José Sotelo Marbán aborda en un libro el origen del conflicto y el papel represor del gobierno
terrorismo de Estado
El estudio, prologado por el historiador Carlos Montemayor, reúne parte de las conclusiones del tribunal popular, formado por intelectuales y defensores de derechos humanos
Sin lugar a dudas, y con todos los elementos para afirmarlo tal como es, lo que sucedió en Oaxaca en 2006 fue un operativo de represión ordenado por las más altas esferas del poder estatal, una agresión descarada contra un movimiento social pacífico, que no debe quedar impune.
De esa manera se expresó en entrevista con La Jornada el investigador José Sotelo Marbán, autor del libro Oaxaca: insurgencia civil y terrorismo de Estado (Ediciones Era), en el que explora los motivos que generaron el estallido social en la entidad del sur del país y la forma en que el gobernador Ulises Ruiz pretendió sofocarlo mediante el uso de la violencia.
El estudio, prologado por el escritor y analista Carlos Montemayor, reúne buena parte de las conclusiones a las que llegó el grupo de intelectuales, académicos y defensores de los derechos humanos –entre ellos el propio Sotelo– que integraron el llamado tribunal popular, instancia que condenó de manera simbólica al mandatario oaxaqueño por sus abusos y crímenes
.
Luego de recopilar abundantes datos sobre la represión ejercida por la policía y diversos grupos clandestinos paramilitares, el investigador señala que las autoridades incurrieron en el terrorismo de Estado
para someter a los activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Al utilizar de manera desmedida los cuerpos de seguridad para fines no legítimos e incluso criminales
, se produce el terrorismo de Estado, como ya se perfiló en algunas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, explicó Sotelo.
El gobierno de Ulises Ruiz ya era ilegítimo de origen, pues nunca hubo certeza de que ganara las elecciones de manera limpia, pero lo más grave es cómo después ejerció el poder, confrontando de manera violenta a las organizaciones populares, lo cual va más allá de las facultades de un Estado civilizado
.
A esta situación, de por sí grave, se suma un factor más: el sistema local de justicia operó de forma consciente para inculpar y criminalizar a las víctimas de la represión oficial. Todas estas características hacen que se pueda hablar con toda propiedad de terrorismo de Estado, que enfrentó a una insurgencia popular pacífica totalmente ejemplar.
Uno de los engranajes para que todo esto sucediera sin generar demasiadas reacciones de indignación fueron los medios informativos. El papel de éstos fue absolutamente crucial. Los medios, en este momento, ya forman parte de una estrategia de guerra
, acusó el autor.
La prensa nacional, en su mayoría, “nos vendió una idea totalmente equivocada de lo que ahí sucedía. Si los grupos paramilitares del gobernador quemaban un autobús, de inmediato la prensa decía: ‘ésos, los de la APPO, son unos bárbaros’, lo cual suscitó el rechazo de la población, que no quería tener nada que ver con extremistas”.
Como resultado de esa labor cotidiana de desprestigio, los activistas no lograron explicar el sentido de sus demandas, quedaron aislados y no hubo ningún movimiento nacional en su defensa, ni siquiera de los intelectuales.
A la luz, la podredumbre
La cancelación de las vías legales para manifestar su descontento, afirmó Sotelo, provocó que la APPO buscara a un grupo de personas que actuara como especie de conciencia moral para juzgar los hechos. Ese tribunal popular respaldó su veredicto con una investigación previa, en la cual conocimos la realidad de Oaxaca y la parte más podrida del sistema
.
Si el movimiento alcanzó tales niveles, no fue producto de la casualidad. Oaxaca es un estado en el que existen organizaciones sociales de todo tipo, que se aglutinaron en torno de la figura de la APPO orilladas por la política represiva de Ulises Ruiz, puntualizó Sotelo.
Esa organización tuvo la virtud de dar voz a todos los colectivos que lo integraron, por diversos que fueran, e incluso a los ciudadanos sin militancia política. En las barricadas y hasta como reporteros, los oaxaqueños se dieron cuenta de que podían manejar la situación, como cuando las mujeres operaron la radio y la televisión, y lo hicieron con éxito.
A futuro, lo que corresponde a los activistas es aprender de estas experiencias para definir las siguientes etapas de la lucha. Tenemos que ser perseverantes para encontrar resquicios donde buscar justicia. Como en los casos de la matanza de Acteal y del desaparecido Rosendo Radilla, en esta lucha no podemos claudicar jamás.
