domingo, 20 de septiembre de 2009

Gobierno panista financia obra católica en León
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Asistentes a la inauguración de la Plaza del Expiatorio, ayer, se resguardan de las lluviasFoto Carlos García
Carlos García, corresponsal

León, Gto., 19 de septiembre. En medio de una copiosa lluvia, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez; el alcalde de León, Vicente Guerrero Reynoso, y el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago inauguraron el atrio de la iglesia del Expiatorio donde los gobiernos municipal y estatal invirtieron 44 millones 800 mil pesos.

Conocida como Plaza del Expiatorio, la obra causó polémica en su momento entre regidores de oposición, pues el artículo tercero de la Ley de asociaciones religiosas, iglesias y culto público estipula que el Estado mexicano es laico y no debe tener preferencia o privilegio en favor de religión alguna, y los actos jurídicos que contravengan las disposiciones de esta ley serán nulos de pleno derecho.

El atrio de 9 mil metros cuadrados cuenta con seis jardineras, alumbrado, una fuente, sanitarios y una reja perimetral. Para su construcción fueron derribadas una escuela, una casa catalogada como monumento histórico y 10 viviendas. El objetivo fue darle realce al templo católico.

Ante unas 4 mil personas reunidas en el acto, Martín Rábago aseguró: La construcción de esta plaza suscitó preguntas, cuestionamientos y hasta suspicacias, hoy, ante la sobria belleza de este espacio acogedor tenemos respuestas.

Cumplirá funciones de una plaza pública, pero tiene la finalidad de dar un respiro al templo que se hallaba entre la maleza de construcciones abigarradas, consideró el religioso. En la ceremonia, que incluyó un concierto de Tania Libertad, la Secretaría de Economía del municipio erogó 350 mil pesos.

Tras pedir permiso para hablar a la excelencia del arzobispo, el gobernador dijo que con esta plaza, por fin el templo Expiatorio empieza a lucir como se merece, es muestra fehaciente de la belleza que alcanzan la fe, la generosidad y el trabajo de las familias.


Preocupan a organizaciones internacionales conflictos en el sector

Deshonrosa alianza de Calderón con Minera México: sindicalistas

Analizan los casos de Gómez Urrutia, Cananea y Pasta de Conchos

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Sindicatos internacionales condenan la represión a mineros. La imagen corresponde a un mitin de trabajadores en CananeaFoto Ulises Gutiérrez
Andrea Becerril

Una delegación de 50 parlamentarios y representantes de sindicatos internacionales envió a la comisión especial del Senado de la República que da seguimiento al conflicto en la mina Cananea un documento en el que expresa preocupación por la alianza deshonrosa del gobierno de Felipe Calderón con la empresa Minera México, para reprimir a los trabajadores, violar sus derechos laborales y destruir al gremio que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Organizada por la United Steelworkers, de Canadá, y la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, así como por congresistas canadienses y organizaciones gremiales de América, Europa y África, la delegación estuvo en México en julio pasado.

El objetivo fue conocer de cerca el conflicto minero, por lo cual se entrevistaron con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, legisladores, representantes del sindicato minero, con otras organizaciones, como la de los telefonistas, con las familias de los muertos en Pasta de Conchos y con el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

El reporte final de los trabajos de esa delegación –que el pasado jueves fue entregado a la comisión que encabeza el senador del PRD Arturo Núñez– incluye una serie de conclusiones y recomendaciones, entre ellas, que están especialmente preocupados de que a Calderón sus socios comerciales lo consideren un héroe debido a las acciones contra los traficantes de drogas, pero su gobierno reprime a los mineros de forma sistemática y frecuentemente violenta.

El gobierno mexicano y los empresarios han dejado claro que no tolerarán un sindicato que organiza y gana huelgas para conseguir alzas salariales y condiciones de trabajo seguras, que se niega a aceptar directrices gubernamentales y que forja alianzas fuertes con el movimiento sindical internacional.

