Advierte la Comisión de Asuntos Indígenas de San Lázaro sobre retorno de paramilitares
Critica la intervención del CIDE, pues no conoce la realidad en la que viven las comunidades
La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados advirtió que la liberación de indígenas acusados de perpetrar la matanza en Acteal, y el eventual regreso a sus comunidades, podría reavivar la violencia en esa zona de Chiapas, así como el retorno a la vía armada y a la proliferación de los grupos paramilitares
.
La comisión cuestionó la intervención del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la defensa de los sentenciados por el asesinato de indígenas, y resaltó que los especialistas
no conocen la realidad en la que viven las comunidades.
El presidente de la comisión, Marcos Matías Alonso, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la resolución de los ministros de la Corte, que ordenaron la liberación de tzotziles acusados de la muerte de indígenas en Acteal en 1997, abre la puerta a la violencia y de no tomar medidas pertinentes se podría repetir un enfrentamiento
.
Hasta ahora, dijo, se había superado el caos que se vivió en la zona con el surgimiento de grupos paramilitares, por lo que el fallo no sólo es controvertido, sino que no ayuda a nadie y complicará la situación ya de por sí difícil en el estado de Chiapas
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Enviarán carta a Sabines
El legislador por Guerrero sostuvo que en esa entidad persiste una situación de alarma
por las implicaciones de la decision de la Suprema Corte, y anunció que enviará una carta a Los Pinos y al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, para que se tomen las medidas preventivas mínimas, tanto para la gente que está en Acteal como para la que está saliendo de la cárcel, para que no volvamos a vivir otro episodio lamentable
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La situación, expuso, es tensa, porque los indígenas liberados no están muy seguros de regresar a su comunidad, mientras quienes aún viven en la región tienen pavor porque creen que van a vengarse y los que salen piensan que los van a recibir a balazos
.
Por ello, evaluó, la decisión de la Corte no contribuye a construir un clima de paz, y lo que se anticipa es el resurgimiento de un brote armado ante esta sicosis comunitaria en toda la región del sureste de Chiapas, porque hay angustia debido a que las personas que fueron liberadas tampoco están tranquilas y además ha proliferado la delincuencia organizada y ahora se abre la puerta a los paramilitares
.
Matías Alonso consideró que, ante ese panorama, se configura un escenario en el que la Corte no abona a las buenas relaciones sociales y políticas del país, por lo que propuso revisar los alcances jurídicos de sus decisiones
que, acusó, son tomadas con gran arrogancia, pero la historia ha demostrado que esas resoluciones no siempre ayudarán a la gobernabilidad en el país
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Que no vuelvan
: Arizmendi
Por otra parte, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el obispo de la diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel, apoyó totalmente
la propuesta del gobernador Juan Sabines Guerrero de que no vuelvan a Chenalhó los 20 indígenas liberados el pasado jueves, tras el fallo de la Suprema Corte que los exoneró de estar implicados en la matanza de 45 tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.
Algunos pudieran ser inocentes, pero su regreso puede incentivar nuevas reacciones violentas de unos contra otros, y aunque los sentimientos son de no más violencia, las circunstancias en cualquier momento podrían generar venganzas, ya que en la vida ordinaria y al calor de algunas copas fácilmente se exacerban los ánimos
, argumentó el prelado en conferencia de prensa, tras oficiar la misa dominical en esta cabecera municipal.
Arizmendi Esquivel llamó a todos los involucrados a evitar la violencia, pues aunque no estemos de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, una injusticia no se remedia con más injusticia
. Consideró, empero, que deben buscarse mecanismos para “comprobar nuevamente si algunos de los 20 indígenas liberados son culpables, y en tal caso reiniciar el proceso.
Si las pruebas presentadas no fueron suficientes, hay que hacer trabajo jurídico más que mediático
, instó el religioso, aun cuando los familiares de las víctimas dicen que han insistido, pero las autoridades no les hacen mucho caso y sí los cansan de ir y venir.
Llega delegación de la CIDH a Honduras para verificar situación de los derechos humanos
Maestros impulsarán campañas sobre la importancia de volver al orden constitucional
Tegucigalpa, 16 de agosto. El Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras acordó hoy continuar las acciones de resistencia pacífica para lograr la restitución del orden constitucional en el país, durante una asamblea nacional de las organizaciones populares que integran ese mecanismo, anunció este domingo su coordinador general, el dirigente sindical Juan Barahona.
En un acto en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares, Barahona consultó a los cientos de asistentes la decisión de continuar la lucha y un potente coro respondió que sí.