Por su parte, Carlos Montemayor apuntó que la obra de Sotelo Marbán es resultado de una investigación acuciosa de la conformación de la APPO y de las estrategias oficiales de control y sometimiento, que se caracterizan como terrorismo de Estado
.
Mediante esta investigación podemos conocer las condiciones de violencia oficial que priman en México. Es un documento sustancial para entender este proceso, además de un modelo de lo que podría ocurrir en el país cuando la justicia esté al servicio de los pueblos y no de las elites
.
La PGR debe corroborar lo asentado en el informe de EU sobre el caso: Elisur Arteaga
a partir de la hipótesis de que fue un crimen de Estado
El origen de la matanza de Acteal y la ubicación de sus autores intelectuales y materiales deben ser investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) a partir de la hipótesis que plantean los informes desclasificados del servicio de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, en los que se revela que los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo apoyaron la creación de grupos paramilitares en Chiapas, sostuvo el constitucionalista Elisur Arteaga Nava.
La investigación de Acteal debe reabrirse a partir de la hipótesis central de que haya sido un crimen de Estado. El informe de Estados Unidos (sobre la matanza de 45 indígenas) si bien no tiene fuerza vinculatoria en nuestro sistema jurídico para que la fiscalía pudiera utilizarlo como prueba ante los tribunales, si es una mera información que desde luego debe ser corroborada por las autoridades mexicanas con los elementos de investigación a su alcance
, expuso ayer Arteaga Nava en entrevista con La Jornada.
Lo que se hizo mal
El subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Juan Miguel Alcántara Soria, informó el pasado viernes en Yucatán que la PGR revisa lo que pudo haberse hecho mal
, y también líneas de investigación que quedaron pendientes en el caso Acteal
.
Según dijo el funcionario, el Ministerio Público Federal ya revisa la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dejó hade dos semanas en libertad a 20 indígenas acusados de masacrar a 45 tzotziles en diciembre de 1997 en Chiapas.
Sobre los alcances de la reapertura de la investigación por los hechos en Acteal, Elisur Arteaga, catedrático de la Escuela Libre de Derecho, quien ha sido profesor de funcionarios de primer nivel como el presidente Felipe Calderón y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró ayer que la resolución de la primera sala de la Corte apunta en cuatro sentidos.
Primero: que se investigue quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de la matanza. Segundo: que se sancione a quienes alteraron, como Ministerio Público, las pruebas para acusar a estas personas liberadas. Tercero: se investigue a los jueces y magistrados que intervinieron en esto. Cuarto: que se indague también la omisión y alteración de la escena del crimen por parte de las autoridades locales, a las que originalmente les correspondió realizar las pesquisas del crimen
, puntualizó.
El especialista en derecho constitucional destacó que las recientes revelaciones del archivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos son un elemento claro para incluirlo como hipótesis en la averiguación de la PGR.
Y si de ahí se desprenden datos donde señale una intervención concreta de influencia de acciones paramilitares propagadas por tal o cual servidor público, pues será parte de la indagatoria, pero no podrá ser la base para una posible consignación penal contra uno o varios presuntos responsables
, precisó.
Los nuevos textos, fruto de una reforma improvisada a educación básica: Olac Fuentes
Por no responder a las necesidades formativas, maestros pedirán ediciones privadas, advierte
El investigador Hugo Casanova indica que las obras retoman la memorización y el enciclopedismo
Los nuevos libros de texto gratuitos con los que arranca la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) –que en este ciclo escolar impactará a siete de los 25 millones de estudiantes que hoy lunes regresan a las aulas– eliminan de un plumazo la Conquista de México y los tres siglos de dominación y colonialismo español.
Ésta es la consecuencia de haber entregado
a un grupo político –el de Elba Esther Gordillo– la educación, ya que la RIEB, encabezada por el subsecretario de Educación Básica, Fernando González Sánchez, yerno de la maestra, es una reforma caótica
y estos títulos son el resultado de un proceso improvisado y sin coherencia interna
, afirmó el especialista Olac Fuentes Molinar.
A petición de La Jornada, el ex subsecretario de Educación Básica se dio a la tarea de analizar los 10 volúmenes correspondientes a primero y sexto grados de primaria con los que en este ciclo comenzará la RIEB. Tras su estudio advirtió sobre la debilitación institucional
de los libros de texto, ya que los pone en riesgo
.
Al no corresponder estos textos a las necesidades formativas de los niños de primaria ni a sus posibilidades de aprendizaje en términos de edad y diversidad, muchos maestros pedirán libros alternos editados por la iniciativa privada, sostuvo el especialista.
