Paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) recuperaron ayer por la mañana a balazos el Palacio Municipal del municipio autónomo de San Juan Copala, denunció Reina Martínez Sánchez, vocera del plantón de mujeres triquis del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente (MULT-I), reubicado ahora en inmediaciones del antiguo Convento de Santo Domingo.
En la balacera, fue herida de gravedad su compañera María Rosa Francisco, de 35 años de edad, quien en días pasados estuvo secuestrada por los paramilitares, señaló.
La portavoz dijo que los paramilitares no han dejado de disparar sus armas de fuego de grueso calibre y han dado un plazo de 24 horas a sus compañeros para abandonar sus hogares o de lo contrario serán asesinados.
“(Nuestros compañeros) no quieren dejar sus hogares porque es parte de su vida, ahí está su pasado y su futuro, no lo imaginan fuera de ahí, sin sus santos y sus muertos. Prefieren morir ahí con ellos que abandonarlos”, señaló.
Destacó que el emplazamiento de los paramilitares “no es una simple amenaza porque en meses pasados hicieron una acción similar en San Miguel Copala, donde asesinaron a doce compañeros en la mera cancha municipal”.
Subrayó que sus compañeros no pueden trasladar a la lesionada por los paramilitares siguen disparando ni ninguna autoridad, ni federal, ni estatal ni municipal, quiere ingresar a San Juan Copala.
“No puede ser atendida porque los paramilitares tienen rodeada toda la comunidad y nadie puede salir de sus casas”, remarcó.
Ante esta situación, llamó a las organizaciones derechos humanos, a los movimientos sociales y a todos aquellos que crean que los triquis merecen vivir dignamente, a que denuncian esta situación y demanden que el gobierno otorgue garantías al municipio de San Juan Copala y se detenga a los asesinos.
Apenas antenoche, a petición del subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, las mujeres triquis retiraron su plantón del zócalo, frente al antiguo Palacio de Gobierno, que habían instalado el 11 de agosto para exigir el esclarecimiento de los múltiples asesinatos de sus compañeros y de los activistas, la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Jaakkola.
Las manifestantes pusieron como condición el envío de 10 toneladas de maíz al municipio de San Juan Copala, para atender las necesidades de los pobladores debido a la escasez de víveres por el asedio de paramilitares, y el envío de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEE) para la realización de rondines a fin de evitar nuevos hechos de violencia.
En la balacera, fue herida de gravedad su compañera María Rosa Francisco, de 35 años de edad, quien en días pasados estuvo secuestrada por los paramilitares, señaló.
La portavoz dijo que los paramilitares no han dejado de disparar sus armas de fuego de grueso calibre y han dado un plazo de 24 horas a sus compañeros para abandonar sus hogares o de lo contrario serán asesinados.
“(Nuestros compañeros) no quieren dejar sus hogares porque es parte de su vida, ahí está su pasado y su futuro, no lo imaginan fuera de ahí, sin sus santos y sus muertos. Prefieren morir ahí con ellos que abandonarlos”, señaló.
Destacó que el emplazamiento de los paramilitares “no es una simple amenaza porque en meses pasados hicieron una acción similar en San Miguel Copala, donde asesinaron a doce compañeros en la mera cancha municipal”.
Subrayó que sus compañeros no pueden trasladar a la lesionada por los paramilitares siguen disparando ni ninguna autoridad, ni federal, ni estatal ni municipal, quiere ingresar a San Juan Copala.
“No puede ser atendida porque los paramilitares tienen rodeada toda la comunidad y nadie puede salir de sus casas”, remarcó.
Ante esta situación, llamó a las organizaciones derechos humanos, a los movimientos sociales y a todos aquellos que crean que los triquis merecen vivir dignamente, a que denuncian esta situación y demanden que el gobierno otorgue garantías al municipio de San Juan Copala y se detenga a los asesinos.
Apenas antenoche, a petición del subsecretario general de Gobierno, Joaquín Rodríguez Palacios, las mujeres triquis retiraron su plantón del zócalo, frente al antiguo Palacio de Gobierno, que habían instalado el 11 de agosto para exigir el esclarecimiento de los múltiples asesinatos de sus compañeros y de los activistas, la mexicana Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el finlandés Jyri Jaakkola.
Las manifestantes pusieron como condición el envío de 10 toneladas de maíz al municipio de San Juan Copala, para atender las necesidades de los pobladores debido a la escasez de víveres por el asedio de paramilitares, y el envío de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEE) para la realización de rondines a fin de evitar nuevos hechos de violencia.
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