Para el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores, transcurridos 50 días de movilizaciones contra la asonada militar del pasado 28 de junio, las fuerzas populares están aproximando la derrota de los golpistas
.
El dirigente campesino Rafael Alegría apuntó que la semana pasada fue evaluada como muy exitosa para los opositores, al lograr reunir a decenas de miles de personas en las marchas en la capital y la norteña San Pedro Sula.
Añadió que este lunes la movilización popular debe ser contundente, al inicio de las labores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se prolongarán hasta el viernes próximo.
Barahona anunció que a partir de las 8 horas (local) los opositores al gobierno de facto se congregarán frente a la Universidad Pedagógica Nacional, y aseveró que el domingo próximo celebrarán un gran acto político-cultural, con la participación de artistas nacionales y de otros países, entre ellos la popular agrupación Los Guaraguao.
El escritor Samuel Trigueros, uno de los organizadores, precisó que el espectáculo se llamará Voces contra el Golpe y contará con artistas de Argentina, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Honduras.
Por lo pronto, la Federación de Organizaciones Magisteriales (FOMH) informó que los maestros retornarán a clases este lunes, martes y miércoles, y los demás días de la semana se volverán a incorporar a las manifestaciones en las calles.
El dirigente Jaime Rodríguez afirmó que en las escuelas los maestros también llevarán adelante una campaña para explicar a estudiantes y padres de familia la necesidad de recuperar el orden constitucional.
En este contexto, la CIDH dictó medidas cautelares para que el gobierno de facto de Roberto Micheletti proteja la vida de unos cien hondureños amenazados después del golpe de Estado del 28 de junio.
La Suprema Corte de Justicia publicó el sábado una lista de 85 personas que tienen medidas cautelares, pero la lista se ha ido ampliando y ya hay más de cien
, afirmó el director ejecutivo de la CIDH, el argentino Santiago Cantón.
El funcionario llegó con una delegación de la CIDH que verificará la situación de los derechos humanos en Honduras después del golpe, integrada además por Luz Patricia Mejía (venezolana, presidenta), Víctor Abramovich (argentino, vicepresidente), Felipe González (chileno, relator) y Paolo Carozza (estadunidense, relator).
En la lista figuran familiares y funcionarios del depuesto gobierno de Manuel Zelaya, Patricia Rodas (canciller), Enrique Flores (ministro de la Presidencia), miembros del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe, Rafael Alegría, Juan Barahona, Israel Salinas, César Ham y Marvin Ponce.
Este último está hospitalizado al sufrir tres fracturas el miércoles cuando fue atacado a patadas y garrotazos por policías que reprimieron una manifestación en el centro de la capital.
Figuran también en la lista activistas de derechos humanos como Andrés Pavón y Bertha Oliva, los dirigentes étnicos Salvador Zúniga y Bertha Cáceres, y los periodistas Esdras López, David Romero y Eduardo Maldonado.
Cantón explicó que la SCJ llamó a los que tienen medidas cautelares para coordinar la seguridad que se les puede prestar con guardias o vehículos blindados y giró notas a los juzgados investigando supuestos abusos cometidos contra seguidores de Zelaya que han estado demandando el regreso del mandatario en manifestaciones públicas.
Represión en Perú: historia del etnocidio en América Latina
16 Agosto, 2009 a 19:42 pm (Articulo)
Marcos Roitman Rosenmann, La Jornada
El siglo XXI depara sorpresas insospechadas, los travestismos políticos pueden acabar con la dignidad y transformar, otrora antimperialistas y nacionalistas, en defensores de las trasnacionales. Es el caso de Alan García y su gobierno.
Sin grandes diferencias, los métodos para consolidar el poder de estos conglomerados guardan semejanza con los utilizados en el periodo post-independencia para solventar la reforma liberal. Concesiones para ferrocarriles, puentes, represas, carreteras. Dinero y corrupción para contentar la elite política y bases militares para reducir el peligro de golpes de Estado nacionalistas. Era la manera de conseguir los objetivos: el control político, económico y militar de un país. El Estado peruano corrobora hoy estas estrategias ejercitando la represión sobre sus pueblos originarios. Si en el siglo XIX se lleva a cabo la expulsión de los territorios pertenecientes a los pueblos indígenas para satisfacer las ansias de acumulación de las oligarquías criollas y el imperialismo decimonónico, representado por Estados Unidos y Gran Bretaña, hoy se enajenan sus propiedades para beneficio de las trasnacionales y las nuevas oligarquías.
