Activista: pese a su excarcelación no dejan de ser culpables
La Corte, un perpetrador más en la masacre de Acteal, dice el CDHFBC
Entre los elementos más controvertidos en la liberación de una veintena de paramilitares sentenciados por la masacre de Acteal en 1997 está el que haya salido con ellos Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los cinco asesinos confesos, y también uno de los autores
de la versión de enfrentamiento
con los zapatistas (la batalla
que reiteran los defensores de este grupo).
El defensor y activista de derechos humanos Michael Chamberlin, con años de experiencia en las comunidades indígenas de Chiapas, señala sobre los paramilitares priístas: a pesar de la liberación no dejan de ser culpables
.
Y considera: La verdad de los hechos y la justicia no son el tema en la decisión recientemente tomada por la Corte; de otra manera, la decisión sabia habría sido reponer el procedimiento (amparo para efectos). Los testimonios se han soslayado al grado que entre los liberados se encuentra uno de los cinco confesos por la masacre
cuya foto aparece (exhibiendo un arma de alto poder) en el Libro blanco de Acteal, de la Procuraduría General de la República: Lorenzo Pérez Vázquez.
Añade que las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías federal y estatal, la pérdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso son la coartada perfecta para que hoy la Corte deje libres a los responsables materiales de la masacre
.
Al tiempo de la ofensiva paramilitar en Chenalhó hace 12 años, Lorenzo Pérez Vázquez, de la comunidad Los Chorros, tenía 17 años, y seguía, se supone que ciegamente a Roberto Méndez Gutiérrez, otro de los asesinos confesos y jefe local, en Los Chorros, de la banda criminal que se extendió por medio municipio pedrano y llegó a tener más de 200 miembros comprobados.
Diez años después, en las declaraciones para la reconstrucción ministerial
impulsada por la defensa del CIDE en 2007, Pérez Vázquez expuso su novedosa versión: Nos dimos cuenta de que la iglesia donde se reunían (las víctimas) estaba rodeada de varias trincheras. Por eso atacamos alrededor de la iglesia. Nunca entramos en la iglesia, estábamos enfrentándonos fuera de la iglesia
. La extemporánea versión ha dado pie a especulaciones que apuestan a la desmemoria y el paso de los años.
Los demás asesinos confesos, Roberto Méndez Gutiérrez, Alfredo Hernández Ruiz, Felipe Luna Pérez y Mariano Luna Ruiz, permanecen en la cárcel.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) manifestó repudio y preocupación
por la decisión que el pasado 12 de agosto tomaron los ministros de la primera sala de la Suprema Corte, José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío Díaz, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, votando en favor de amparar y conceder la libertad de 20 paramilitares perpetradores de la masacre de Acteal y repusieron el procedimiento de seis, dejando pendiente de resolver sobre 31 personas
.
Para el centro, que ha seguido el caso desde el primer momento, genera dudas la obvia contradicción del ministro Sergio A. Valls Hernández al votar en contra de la liberación de los autores materiales, siendo el responsable de atraer el caso a la SCJN, promovido por abogados del CIDE a favor de los 57 paramilitares, cuyo resultado deja en plena impunidad el crimen de lesa humanidad y constituye un retroceso del escaso avance
para castigar a los perpetradores materiales de la masacre.
Durante la deliberación de este acto vergonzoso
, los ministros impidieron el acceso a la audiencia pública a los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Acteal, siendo los agraviados directos
.
Fomenta la Corte la impunidad
El CDHFBC sostiene que la Corte no actuó con la seriedad que merece el caso
, al priorizar la valoración de los requisitos de forma sin indagar en el fondo y sin llevar a cabo una profunda argumentación jurídica dentro de la audiencia pública, frivolizando un caso tan grave y ominoso
. Con esta acción, la Corte se convierte en un perpetrador más de la masacre de Acteal asumiendo su papel en la estrategia de contrainsurgencia, en el marco del conflicto armado no resuelto en Chiapas, dando pie a la tergiversación de los hechos del 22 de diciembre de 1997
.
Su resolución profundiza el deterioro de las instituciones del Estado que deberían garantizar el acceso a la justicia y las medidas de no repetición, ya que fomenta la impunidad, al ser utilizadas para favorecer grupos de los poderes fácticos que han trabajado y trabajan para sepultar un crimen de Estado y a sus autores intelectuales
, concluye el centro.
La policía pone las bombas para reprimir a los zelayistas, acusa la resistencia popular
Cuatro artefactos incendiarios fueron lanzados contra el rotativo durante la madrugada del sábado
Agreden fuerzas del orden a un reportero gráfico de El Tiempo, único medio contrario a la asonada
Tegucigalpa, 15 de agosto. Sujetos no identificados lanzaron en la madrugada de este sábado cuatro bombas incendiarias contra instalaciones del periódico El Heraldo, aliado del gobierno de facto de Honduras, al tiempo que el matutino El Tiempo, el único que denuncia el rompimiento del orden constitucional con el golpe de Estado del 28 de junio, informó hoy que uno de sus reporteros gráficos fue agredido la víspera por miembros de la Policía Nacional.