La delegación, encabezada por Jack Layton, líder del Partido Democrático de Canadá, analiza a detalle el conflicto del gremio y concluye que hay un contubernio entre Minera México y el gobierno federal para perseguir a los trabajadores y a Gómez Urrutia, a través de acusaciones penales repetidas, a pesar de que el dirigente ha demostrado que los fondos de los obreros de Cananea están en un fideicomiso.

En el documento se señala que en la reunión con el secretario del Trabajo, en la que estuvieron también autoridades de la cancillería y de la Procuraduría General de la República (PGR), Layton les dijo: dejamos claro que la interferencia del gobierno en la dirección del sindicato, el encarcelamiento de dirigentes, el congelamiento de las cuentas bancarias, el declarar las huelgas inexistentes y la falta de procesos judiciales contra los asesinos de líderes mineros, son graves e inaceptables violaciones a los derechos humanos básicos.

Otras de las organizaciones integrantes de esa delegación son el Centro de Solidaridad AFL-CIO, el Sindicato de la Construcción, Bosques y Minas, de Australia, la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos –CNTM Forca Sindical– de Brasil y la Asociación de Supervisores Metalúrgicos de Argentina.

Entre las recomendaciones que formulan al gobierno mexicano están las de levantar todos los cargos pendientes contra Gómez Urrutia y demás dirigentes del sindicato, terminar con la interferencia estatal en los asuntos de ese organismo, liberar los fondos gremiales, resolver los graves problemas de salud en las minas y obligar a la empresa de Germán Larrea a negociar la solución de las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete.

Que se someta a proceso judicial a los responsables de la muerte de cuatro trabajadores –dos en Lázaro Cárdenas, uno en Nacozari y otro en Fresnillo– y a quienes propiciaron el accidente en que fallecieron los 65 mineros de Pasta de Conchos, ayudar en la recuperación de los cuerpos y compensar económicamente a los deudos.

La delegación internacional pidió a los gobiernos de sus respectivos países que recuerden a México que los tratados comerciales incluyen sanciones económicas por violar derechos laborales y humanos.


Indagatorias minarán confianza de gobiernos aliados que han colaborado con EU, aducen

Ex directores de la CIA solicitan frenar pesquisas sobre torturas

Riesgo de que se debilite certidumbre de agentes en la seguridad jurídica de sus labores, afirman

La petición hecha a Obama pone contra la pared al actual titular de la dependencia, Leon Panetta

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Niños vestidos como prisioneros de Guantánamo participan en una manifestación en Karachi, Pakistán, en demanda de la liberación de Aafia Siddiqui, detenida en Afganistán el año pasado tras ser acusada de pertenecer a Al Qaeda y tratar de asesinar a militares estadunidenses. En los carteles pegados en la jaula se lee: ¿Hasta cuándo la médica Aafia Siddiqui, hija de Karachi, tendrá que soportar la brutalidad de Estados Unidos?Foto Ap
Afp, Dpa y Reuters

Washington, 19 de septiembre. Ex directores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos que trabajaron para administraciones republicanas en las últimas cuatro décadas pidieron al presidente Barack Obama que detenga las investigaciones sobre las torturas cometidas por agentes en los interrogatorios a sospechosos de participar en ataques contra objetivos estadunidenses, incluidos los atentados del 11 de septiembre de 2001 sobre Nueva York y Washington.

La petición de los ex funcionarios suscitó una polémica en círculos legales y políticos que puso contra la pared al actual director de la CIA, Leon Panetta, quien por una parte dijo compartir el sentimiento de los ex directores de la agencia, pero por otro lado manifestó estar del lado de la administración de Obama y sus decisiones.

Siete ex titulares de la agencia argumentaron en una misiva enviada el viernes al mandatario que la investigación activada el 24 de agosto pasado minará la confianza de los agentes en la seguridad jurídica de sus labores, expondrá públicamente las operaciones de la CIA –en beneficio de la red Al Qaeda– y decepcionará a los gobiernos aliados que confiaron en el secreto de la colaboración con Washington en asuntos de seguridad.

