Porros y rechazados se enfrentan de

nuevo en el campus universitario

OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO

Un grupo de 20 porros y

estudiantes rechazados

de la Universidad Autónoma

“Benito Juárez” de Oaxaca

(UABJO) se enfrentaron ayer por

la mañana en los alrededores de

Ciudad Universitaria.

Según informes de la policía,

no se reportaron lesionados graves,

salvo algunos con golpes leves

por pedradas.

Los porros, encabezados presuntamente

por Rubén Marmolejo,

“El Dragón”, ocuparon las

instalaciones alrededor de las

7:00 horas para aparentemente

inhibir las concentraciones

convocadas por separado por el

Frente Único en Defensa de la

Educación Pública (FUDEP) y la

Coordinadora de Estudiantes no

Aceptados de la UABJO en las

afueras del campus.

Alrededor de las 10:00 horas,

los porros lanzaron piedras y botellas

a los miembros del Fudep

y se replegaron. Sin embargo,

cuando llegaron los agremiados

de la Coordinadora de Estudiantes

no Aceptados de la UABJO,

quienes bloquearon la Avenida

Universidad con algunos autobuses

del servicio urbano de pasaje,

hicieron lo mismo, pero tuvieron

respuesta y se generalizó la gresca.

Los porros, utilizaron hasta los

extinguidores de incendio para

atacar a sus oponentes.

Una media hora después,

agentes de la Unidad Policial de

Operaciones Especiales (UPOE)

de la Secretaría de Seguridad Pública

se presentaron en el lugar

para restablecer el orden.

El subsecretario de Desarrollo

Político de la Secretaría General

de Gobierno,

Javier Jiménez Herrera acudió

al lugar para mediar con los inconformes

pero fue rechazado por la

Coordinadora de Estudiantes no

Aceptados de la UABJO, porque

sus organizaciones agrupadas

Movimiento Juvenil Libertario,

Grupo Marxista Revolucionario,

la Casa del Estudiante Universitario

y el Colectivo 2 de Marzo, por

acatar los resolutivos del Primero

y Segundo Congreso de la APPO,

donde está desconocido el gobierno

estatal.

La interlocución, si fue aceptada

por el Fudep y entregó al

funcionario una lista de alrededor

de 300 estudiantes para ser admitidos

en el nivel superior, que

fueron rechazados en el primer

examen.

Posteriormente, el Fudep y la

Coordinadora de Estudiantes no

Aceptados de la UABJO, se alejaron

de Ciudad Universitaria y

marcharon por separado al Centro

Histórico. A causa de esto, la

policía se retiró.

Yolanda Martínez López,

vocera del Fudep, dio un plazo

de cinco días a la Rectoría para

que atienda sus reclamos de lo

contrario, “accionará contundentemente”.

Y subrayó que los 300 alumnos

rechazados en el examen de

primera oportunidad, incorporados

a esa alianza, están en la disposición

de presentar el de la “segunda

vuelta”, pero resaltó que el

número de espacios ofrecido por

la Máxima Casa de Estudio es insufi

ciente.

Mientras tanto, Adán Mejía

López, miembro de la Coordinadora

de Estudiantes no Aceptados

de la UABJO, exigió al rector

Rafael Torres Valdez la instalación

de una mesa de diálogo para

que sea expuesta la demanda de

admisión de unos 100 estudiantes

y lo emplazó a dar respuesta

a más tardar mañana miércoles o

en caso contrario, se movilizarán

los inconformes.

A su vez, el rector Torres Valdez

condenó los hechos de violencia

y destacó que en la UABJO

solamente se admitirán a

quienes hayan aprobado el examen

de admisión.

“Yo diría como universitario,

que no (se aceptarán)”, remarcó.

Aunque observó que algunos

grupos (de rechazados) “manejan

otro lenguaje, (especialmente)

el del derecho a la educación pública,

y a lo mejor se puede dar”

el ingreso sin la presentación del

examen de admisión.

Pasado el mediodía, los porros

salieron ocultamente de Ciudad

Universitaria y liberaron las instalaciones,

después de causar destrozos

al interior.

En un comunicado, la UABJO

denunció que los porros robaron

computadoras, aparatos

electrónicos y documentación

ofi cial de las secretarías Académica,

de Finanzas y General, así

como de la ofi cina del abogado

general y de la Escuela de Veterinaria

y Zootecnia.

Además, causaron severos daños

a equipos de cómputo, rompieron

cristales de puertas, forzaron

chapas, destruyeron mobiliario

y archivos en general.

La denuncia correspondiente

por los hechos, fue presentada

por la tarde ante la Procuraduría

General de la República por los

representantes legales de la Máxima

Casa de Estudios.

Legitiman magistrados de la Corte

acciones de la PFP en Oaxaca

BENITO JIMÉNEZ/AGENCIA REFORMA MÉXICO, DF.- El uso

de la fuerza pública

en Oaxaca fue legítimo

durante el conflicto que

se vivió en ese estado durante

277 días, indica un informe de

dos magistrados de circuito

que investigaron el caso.

Del 1 de mayo de 2006 al 16

julio de 2007, la capital oaxaqueña

lució ahorcada por la

instalación de barricadas en

más de 70 puntos importantes

de la ciudad, por las marchas,

por los plantones, las tomas

de dependencias públicas y los

cierres de negocios, principalmente

en el centro histórico.