Expresó que con estos volúmenes se formarán alumnos llenos de confusión y debilidad de estructuras académicas fundamentales, como la comprensión de lectura y la indagación
.
La SEP debió distribuir para el ciclo 2009-2010, que hoy arranca con el regreso de más de 25 millones de estudiantes, un total de 175 millones de libros de texto gratuitos, de los cuales 27 millones corresponden a los textos de primero y sexto grados con el nuevo plan de estudios de la RIES, según datos de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB).
Historia recortada
Entre una de sus primeras observaciones, Olac Fuentes Molinar advirtió que la etapa de la Conquista y el establecimiento de las estructuras coloniales y, junto con ello, la explicación de por qué dominaron los españoles; o las concepciones de Fray Bernardino de Sahagún, quien dedicó parte de su vida a la indagación de la cultura de los antiguos mexicanos, o de Fray Toribio de Benavente, Motolinia, quien defendió a los autóctonos de los abusos de los conquistadores, no aparecen en el libro de historia de sexto grado y de los programas de estudio
de ese año.
Explicó: Los contenidos que estaban en quinto grado hasta el año pasado, que buscaban articular la historia de México con la de la humanidad, en la que se abordaba la Conquista, la Colonia, ahora la van a ver en sexto año, pero recortada porque ni siquiera llega a la Conquista
.
El bloque cinco, titulado La expansión cultural y demográfica, que cierra el nuevo libro de historia de sexto, aborda el Renacimiento, contemporáneo de otras temáticas que también incorpora, como la era de los descubrimientos y de los viajes de exploración de los siglos XV y XVI, pero sin mencionar la Conquista y el periodo colonial.
El problema es: ¿Dónde van a ver historia moderna y contemporánea de México, hasta secundaria?... Los niños de primaria tienen que salir con una visión básica de la historia completa, entre otras razones porque no todos van a secundaria
, subrayó Fuentes Molinar.
Olac Fuentes mencionó que su reserva es si esto es provisional o no. Sólo tendría sentido si hubiera un nuevo libro para sexto y el actual regresara a quinto grado
.
Por su parte, el investigador Hugo Casanova del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, expresó que en el citado libro de Historia se desconoce el complejo y doloroso origen de nuestra nación
y, en cambio, hay una visión de una historia eurocentrista
. Sin caer en extremos, es necesaria una concepción en la que podamos comprender al mundo a partir de los orígenes de nuestros pueblos, destacó.
No sólo es importante el conocimiento erudito, sino una cultura básica que permita ser ciudadanos, para ir por el mundo después. Si no tenemos claro cuáles son nuestros fundamentos es muy difícil que posteriormente lo logremos.
También observó que en dicho texto hay una visión parcial
y poco clara de las civilizaciones mesoamericanas, a las cuales se les desdibuja sin que se alcance a percibir su magnitud.
Hugo Casanova enfatizó que es evidente una concepción de la historia absolutamente tradicionalista, fundada en fechas y en nombres
, lo cual se había tratado de superar. Y además, la narración, como un fundamento didáctico de la enseñanza de la historia, ya no existe. Estos libros, sintetizó, constituyen una muestra más de las limitaciones de quienes gestionan la educación
.
La píldora del día siguiente, fuera
Pese a que desde enero de 2004, la pastilla del día siguiente está oficialmente reconocida al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación a la norma NOM-005-SSA2-1993 de los servicios de planificación familiar, este método no se incluye en la relación de los tipos de anticonceptivos que se enseñan en el libro de ciencias naturales de sexto de primaria.
En la lección tres denominada La reproducción humana –la cual consta de cuatro páginas–, se mencionan entre los principales métodos anticonceptivos: las pastillas regulares, las inyecciones, el dispositivo, los espermicidas y los condones, pero no las llamadas píldoras de emergencia, mismas que diputados y senadores del PAN, sacerdotes y asociaciones religiosas trataron infructuosamente de evitar al promover un juicio de amparo.
Sin embargo, Olac Fuentes destacó que la información sobre la pastilla del día siguiente para los adolescentes “es central porque es cuando más probablemente ocurre el ‘se me fue la onda y ya’”.
Otros de los problemas de los textos de la RIEB es que hay excesos conceptuales
, al exigir al niño el dominio de conceptos que corresponden a grados más avanzados, añadió. Tal es el caso de la temática sobre la evolución de la vida y el origen del universo que por primera vez se incluye en el libro de ciencias naturales y donde, incluso, se pretende que los alumnos se acerquen a la teoría del Big Bang.