Colaboradores de Bush y Nixon

La misiva fue firmada por tres directores de la CIA durante ocho años de gobierno de George W. Bush: Michael Hayden, Porter Goss y George Tenet, así como por John Deutch, James Woolsey, William Webster y James Schlesinger, quienes ejercieron el cargo en la época del presidente Richard Nixon.

El actual procurador general, Eric Holder, designó el mes pasado como fiscal especial del caso a John Durham para que estudie las acusaciones contra la CIA por los excesos cometidos por sus agentes en los interrogatorios a los combatientes enemigos detenidos por su presunta participación en los atentados de 2001 y en otras actividades consideradas antiestadunidenses, en países asiáticos y europeos.

Los abusos –cometidos principalmente en la base de Guantánamo y cárceles de Irak y Afganistán– fueron conocidos en 2004 y 2005 por reportes de la prensa estadunidense y europea, que refirieron a prácticas como el waterboarding o ahogamiento simulado a los interrogados.

En las torturas también estuvieron involucrados integrantes de firmas de seguridad privadas, contratadas por el gobierno de Bush.

La investigación fue abierta pocos días después de que el Departamento de Justicia publicó un informe del inspector general de la CIA de 2004 en el que detalló los agresivos interrogatorios a los presuntos terroristas, pero al mismo tiempo destacó que esas prácticas permitieron obtener información valiosa, que sirvió para impedir nuevas acciones antiestadunidenses.

Al reaccionar a la decisión de Holder, portavoces de la Casa Blanca afirmaron que no hay más opción que dejar que fluyan las consecuencias legales de los abusos cometidos por los agentes de inteligencia.

La CIA, a su vez, respondió que se hará cargo de los gastos que deriven de la defensa legal de los miembros de la corporación que resulten acusados.

Por medio de un portavoz, Panetta sostuvo que Obama respalda fuertemente a los hombres y las mujeres de la agencia.

Panetta ha estado al lado de aquellos que cumplieron con el marco legal en los interrogatorios, según dijo el portavoz del director de la CIA, Paul Gimigliano, quien precisó que la agencia coopera en el caso reabierto por el procurador general, con el fin de asegurar que las operaciones de inteligencia se centren en proteger al país.

En su edición de este sábado, el diario The Washington Post, con base en fuentes gubernamentales, informó que la revisión del Departamento de Justicia se centrará en un reducido número de casos, entre ellos uno en el que un prisionero afgano murió en una instalación secreta de la CIA en Afganistán siete años atrás.

En la carta, los ex directores señalaron que la investigación sobre los métodos aplicados por los agentes de la CIA se realizó ya en 2005 y estuvo a cargo de fiscales de carrera, con la colaboración de la agencia.

La decisión de reabrir la investigación penal crea una atmósfera de riesgo continuo para aquellos agentes cuyos expedientes fueron ya investigados, pero desechados como posibles casos con cargos judiciales.

Los agentes de inteligencia, agregaron los ex funcionarios, deben tener la libertad de hacer su trabajo sin preocuparse de que un procurador decida en el futuro revisar su labor, autorizada previamente por otro fiscal.

Las investigaciones penales van a dañar seriamente el deseo de muchos otros agentes de inteligencia de asumir riesgos para proteger al país, que –apuntaron– “es vital para tener éxito en la larga y difícil lucha contra terroristas que continúen amenazándonos.

La administración debe tener en mente que la exposición pública de las operaciones pasadas de inteligencia pueden ayudar a Al Qaeda a eludir las operaciones y los planes futuros. Las revelaciones sobre el conjunto de actividades han hecho y harán más difícil que los agentes mantengan el nivel de operaciones que han salvado vidas y ayudado a proteger a Estados Unidos de otras agresiones.

Los ex funcionarios advirtieron que el éxito en las acciones de inteligencia frecuentemente dependen de actos sorpresivos que crean incertidumbre en la mente de los enemigos.

También señalaron que la reapertura de las pesquisas causará un daño serio a la capacidad de los servicios de inteligencia estadunidenses de obtener cooperación de agencias extranjeras, que ya están enormemente preocupadas por la incapacidad de Estados Unidos para mantener secretos.


