John Ackerman insta a reformar los mecanismos de ayuda de fundaciones extranjeras
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo público dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinó 551 mil 560 pesos a la defensa de los inculpados por la matanza de Acteal, en la que participaron docentes y alumnos de la División de Estudios Jurídicos, a la cual está adscrita la llamada Clínica de Interés Público, responsable de elaborar las demandas de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permitió la liberación de 20 indígenas presos por dicha masacre, perpetrada en diciembre de 1997.
Del total de recursos, el CIDE aportó 239 mil 679.86 pesos de sus fondos, lo que representa 43.4 por ciento del monto; mientras que la Hewlett Foundation entregó 266 mil 880.16 pesos, es decir, 48.3 por ciento, y el Open Society Institute –fundado por el empresario George Soros–, otros 45 mil pesos, 8.6 por ciento de los gastos.
Deficiencias del sistema de justicia
En un boletín informativo, denominado NotiCIDE, se destaca que esta casa de estudios asumió la defensa de los acusados de la matanza de 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños de esa comunidad chiapaneca, por su relevancia como un asunto que muestra las deficiencias del sistema de justicia penal en México, y se espera crear precedentes que mejoren la calidad del proceso penal en México
. Agrega que las razones para asumir el caso son: justicia pronta, derecho a un intérprete, presunción de inocencia y debido proceso.
Cabe destacar que en la Clínica de Interés Público del CIDE, fundada en 2004, participan alumnos y pasantes de la licenciatura en derecho de esta casa de estudios, coordinados por los académicos Javier Cruz Angulo y Guadalupe Barrera. En la defensa de los acusados del caso Acteal también participó el propio Cruz Angulo, quien encabezó a más de una docena de alumnos y pasantes, así como la profesora Ana Laura Magaloni.
En cuanto a las aportaciones de fundaciones extranjeras para la defensa de imputados por la matanza de Acteal, John Ackerman, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en transparencia, afirmó que la Hewlett Foundation no abre convocatorias públicas para solicitar su financiamiento, por lo que hay una asignación discrecional de los recursos, pues sólo se accede a presentar un proyecto por invitación directa
.
Destacó que uno de los grandes pendientes en la agenda de la transparencia son las fundaciones extranjeras que proveen de algún tipo de apoyo financiero a organizaciones civiles o instituciones académicas, pues la cooperación internacional por lo general se mueve con gran opacidad y discrecionalidad que nos habla de la necesidad de emprender reformas urgentes a estos mecanismos de ayuda
.
De acuerdo con el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles AC, la Hewlett Foundation ha apoyado a diversos organismos públicos y civiles en México. Además del CIDE, se encuentran la Fundación Vamos (Rostros y Voces); Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Centro de Investigación para el Desarrollo de México, Centro Mario Molina, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y Centro de Transporte Sustentable de México, entre otros.
La apreciación del ministro abarca a agentes del MP y jueces; pueden ser procesados
En el máximo tribunal tenemos la idea de que ningún confeso ha sido liberado
, expresa
Ante el hecho notorio de que en el caso Acteal un número de pruebas fueron recabadas ilícitamente y que en los procesos penales hubo irregularidades importantes
, los órganos disciplinarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) deben iniciar procedimientos administrativos contra los agentes del Ministerio Público y jueces que avalaron las investigaciones, sostuvo José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En entrevista con este diario, Cossío añadió que hay necesidad social
y existen los elementos legales para abrir procesos de investigación
, y en su caso, de responsabilidad o sanción en contra de los funcionarios referidos. Eso nadie lo puede discutir.
Preguntado en sus oficinas sobre los señalamientos que se han emitido respecto de que el máximo tribunal liberó el pasado 12 de agosto a asesinos confesos, respondió:
“Nosotros tenemos la idea de que ningún confeso ha sido liberado. El nombre que se señaló en algunos medios era el de Lorenzo Pérez Vázquez, quien es una de las personas que en el expediente apareció como confeso, pero en realidad se liberó a Lorenzo Ruiz Vázquez, quien no estaba confeso.