Lejos de combatir la memorización y el enciclopedismo, los títulos contienen un exceso de información
que acentúa esas problemáticas y carecen de elementos para la formación
. El caso más grave
, consideró, es el texto de español de primer año, ya que dicho volumen, como los otros de ese grado, parte de que los niños ya saben leer y escribir, lo cual resulta desconcertante
, resaltó Fuentes Molinar.
Otra de las constantes de dichos textos es que responden a un tipo de escuela idealizada, dotada de recursos en abundancia
, coincidieron los expertos. Así, los libros instruyen al alumno a buscar en las bibliotecas de aula o en Internet, como si todos tuvieran acceso a esos medios.
Fuentes Molinar lamentó que el destino de la mayor parte de toda esta saturación contenida en los textos será el olvido
y un mal recuerdo de la primaria: Es desesperante y preocupante el grado de charlatanería con el cual se refieren a la educación y la presunta sapiencia
.
No tengo posibilidad o garantía de defenderme legalmente
, dice una líder que está oculta
Enfrentan cargos relacionados con los hechos de violencia 120 indios de la región
Lima, 23 de agosto. Teresita López está escondida. En algún lugar de la Amazonia
es lo más que está dispuesta a revelar sobre su ubicación ahora que el gobierno peruano la ha puesto en la lista de los más buscados.
Las autoridades limeñas la acusan de incitar al asesinato, sedición e insurrección. Ella dice que todo eso es absurdo; lo único que ha hecho es proteger los derechos de la comunidad indígena peruana de la Amazonia, compuesta por unas 350 mil personas, y ayudarles a salvaguardar su modo tradicional de vida, amenazada por un presidente que se empeña en abrir la zona amazónica a compañías mineras, madereras y petroleras internacionales.
El pueblo indígena del Amazonas no le pide nada al gobierno porque éste jamás nos ha apoyado
, dijo López en entrevista. Lo único que exigimos es que se respete nuestra forma de vida y el derecho que tenemos como ciudadanos a vivir en nuestra tierra, en la que nacimos y en la que queremos morir
.
Las tensiones en este rincón de Sudamérica aparecieron en el radar internacional en junio pasado, cuando ocurrió una matanza que se dio a conocer como el Tiananmen de Amazonas
.
Decenas de personas murieron y cientos más resultaron heridas cuando la policía peruana disparó contra multitudes que se manifestaban en una carretera cerca de la ciudad norteña de Bagua Grande contra los planes gubernamentales de vender tierras de los indígenas a corporaciones extranjeras.
Esto degeneró en una crisis política para el presidente Alan García. Su popular primer ministro Yehude Simón renunció a su cargo, en aparente protesta por la forma en que se manejó el asunto. Ahora, a más de dos meses de los trágicos acontecimientos, el aún tambaleante gobierno del presidente ha enfocado su atención en la venganza.
López, lideresa comunitaria de la tribu Yanesha, es una de las dirigentes más reconocidas de los indios de la Amazonia y se ha visto obligada a esconderse. Se arriesga a una condena de prisión perpetua si es arrestada y sentenciada.
Se nos ha acusado de sedición, rebelión e insurrección
, explicó. Estos cargos fueron anunciados en una conferencia de prensa, lo que es una violación a todos los procedimientos legales. Para todo efecto, el gobierno nos persigue a los líderes, por trabajar para los pueblos indígenas y expresar sus demandas
.
Las autoridades peruanas la acusan de ser responsable de incitar la matanza de Bagua el pasado 5 de junio, pero López dice que ella se encontraba ese día en Lima, que está a más de mil 400 kilómetros de Bagua Grande.
Los cargos que se le imputan se basan más bien en una conferencia de prensa televisada que ella dio en mayo, en la capital y la cual, según la fiscalía, contribuyó a desatar los disturbios. He sido acusada y se ha girado una orden de aprehensión en mi contra por estar sentada detrás de una mesa durante una conferencia de prensa
, explica López. Ni siquiera dije nada. ¡Imagínese si hubiese abierto la boca!
La mujer, de 48 años, originaria de la región de Oxapampa, en el centro de Perú, dice que ha sido albergada por hermanos, familia y colegas del movimiento indígena
.