Las bombas contra las instalaciones de El Heraldo fueron lanzadas a las dos de la mañana, al parecer por cuatro individuos. Según un reporte policial de los hechos, la intención del ataque fue causar un incendio en el edificio, pero las llamas fueron extinguidas rápidamente y solamente hubo daños en la recepción y en el área de seguridad del periódico.
El subdirector del rotativo, Carlos Mauricio Flores, informó que ésta es la tercera o cuarta ocasión
que el diario sufre ataques en medio de la crisis política que vive Honduras desde que el presidente constitucional Manuel Zelaya fue expulsado del país por los militares, en cooperación con los poderes Judicial y Legislativo.
Flores sugirió que detrás del ataque están las organizaciones populares, obreras y campesinas agrupadas en el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado, porque, dijo, los dispositivos utilizados por los atacantes son similares a los encontrados el miércoles en un cateo de la policía en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), utilizado como puesto de operaciones de los opositores.
Pese a que 13 bombas halladas en la UPN fueron presentadas por la policía como evidencias contra el movimiento popular antigolpista, un magistrado anuló la validez de esas supuestas pruebas.
Además del ataque a El Heraldo, esta semana fueron agredidos periodistas y fotógrafos de radioemisoras y canales de televisión privados, catalogados de golpistas
por miembros de las organizaciones favorables a Zelaya.
El diario La Tribuna informó que durante la madrugada del pasado viernes tres hombres armados bloquearon el paso al vehículo distribuidor del periódico en el departamento de Olancho (este del país), amarraron al conductor y prendieron fuego al transporte.
La Tribuna es propiedad del ex presidente Carlos Flores Facussé, quien es señalado de favorecer la expulsión de Zelaya del país.
Juan Barahona, dirigente de la resistencia popular, rechazó que los ataques a la policía sean obra de los opositores al golpe de Estado y explicó que en la década de los años 80, durante la represión a los movimientos populares de izquierda y el apoyo ala contrarrevolución nicaragüense –montada desde Honduras con ayuda de Estados Unidos–, los que ponían las bombas eran los policías y los militares para justificar la represión y es lo que están haciendo ahora, para reprimir, golpear, torturar y encarcelar a nuestra gente
.
Las agresiones contra reporteros del diario El Tiempo, en contraste con las acciones reportadas por otros medios de comunicación, fueron cometidas –y documentadas con fotografías– por agentes de la Policía Nacional.
El primer ataque a golpes ocurrió el 5 de agosto y fue en agravio de Héctor Clara Cruz, reportero gráfico que cubría el desalojo de opositores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, otro de los puestos de operación de la resistencia al golpe de Estado.
El ministro de Seguridad, Mario Perdomo, lamentó los hechos, pero también consideró que la agresión a Clara Cruz pudo ser producto de una acción involuntaria o de un accidente
.
El pasado viernes, el fotógrafo Julio Umaña, de El Tiempo, no sólo fue embestido por policías que avanzaban hacia el desalojo de manifestantes en una zona periférica de Tegucigalpa, sino que además decomisaron su cámara digital y borraron el material fotográfico captado ese día.
Durante la incursión de unos 300 agentes, la policía también golpeó y detuvo a Gustavo Cardoza, de Radio Progreso, y a Edwin Castillo, reportero de un medio informativo de la localidad de Tela, departamento de Atlántida.
Al explicar la causa de las detenciones, el subcomisionado de la policía, Héctor Iván Mejía, dijo que los periodistas fueron requeridos porque la fuerza pública está obligada a detener a cuanta persona considera que participó en los disturbios. Después, en la sede policial, se hace el análisis y se establece quiénes andaban trabajando y quiénes participaban en la protesta. Recuerde que un carnet (de identificación) puede fácilmente ser falsificado
, dijo el funcionario policial, citado en un despacho publicado por El Tiempo en su sitio de Internet.
La Fiscalía de Derechos Humanos intervino más tarde para recuperar el equipo fotográfico del reportero de El Tiempo y gestionó ante la policía la liberación inmediata de los informadores que habían sido detenidos.
En un mensaje difundido en cadena nacional el viernes por la noche, el presidente golpista Roberto Micheletti anunció el fortalecimiento de acciones judiciales contra los opositores que violen el orden legal y destacó que en los próximos días impedirá el bloqueo de vías públicas, que ha sido una de las principales formas de protesta de la resistencia.
Micheletti aseguró además haber superado el aislamiento internacional al que fue sometida su administración, como efecto de la visita realizada esta semana por una delegación gubernamental a Washington, donde fue recibida por diplomáticos estadunidenses.
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