“¿Qué se dijo respecto de los confesos? Que el expediente tenía que regresar para el que tribunal unitario, con las pruebas que nosotros dejamos válidas, determine la culpabilidad o la inocencia de estas personas. La Corte, en este caso, no realizó un análisis de culpabilidad o inocencia.
“¿Por qué liberamos a algunas personas (20) en la primera sala? Porque las violaciones procesales que se dieron fueron tan graves e involucraron a la totalidad de las pruebas, que no quedaba ningún material probatorio para que pudieran ser juzgadas por el tribunal unitario en condiciones de culpabilidad o inocencia.
“Sin embargo, en otros casos, como el de los confesos, anulamos algunas pruebas, pero dejamos algunas otras válidas, porque fueron recabadas legalmente. Consecuentemente, en este caso, los expedientes de las personas confesas y en los casos pendientes de resolver por la sala (28) acontecerá algo semejante, simplemente por identidad en las resoluciones, para que el tribunal unitario, con los elementos probatorios válidos, determine la culpabilidad o la inocencia de las personas.
–En un caso histórico, en el que la Corte determinó que se fabricaron pruebas, hay agentes del Ministerio Público y jueces que valoraron estas mismas pruebas y las dejaron pasar. ¿Hay lugar para fincar alguna responsabilidad a estos funcionarios?
–En este caso, las respectivas instancias, la Procuraduría General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal, están en posibilidades de abrir procesos de investigación respecto de estas personas. A la SCJN no le corresponde determinar la responsabilidad de estas personas ni convertirse en jueces por estos casos, pero siendo un hecho notorio que la sentencia de la Corte determina que un número importante de pruebas fueron recabadas ilícitamente y que en los procesos hubo irregularidades importantes, me parece que los órganos disciplinarios de la PGR y del CJF debieran iniciar los procedimientos correspondientes previstos en la ley.
Cualquiera de las dos instancias está en posibilidad de iniciar averiguaciones. De que hay la necesidad social, por un lado, y, por otro, que existen elementos legales para abrir procesos de investigación, y en su caso, de responsabilidad o sanción, eso nadie lo puede discutir.
–¿En cuanto a la demanda de que se abra otra investigación?
–Hablar sobre esto me llevaría a prejuzgar sobre el tema. Y como no sé si el asunto en el futuro pudiera llegar de nuevo a la Corte, no podría prejuzgar al respecto.
Podemos subsistir sin la Unasur, pero no sin Estados Unidos
, admite Micheletti
AI presenta informe sobre violaciones a los derechos humanos desde el golpe del 28 de junio
Tegucigalpa, 18 de agosto. El gobierno de facto hondureño abrió otro frente de conflicto este martes al romper relaciones diplomáticas con Argentina, cuyo canciller Jorge Taiana era integrante de la misión de seis países que planea visitar Tegucigalpa en busca de una salida a la crisis. Argentina sólo reconoce al mandatario constitucional, Manuel Zelaya.
El gobierno golpista de Roberto Micheletti tomó la decisión después que Buenos Aires expulsó a la embajadora hondureña, Carmen Eleonora Ortez Williams, a petición de Zelaya, y anunció que ahora conducirá sus vínculos diplomáticos con Argentina a través de Israel. Micheletti aseguró que su gobierno subsistirá sin tener relaciones diplomáticas con los países de América del Sur.
Como Chile también expulsó al embajador hondureño a solicitud de Zelaya, no se descarta que el régimen de facto adopte igual medida con Santiago. El anuncio hondureño se suma a las expulsiones de los diplomáticos venezolanos hace cuatro semanas, que han sido desafiadas por Caracas.
Desmiente Zelaya versión de una renuncia
En tanto, Zelaya desmintió una versión según la cual habría renunciado a volver a Honduras y retomar el gobierno. Es una mentira más de los golpistas
, sostuvo.
Resaltó además la firme decisión de acompañar a su pueblo en la lucha heroica contra el régimen golpista
, y aseguró que ese respaldo llegará hasta las últimas consecuencias.
A su vez, Jorge Taiana, de visita oficial en México, anunció que los diplomáticos de su país no tienen previsto salir de Tegucigalpa.