Se le ha aconsejado que permanezca oculta o que busque asilo, pero que no trate de salir a limpiar su reputación. No tengo ninguna posibilidad o garantía de defenderme legalmente porque el Poder Ejecutivo está interfiriendo en las funciones del Judicial
, afirma.
En el corazón de la disputa están las 13 leyes que reveló el presidente García el año pasado. Éstas amenazan con poner a disposición de compañías madereras, mineras y petroleras extranjeras 67 millones de hectáreas de la selva amazónica virgen para ser explotadas. Esto enfureció a los indígenas, quienes protagonizaron protestas en que exigieron se derogaran las leyes. Cuatro de las 13 controvertidas leyes han sido desechadas, pero aún quedan nueve de ellas sin tocar.
Stephen Corry, director de la organización Survival International (Sobrevivencia Internacional N de la T), un lobby con sede en Londres que trabaja en favor de las organizaciones tribales dice que el caso de Teresita ilustra claramente lo que ocurre actualmente en Perú. El gobierno de García está decidido a sabotear al movimiento indígena al obligar a sus líderes a exiliarse so pena de acabar en prisión
, sostuvo Corry.
Alberto Pizango, líder de Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), un grupo que representa a 56 tribus, obtuvo asilo en Nicaragua junto con dos de sus colegas como resultado de la violencia y en calidad de perseguidos políticos. La nación centroamericana considera que estos hombres no tienen posibilidad de obtener un juicio justo en su país. El número de indios amazónicos que enfrentan cargos relacionados con la matanza que ellos atribuyen a la policía se ha disparado hasta llegar a 120.
Según grupos de derechos humanos, entre los que están siendo perseguidos figuran 48 indios que aún están hospitalizados y bajo tratamiento por las lesiones que sufrieron a manos de las fuerzas de seguridad que abrieron fuego en junio pasado. Guardias armados vigilan las instalaciones médicas para garantizar que los indígenas Aguaruna y Wampi puedan ser arrestados y llevados a prisión en cuanto los médicos los den de alta.
El líder indígena Santiago Manuin recibió cuatro balas en el estómago en Bagua. Aún se encuentra en cama y con un catéter que le drena el intestino, mientras la puerta de su habitación es vigilada por cinco guardias armados con rifles AK-47.
Manuin declaró la semana pasada que la justicia no existe para los indígenas. El gobierno da más valor a la policía que a nosotros y no quiere reconocer su error
.
Perú insiste a nivel oficial que sólo 33 personas murieron en Bagua, de las cuales diez eran manifestantes y 23 eran oficiales de policía armados; observadores afirman que hay muchos miembros de tribus cuyo paradero se desconoce hasta hoy. Reporteros en el lugar estiman que el saldo fue de al menos 60 muertos.
El gobierno peruano ha enfrentado críticas internacionales generalizadas por los asesinatos. Su ministro de Justicia fue hecho comparecer ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra este agosto, y un enviado especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Indígenas pidió una investigación independiente de los hechos.
Con retraso, dada la velocidad con que se están presentando cargos contra los líderes indígenas, Perú anunció finalmente esta semana acciones contra dos generales de la policía armados que estuvieron en Bagua a quienes acusan de homicidio, junto con otros 15 uniformados de inferior rango.
Está por verse si esto será suficiente para apaciguar a los opositores de García y reparar su reputación. Desde los hechos en Bagua, la aprobación del presidente en encuestas ha caído en 25 por ciento, y se dice que su antiguo aliado, Yehude Simón está considerando hacer una campaña hostil para quedarse con la presidencia del país.
© The Independent
Traducción: Gabriela Fonseca
Cierra filas con el gobierno de Micheletti para descartar un eventual retorno de Zelaya
Rechaza el máximo tribunal toda posibilidad de formar un gobierno de unidad nacional
Tegucigalpa, 23 de agosto. A unas horas de la llegada de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Tegucigalpa, el gobierno de facto y la Suprema Corte de Justicia de Honduras cerraron nuevamente filas frente a la acción diplomática y descartaron una vez más el eventual retorno al poder del presidente Manuel Zelaya, punto toral del acuerdo de San José propuesto por el presidente costarricense, Óscar Arias, para restablecer el orden político constitucional en esta nación centroamericana.
La Suprema Corte de Justicia dio a conocer una opinión sobre el documento de propuesta del convenio de San José
en el que se anticipó al inicio de la visita de los cancilleres de México, Canadá, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Jamaica –además del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza–, que intentarán negociar una salida al conflicto político derivado del golpe de Estado del 28 de junio.