Los diversos enfrentamientos

que protagonizaron la Sección

22 del SNTE y la Asamblea

Popular de los Pueblos de

Oaxaca, contra las autoridades

del estado, y después con efectivos

federales, dejaron un saldo

de 11 muertos.

El análisis de los magistrados

que integraron la comisión

para analizar el caso Oaxaca,

entregarán el informe a la Suprema

Corte de Justicia de la

Nación, donde se presentaría al

Pleno y de ser aprobado, sería

la posición del Alto Tribunal.

En el informe, los magistrados

resaltaron que también

existieron excesos en la ejecución

de los operativos por parte

de algunos agentes de la autoridad,

pero destaca en que la

causa generadora del conflicto

fue la pasividad de las autoridades

estatales para resolver

el problema.

El análisis refiere que ese

movimiento social violó las

garantías individuales a los

ciudadanos de la capital en su

libertad de tránsito debido a

las barricadas; de trabajo por

el cierre de negocios y de dependencias;

y su derecho a la

información por la toma de

radiodifusoras.

“Esta Comisión considera

que los operativos que implementaron

las autoridades encargadas

de la seguridad pública,

con la finalidad de restablecer

el orden, la paz y seguridad

pública en la zona afectada por

las movilizaciones magisteriales

y populares, fueron en uso

legítimo de las fuerza pública”,

indican las conclusiones de la

Comisión.

Para los magistrados, las organizaciones

sociales que apoyaron

las demandas del magisterio

desbordaron el ejercicio

de un derecho de petición y de

manifestación, lo que derivó

en violencia y en afectaciones

a terceros.

El estudio destaca que el

movimiento social no fue pacífico

ni respetuoso y que sus

actos tuvieron el propósito de

propiciar ingobernabilidad al

exigir la desaparición de Poderes

en su pliego petitorio.

EL EXCESO MAGISTERIAL

Las luchas sindicales del magisterio

en Oaxaca, han llevado

a perder el equivalente

a seis ciclos escolares desde

1980 al 2006, año en que estalló

el conflicto en el estado.

Es decir, unos 40 días por

año, de acuerdo con la investigación

de los magistrados.

Indica que de 1993 a 2004

han acumulado el pago de

365 días de sueldo, 10 días

de prima vacacional, 90 días

de aguinaldo y 19 días de

bono de productividad, es

decir, un total de 484 días

cobrados por 200 días que

comprende un año escolar,

aproximadamente.

No obstante, de esos 200

días que comprende el ciclo

escolar, se estima que sólo

asisten 110 días. El ausentismo

de los maestros es más

marcado en las áreas rurales,

se indica en el estudio.

Esta sección magisterial es

la que mayor número de afiliados

tiene el SNTE en todo

el País con 69 mil 256 profesores

y administrativos registrados

al momento del análisis,

que otorgan “clases” a un

millón 200 mil alumnos.

Con el movimiento, el estudio

considera que la Sección

22 utilizó a 99 organizaciones

sociales y viceversa debido

a que sus reivindicaciones

propias fueron relegadas a

un tercer término, ya que lo

primero que exigían era la

renuncia del Gobernador Ulises

Ruiz y la desaparición de

Poderes.

“Este poder del magisterio

oaxaqueño se ha hecho sentir

y ha crecido desde 1980 presentando

peticiones anuales

al gobierno del estado, en el

que las autoridades no sólo

han cedido a sus demandas,

muchas de ellas desbordadas,

sino porque han actuado con

permisión, pasividad y omisión”,

apuntó la comisión de magistrados.

Rechaza la familia de Brad Will informe de policía Canadiense
* Pide abogado aplicar la ley contra los verdaderos asesinos 

Carlos Alberto HERNÁNDEZ
04/08/2009, 05:08:23 AM

Miguel Ángel de los Santos, abogado de la familia Will rechazó ayer aquí las investigaciones realizadas por la Real Policía Montada de Canadá, “no es creíble”, resumió.
Lamentó que tanto el gobierno del estado como la Procuraduría General de la República (PGR), insistan en la teoría del disparo a corta distancia, “no sabemos porque insisten en culpar a la APPO”.
“Siguen con su lenguaje tendencioso, manipulado y político, cuando se refieren a la APPO y a Brad, por eso trajeron a los peritos canadienses con el único objetivo de tener una versión en inglés de lo que pasó”, consideró.
En conferencia de prensa dijo que durante las indagatorias llevadas a cabo por la policía de Canadá, nunca se comunicaron con la familia del camarógrafo independiente, Bradley Roland Will.
Calificó de simulación las supuestas indagatorias de la PGR dado que no son imparciales y objetivas.
“La familia no ha creído nunca, la versión de que los disparos se originaron a corta distancia, se ha pedido se aplique la ley pero a los verdaderos asesinos de Will”, añadió el defensor.
Las declaraciones se dan en el contexto de la iniciativa de la Ley Mérida, así como por la llegada de autoridades de Estados Unidos a México, “de donde se pretende dar una sesgada en el caso”.
Cuestionó el que la instancia federal no haya considerado investigaciones de instancias de derechos humanos internacionales, como Amnistía Internacional, Médicos por los Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras, Humans Rights, entre otros.
Pidió que la PGR consideré la petición que reiteradamente han solicitado e investiguen a los elementos de la Policía Municipal de Santa Lucia del Camino, “ya que fueron fotografiados en múltiples momentos disparando armas de fuego”.
Consideró inocente a Juan Manuel Martínez Moreno, “la PGR ha escogido seguir evidencias fabricadas y testimonios indirectos para llevar a la cárcel a una persona inocente”.