Mantenemos relaciones con el gobierno legítimo de Honduras
, subrayó en una rueda de prensa con su par mexicana, Patricia Espinosa, en la ciudad de México.
En cuanto al antecedente venezolano, a pesar de haber recibido la orden de abandonar el país, el encargado de negocios Ariel Vargas se mantiene en la capital hondureña, donde se encuentra encerrado desde hace un mes en la residencia diplomática por temor a ser apresado si sale a la calle.
Seguidores de Zelaya vigilan la sede diplomática para proteger a Vargas.
Aparte de las expulsiones ordenadas por Argentina y Chile, Costa Rica inició los trámites para expulsar a la encargada de negocios de la embajada de Honduras en San José, Koritza Suazo, también a solicitud de Zelaya.
Honduras podrá subsistir totalmente
sin relaciones diplomáticas con los países que conforman la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), afirmó hoy Micheletti, en respuesta a la serie de expulsiones de diplomáticos hondureños que han sido desconocidos y expulsados por las naciones sudamericanas por responder a su gobierno y no a Zelaya.
No nos preocupa que en un momento determinado ellos no reconozcan nuestro gobierno, porque no tenemos una razón que nos motive a buscar una relación
con la Unasur, pero sí con Estados Unidos, que es nuestro mayor importador de productos
, afirmó el mandatario de facto.
En cuanto al no reconocimiento a su gestión de parte de la comunidad internacional, Micheletti dijo que es una posición temporal
, pues los gobernantes actuales de Sudamérica van a concluir sus mandatos y sus sucesores pueden tener una opinión diferente.
La Organización de Estados Americanos (OEA) confirmó la semana pasada su disposición a enviar a Honduras una misión de cancilleres para conversar con el régimen golpista, visita que se realizaría a finales de esta semana o la próxima.
La misión la integrarán los cancilleres de Argentina, México, Canadá, Costa Rica, República Dominicana y Jamaica, pero su viaje se retrasó pues inicialmente el régimen de facto objetó que fuera con ellos el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a quien acusa de falta de imparcialidad
.
Los países más influyentes, como Estados Unidos, pueden hacer un poco más
para restablecer la democracia en Honduras, en opinión de Taiana, quien formará parte de la comitiva de la OEA. Agregó que no se reconocerá a gobierno alguno en Honduras que surja de las elecciones previstas para el 29 de noviembre a través de un proceso conducido por el gobierno golpista.
Taiana señaló que el objetivo de la misión de la OEA es que se cumpla la resolución del organismo continental que pide el pleno restablecimiento de la democracia en Honduras y de Zelaya en el gobierno y el cumplimiento del calendario electoral bajo una presidencia constitucional
.
Más de 50 días de marchas
La resistencia contra el golpe de Estado en Honduras cumplió este martes 52 días de marchas en la capital y acciones de proselitismo en los barrios; y con la promesa de que continuarán su lucha pese a la represión por parte del gobierno golpista.
Micheletti advirtió que frenará el vandalismo de los zelayistas
y que tanto el ejército como la policía hondureños tomarán decisiones enmarcadas en la ley
para que no haya derramamiento de sangre
durante las manifestaciones.
Amnistía Internacional (AI), expresó su preocupación este miércoles por los abusos de las fuerzas de seguridad en Honduras desde el golpe del 28 de junio, y urgió a la comunidad internacional a buscar una solución para evitar una crisis de derechos humanos
en ese país.
Esta es la principal conclusión del informe: Honduras: crisis de derechos humanos amenazada cuando la represión aumenta, presentado en la sede de la organización en Londres, y que recopila testimonios y fotografías de 75 detenidos el día 30 de julio, tras haber participado en una manifestación en Tegucigalpa.
El gobierno estadunidense aceptó este martes haberse reunido con una delegación de representantes del régimen de facto como parte del plan del presidente costarricense, Óscar Arias, de restauración de la democracia, aseguró este martes el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly.
La secretaria estadunidense de Estado, Hillary Clinton, reiteró hoy que Washington respalda la reinstalación de Zelaya en la presidencia, prevista en el proceso de mediación costarricense.
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