Sin embargo, nunca fue una tarea fácil para las clases dominantes poner en práctica estas decisiones. Son ya quinientos años de resistencia. Pero la contrapartida ha sido utilizar los ejércitos como arma disuasoria. Las primeras campañas de las fuerzas armadas profesionales en Argentina, Chile, México, Perú, Colombia, Paraguay, entre otros países, tuvieron enfrente a los araucanos, pehuenches, quechuas, aymaras, patagones, chichimecas o pampeños. Fueron los primeros enemigos internos. Las matanzas han pasado a la historia. Las oligarquías se ufanaron de tales estrategias para esquilmar las riquezas de sus pueblos originarios. Asimismo, la escasez de mano de obra llevó a los pueblos indígenas a una explotación en condiciones de cuasi esclavitud, causa coadyuvante de un exterminio lento pero continuo. El cuadro se generalizó en toda América Latina. Brasil, México, Guatemala vieron disminuir sus poblaciones aborígenes con la misma celeridad que lo habían hecho durante la conquista. A sus ideólogos y promotores no se les arrugó su conciencia al adjetivar dichas prácticas como una diatriba entre “civilización o barbarie”. Hoy Alan García habla de la batalla por el progreso. Ampliar el coto de las haciendas y hacer de sus dueños flamantes terratenientes fue una y la misma cosa. Las leyes contra vagos y maleantes fueron el argumento para retener en los latifundios a la población indígena. Durante estos dos siglos de independencia se han establecido legislaciones draconianas contra los derechos de los pueblos indígenas. So pretexto de ofrecerles un mundo mejor, se les obliga a vender sus tierras, desplazarse o renegar de los derechos de propiedad en beneficio del libre mercado. Si son obedientes y sumisos, a cambio de ceder tierras, se les reubica en parcelas o transforma en cooperativistas, a cambio se les promete construir un dispensario de salud abierto dos horas al día, una escuela sin medios, gozar de electricidad a precios de usura y comprar semillas transgénicas. Toda una demostración de la discriminación étnica y del engaño. Se les considera pueblos sin futuro, superados por la historia. Sólo se admite su perfil folclórico para beneplácito de las empresas turísticas. Indios para la exportación.
En la actualidad, las oligarquías criollas, en connivencia con las transnacionales proyectan una segunda gran revolución. Consolidado el orden excluyente y la reforma del Estado en sus aspectos básicos: privatización, descentralización, desregulación, flexibilidad del mercado laboral, ahora se dan a la tarea de apoderarse de las selvas semitropicales, las aguas, el subsuelo, etcétera. Son los nuevos megaproyectos donde participan empresas de energía, farmacológicas, automotrices, de alimentación, constructoras. Es la unión del capitalismo trasnacional y los cipayos para adueñarse de los últimos reductos del planeta sin explotar. Todo está diseñado, desde las formas de gobierno, al gobernanza, hasta las redes para capitalizar la inversión. Un nuevo imperialismo se dibuja en las entrañas de América Latina. La democracia representativa se reduce a un cascarón vacío. El control sobre la población obliga a constreñir los derechos políticos a su mínima expresión: el voto. No cabe la diferencia, la dignidad, la justicia social, menos aún los pueblos indígenas, acusados de ser los responsables del subdesarrollo.
Lo sucedido en Perú no es una excepción, se repite con intensidad variable en otros países. En México, por ejemplo, no podemos soslayar la resistencia del EZLN por salvaguardar la Selva Lacandona y las formas de autonomía en las Juntas de Buen Gobierno y los caracoles. En Chile la represión sobre la población mapuche, aplicando las leyes antiterroristas de la dictadura, tiene como objetivo desplazar la población más al sur y construir represas. Los gobiernos socialdemócratas de la Concertación no dudan en mantener encarcelados a más de 500 mapuches y asesinar a dirigentes en “supuestos” enfrentamientos con las fuerzas de orden. En Colombia se les dispara bajo el pretexto de la doctrina de la seguridad democrática. De esta manera se restablece el orden. Acusados de terroristas y antipatriotas, se les aplican leyes ad-hoc para exonerar a quienes disparan y asesinan practicando el etnocidio. En estos caso, como suele ocurrir, el sentimiento de impunidad cubre los hechos al interpretarse las acciones de las fuerzas armadas como actos perpetrados en legítima defensa.
Alan García y su gobierno están convencidos de no haber cometido crímenes de lesa humanidad, ni etnocidio. Por el contrario, están seguro que actúan dentro de la legalidad vigente al hacer cumplir la ley, evitando un atentado contra la propiedad privada y los derechos de las trasnacionales. Su nombre no debemos olvidarlo, entra de lleno en la historia de la ignominia y la traición contra los pueblos indígenas cometida por los socialdemócratas en nombre del progreso.
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/16/index.php?section=opinion&article=024a1mun
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