), empeñada en sostener
su hipótesis del asesinato de
Will por un disparo a quemarropa
realizado por un miembro
de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Y que sin prueba alguna descarga
todo el peso de la responsabilidad
del homicidio
sobre Martínez Moreno, panadero
de ofi cio, padre de tres hijos
y quien vive en un pequeño
cuarto rentado, vecino de Santa
Lucía y que, como todos los
de su comunidad, simpatizó
con la APPO durante los días
de la insurrección popular en
Oaxaca.
Pero además, el caso tiene
implicaciones internacionales.
En agosto, el Congreso estadunidense
condicionó la
transferencia de recursos del
Plan Mérida a la entrega de
los avances de la investigación
del asesinato de Bradley Will,
ocurrido en Oaxaca el 27 de
octubre de 2007. Los legisladores
en Washington pusieron
un plazo de 120 días para
la identifi cación de los autores
del crimen.
Dos meses después, la contraparte
mexicana entregó al
Departamento de Estado el
nombre de Juan Manuel Martínez
Moreno. Fue tan burdo
el montaje que incluso los familiares
de Will en Estados
Unidos han reclamado la liberación
inmediata del detenido,
a quien consideran un chivo
expiatorio.
Aunque Juan Manuel y sus
familiares han demostrado
que el día de los hechos, a la
hora del asesinato, el acusado
estaba en su casa y no en la
barricada de Santa Lucía, el
titular de la Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos
cometidos contra Periodistas
(FEADP), Alberto Orellana,
afi rma que su participación
en el asesinato del reportero
“está plenamente acreditada”
mediante su identifi cación por
parte de “diversos testigos” y
en fotografías y videos, pero
esto no es lo que consta en el
expediente.
El abogado del panadero
preso, Gilberto López Jiménez,
asegura que sólo son dos
testigos los que aportan indicios
indirectos para la identifi
cación del acusado y ninguno
de los dos afi rma haberlo visto
en el lugar de los hechos. La
primera testimonial es de Alfredo
Feria Pérez, quien declaró
“saber, por comentario de
otras personas” y “porque es lo
que platican”, que el asesino es
“una persona pesada que tiene
una Cherokee negra”. Martínez
Moreno no tiene vehículo,
nunca lo tuvo ni sabe manejar,
y así consta en los registros de
tránsito de Oaxaca.
Feria Pérez tampoco estuvo
en el lugar del enfrentamiento.
En una primera declaración
para identifi car a Martínez
mediante una fotografía dijo
que no podía decir si fue él.
Posteriormente volvió a declarar
y entonces corrigió su
primera versión. “Es evidente
que hay una inducción”, opina
el defensor. La segunda testimonial
es de Karol Illescas Reséndiz,
quien fue camarógrafo
de Televisa y estaba grabando
para la televisora el día del suceso.
Él ha declarado que no
vio quién disparó, y afi rma que
la famosa frase que se oye en
los registros de Televisa y en la
cámara del extinto documentalista
estadunidense -”Te dije
que no estés tomando fotos,
guey”- la dijo un sujeto al que
no puede identifi car porque tenía
la cara cubierta.
Ninguno de los cerca de 50
testigos que declararon en el
proceso sostiene algo que pueda
inculpar a Juan Manuel.
Los funcionarios de la PGR y
la FEADP afi rman que su versión
está confi rmada con videos
y fotografías, pero no las
han mostrado. En ninguna de
las abundantes imágenes que
quedaron registradas del enfrentamiento
se aprecia la presencia
de Martínez.
“Es notable la ausencia de
pruebas. Cualquier juez ordenaría
la liberación del detenido
porque la acusación no se
sostiene con nada”, asegura
López Jiménez.
La esposa de Juan Manuel
refi ere que incluso en los tribunales
hay consternación por
la evidente injusticia. “El otro
día el juez me dijo: en nombre
de Dios, muévanse. Sabemos
que él no es culpable, pero la
orden de inculparlo viene de
muy arriba”. Según la PGR, se
realizó una “profunda investigación
de inteligencia” que llevó
a la detención del panadero.
“¿Sabe cuál fue la labor de inteligencia?
Quince días antes de
su arresto, lo asaltaron cuando
iba a su trabajo. Dos sujetos lo
interrogaron: su nombre, su
dirección, su trabajo. Le robaron
su identifi cación y luego lo
dejaron ir. Por eso, cuando fue
detenido ya sabían sus datos.
Él reconoció a los que lo habían
asaltado antes”.
El 28 de abril la juez quinto
de Oaxaca le concedió un amparo
para efectos, pero la autoridad
interpuso un recurso
de apelación. La defensa y la
familia esperan ahora el veredicto
de un segundo amparo
para el 28 de octubre. “Esperamos
una resolución justa. Por
lo menos lo tengo muy encomendado
con la Virgen de Juquila”,
nos dice Liliana Tejada
con absoluta convicción.
Obstaculizan en Miahuatlán
visitas de AMLO Juan Manuel Martínez, “chivo
expiatorio” ante el Plan Mérida
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