El presidente constitucional, sujeto a acusaciones penales
El máximo tribunal no rechaza explícitamente el acuerdo formulado el mes pasado en la capital de Costa Rica, a instancias del mediador, el presidente Arias, pero puso objeciones a 10 de los 12 puntos del documento y advirtió particularmente que Zelaya está sujeto a acusaciones penales que no puede eludir
.
En los hechos que precedieron a la expulsión de Zelaya de Honduras hacia Costa Rica, el 28 de junio pasado, la corte desempeñó un papel central al haber girado la orden a las fuerzas armadas para que ejecutara la captura y el traslado fuera del territorio.
El Poder Legislativo, que no se pronunció sobre la presencia de la delegación de la OEA, convocó cuatro días antes de la expulsión a una sesión de evaluación de las capacidades de Zelaya para seguir al frente del gobierno, cuando el mandatario proponía la celebración de una consulta popular que determinara si en las elecciones de noviembre de 2009 se podría instalar una cuarta urna para rechazar o aprobar el llamado a una asamblea constituyente.
Los magistrados, que dieron a conocer su postura cerca de la medianoche del sábado, ratificaron que la destitución de Zelaya es resultado de lo que denominan sucesión constitucional
, en contradicción con el concepto de golpe de Estado al que han hecho referencia organismos internacionales como la OEA.
En el sexto punto, la corte ratifica que las actuaciones de este poder del Estado, particularmente en lo relativo con el proceso de sucesión constitucional, han sido ejecutadas y continuarán ejecutándose dentro del marco de la Constitución y las leyes y con la más absoluta independencia, con base en el principio de separación de poderes e imparcialidad que corresponde al ejercicio de la judicatura para fortalecer los postulados del estado de derecho
.
En el sexto apartado solicita a la comunidad internacional que cualquier arreglo
pase por el entendimiento y la fraternidad de los hondureños
, así como por el respeto a la soberanía de la República de Honduras.
En el inciso noveno sugiere que cualquier arreglo de tipo político que se derive del acuerdo de San José, no obstante su objetivo de lograr la unidad y la reconciliación nacional, debe asegurarse que su implementación se realice bajo el amparo de la Constitución y las leyes
hondureñas.
En relación al retorno del ciudadano José Manuel Zelaya Rosales a la presidencia de la República hasta la conclusión de su periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010, debe tenerse en cuenta que existen acciones penales presentadas por la Fiscalía General de la República; en consecuencia y en estricta legalidad, mientras no existan otras disposiciones legales aplicables no puede eludirse que tendría que someterse a procedimientos establecidos en la legislación procesal penal
, señalaron los magistrados en el tercer apartado de su opinión jurídica.
La corte rechazó asimismo toda posibilidad de formar un gobierno de unidad nacional
–otro de los elementos centrales del acuerdo planteado por Arias– en virtud de que el artículo 245 de la Carta Magna hondureña otorga al presidente la potestad de nombrar y separar libremente a los miembros de su gabinete.
En el mismo tono del Poder Judicial se pronunció este domingo la viceministra de Relaciones Exteriores del gobierno de facto, Martha Alvarado, quien dijo que el retorno de Zelaya no es negociable, como tampoco lo es el estado de derecho en Honduras
.
Aquí está muy claro. Nosotros hemos actuado conforme a la ley; aquí se ha destituido a un presidente que violentaba la ley (y) lo hemos sustituido de acuerdo con el proceso costitucional de Honduras
, puntualizó.
Pese a los pronunciamientos hechos la víspera de la llegada de la misión de la OEA, no se tiene previsto encuentro alguno entre el presidente de facto, Roberto Micheletti, y los delegados enviados por el organismo continental. Un vocero oficial en Tegucigalpa, César Cáceres, dijo que tampoco hay agenda establecida.
La visita de la misión estuvo precedida del abierto rechazo de Micheletti a permitir la presencia del grupo de Insulza, quien el mes pasado estuvo en Honduras y donde se refirió a los hechos del 28 de junio como un golpe de Estado
, en contra de la versión oficial de sucesión constitucional
.
En este contexto, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado continuó hoy sus protestas contra la administración de facto con la celebración de un concierto de música popular que incluyó músicos de Venezuela, Argentina, Guatemala y Honduras.
A pesar de que el gobierno de Micheletti ha declarado que la situación en el país es de entera normalidad, los festejos del 188 aniversario de la independencia de Honduras fueron cancelados con el argumento de que existen riesgos de que se transmita masivamente el virus de la gripe A/H1N1.
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