Reprochan que Alemania haya salvado sus fábricas en detrimento de otras regiones europeas

Marchan miles de personas en Zaragoza en contra de despidos en la planta de Opel

Los planes de la empresa implicarán el despido de mil 700 obreros y 800 de otras industrias

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Trabajadores de Opel y otros miles de personas marcharon en Zaragoza para rechazar los despidos de la planta en FigueruelasFoto Ap
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La canciller alemana, Ángela Merkel, durante la reciente presentación del nuevo modelo Opel Astra en FrancfortFoto Ap
Afp, Dpa y Reuters

Zaragoza, 19 de septiembre. Más de 15 mil personas protestaron en esta ciudad contra la intención de recortar unos mil 700 empleos en la armadora de Opel, filial europea de la automotriz estadunidense General Motors, tras la venta al fabricante de autopartes austro-canadiense Magna.

Los manifestantes pidieron que se defiendan los empleos y el futuro de la planta de Opel en la localidad zaragozana de Figueruelas (al noroeste de España), en la que temen que se eliminen mil 700 de sus 7 mil 500 puestos de trabajo, lo que implicaría también la desaparición de 800 empleos más en industrias auxiliares.

El presidente del comité de empresa de Opel en España había solicitado el apoyo de la población para expresar masiva y firmemente el rechazo al proyecto. Los sindicatos aseguran que la planta zaragozana de Opel, donde se montan los modelos Corsa y Meriva, es la más rentable y productiva de la compañía en Europa. De la planta dependen indirectamente otros 13 mil empleos.

La primera gran concentración en España motivada por la venta de Opel fue convocada por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), que preferían que la automotriz se vendiera a la financiera belga RHJI porque prevé menos recortes laborales.

La marcha contó con la participación de representantes sindicales de la compañía y de funcionarios del gobierno de Aragón y fue encabezada por trabajadores de la fábrica de Opel de Figueruelas y delegados sindicales que enarbolaban una pancarta en la que se leía: Opel y auxiliares: por un plan industrial viable. Significa empleo y futuro para Aragón. Los manifestantes agitaban otras banderas en las que estaba escrito: Europa escucha, Aragón está en la lucha.

La movilización antecede a las conversaciones entre los sindicatos europeos y representantes de General Motors y Magna, que tendrán lugar la próxima semana y que tratarán sobre los planes de recortar 10 mil 500 puestos de Opel en Europa.

El presidente del comité de empresa de Opel en España, el alcalde de Zaragoza, los consejeros regionales de Economía y de Industria, así como delegados sindicales y políticos también participaron en la manifestación, que se realizó durante la tarde sin incidentes.

Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, reclamó la implicación personal del jefe de gobierno socialista español José Luis Rodríguez Zapatero para resolver el caso. Por su parte el presidente aragonés, Marcelino Iglesias, dijo que su gobierno no aceptaría ninguna decisión de cerrar la planta.

No vamos a aceptar de ninguna manera que la factoría más productiva, la mejor preparada, la que tiene mejores trabajadores y mejores directivos del conjunto de las factorías de Opel sea deslocalizada, dijo Iglesias en Madrid, en declaraciones recogidas por RNE.

El constructor automovilístico estadunidense General Motors y la canciller alemana Ángela Merkel anunciaron el 10 de septiembre la venta de Opel al consorcio canadiense Magna, asociado al banco ruso Sberbank, como quería Berlín.

Magna quiere suprimir 10 mil 500 empleos de los 50 mil con que cuenta Opel y su gemela británica Vauxhall en Europa. Alemania, donde se encuentra la mitad de los efectivos, debería perder 4 mil puestos pero conservaría sus cuatro plantas de producción.

Bélgica, España y Gran Bretaña reprochan a Alemania que hubiera presionado para la venta de Opel/Vauxhall a un consorcio de componentes para automóviles Magna y al banco ruso Sberbank para salvar sus cuatro fábricas de Opel, en detrimento de otras instalaciones europeas.


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