Con la liberación de los 12 presos de Atenco, la Primera Sala de la SCJN se pone en camino de consolidar una trayectoria favorable a la vigencia de los derechos humanos en el país. Los ministros han decidido dar continuidad a “los nuevos estándares del sistema penal” instaurados con las deliberaciones sobre el caso de Alberta Alcántara y Teresa González.
Al considerar que no fueron acreditados en el caso los elementos del tipo penal de secuestro equiparado se ordenó proceder a la libertad inmediata de los 12 presos. De esta manera, se reforzó el mensaje que ya antes se había enviado a los jueces y a los ministerios públicos: debe generarse una nueva cultura dentro de estos sistemas a fin de terminar con los resabios autoritarios que obstaculizan el acceso a la justicia, tanto para las víctimas como para quienes son procesados sin atención a las normas del debido proceso.
Con esta decisión se ha dado razón a la defensa, que empleó todos los recursos al alcance dentro del sistema penal. Se concede razón también a quienes durante estos años han sumado sus voces, ejerciendo además su derecho a disentir: personas de diversos ámbitos y organizaciones, tanto de México como de fuera del país, que en el último año convergieron en la campaña para exigir la libertad y justicia de los 12 presos.
La noticia es favorable porque la decisión de los ministros establece bases para aspirar a un sistema de justicia eficiente que respete los derechos humanos. Es además favorable para movimientos, organizaciones, colectivos e individuos que ejercen el derecho a la protesta como instrumento legítimo para la expresión del disenso y exigencia de derechos. Síntesis de esto es lo expresado por un ministro: “La manifestación de las ideas no es sinónimo de delincuencia”.
En sus consideraciones, los ministros han empleado argumentos similares a los que la Flacso y el Centro Prodh enviaron a la Suprema Corte en mayo del presente año sobre el caso. Las libertades de expresión, de pensamiento y otras se materializan en el disenso. En el México de hoy, flagelado por la violencia —estatal y de poderes fácticos— se ha vuelto lugar común apelar a la unidad en torno a causas o proyectos; se deja en el olvido, sin embargo, que lo fundamental en un régimen democrático es el debate, el disenso, la inconformidad.
La expresión del disenso, indispensable en toda circunstancia, es más evidente en situaciones de desigualdad económica, social y política. En estas circunstancias, el disenso se expresa en la protesta social. Ésta constituye un canal legítimo de expresión. Su ejercicio debe ser conciliado con otros derechos y libertades, pero nunca debe ser limitado, menos aún castigado.
Otra circunstancia que hace necesario el ejercicio de la protesta es el cierre de todas las vías políticas para dirimir los conflictos. Somos testigos de una atención selectiva de las autoridades a los problemas del país. Privilegian la realización de grandes proyectos económicos que afectan la vida de pueblos enteros que por no poseer los recursos para hacerse oír son generalmente los más afectados por obras que alteran su modo de vida y acentúan las desigualdades.
En el ejercicio de la protesta los colectivos recurren a medidas para presionar a las autoridades a cumplir con sus responsabilidades. El análisis del contexto político y social en que los actos de protesta acontecen deja claro que el Estado no emplea el sistema de justicia en el marco del Estado de derecho, lo usa facciosamente para castigar la inconformidad social. Prueba de este uso faccioso son las irregularidades existentes en los procesos, entre ellas la ilegalidad o la insuficiencia de pruebas.
La aplicación de “los nuevos estándares del sistema penal” constituye hoy un logro de quienes a través de todos estos años, pese a las descalificaciones e incluso castigos, han realizado los aportes más relevantes para la democratización del país: quienes disienten, quienes solicitan derechos, quienes exigen a las autoridades que cumplan sus obligaciones y también quienes se empeñan en seguir hablando mal de aquello que realmente está mal. Enhorabuena para los compañeros hoy libres.
Nota: Asignatura pendiente es el acceso a la justicia que, desde 2006, demandan las mujeres que fueron torturadas por policías en Atenco.
Al considerar que no fueron acreditados en el caso los elementos del tipo penal de secuestro equiparado se ordenó proceder a la libertad inmediata de los 12 presos. De esta manera, se reforzó el mensaje que ya antes se había enviado a los jueces y a los ministerios públicos: debe generarse una nueva cultura dentro de estos sistemas a fin de terminar con los resabios autoritarios que obstaculizan el acceso a la justicia, tanto para las víctimas como para quienes son procesados sin atención a las normas del debido proceso.
Con esta decisión se ha dado razón a la defensa, que empleó todos los recursos al alcance dentro del sistema penal. Se concede razón también a quienes durante estos años han sumado sus voces, ejerciendo además su derecho a disentir: personas de diversos ámbitos y organizaciones, tanto de México como de fuera del país, que en el último año convergieron en la campaña para exigir la libertad y justicia de los 12 presos.
La noticia es favorable porque la decisión de los ministros establece bases para aspirar a un sistema de justicia eficiente que respete los derechos humanos. Es además favorable para movimientos, organizaciones, colectivos e individuos que ejercen el derecho a la protesta como instrumento legítimo para la expresión del disenso y exigencia de derechos. Síntesis de esto es lo expresado por un ministro: “La manifestación de las ideas no es sinónimo de delincuencia”.
En sus consideraciones, los ministros han empleado argumentos similares a los que la Flacso y el Centro Prodh enviaron a la Suprema Corte en mayo del presente año sobre el caso. Las libertades de expresión, de pensamiento y otras se materializan en el disenso. En el México de hoy, flagelado por la violencia —estatal y de poderes fácticos— se ha vuelto lugar común apelar a la unidad en torno a causas o proyectos; se deja en el olvido, sin embargo, que lo fundamental en un régimen democrático es el debate, el disenso, la inconformidad.
La expresión del disenso, indispensable en toda circunstancia, es más evidente en situaciones de desigualdad económica, social y política. En estas circunstancias, el disenso se expresa en la protesta social. Ésta constituye un canal legítimo de expresión. Su ejercicio debe ser conciliado con otros derechos y libertades, pero nunca debe ser limitado, menos aún castigado.
Otra circunstancia que hace necesario el ejercicio de la protesta es el cierre de todas las vías políticas para dirimir los conflictos. Somos testigos de una atención selectiva de las autoridades a los problemas del país. Privilegian la realización de grandes proyectos económicos que afectan la vida de pueblos enteros que por no poseer los recursos para hacerse oír son generalmente los más afectados por obras que alteran su modo de vida y acentúan las desigualdades.
En el ejercicio de la protesta los colectivos recurren a medidas para presionar a las autoridades a cumplir con sus responsabilidades. El análisis del contexto político y social en que los actos de protesta acontecen deja claro que el Estado no emplea el sistema de justicia en el marco del Estado de derecho, lo usa facciosamente para castigar la inconformidad social. Prueba de este uso faccioso son las irregularidades existentes en los procesos, entre ellas la ilegalidad o la insuficiencia de pruebas.
La aplicación de “los nuevos estándares del sistema penal” constituye hoy un logro de quienes a través de todos estos años, pese a las descalificaciones e incluso castigos, han realizado los aportes más relevantes para la democratización del país: quienes disienten, quienes solicitan derechos, quienes exigen a las autoridades que cumplan sus obligaciones y también quienes se empeñan en seguir hablando mal de aquello que realmente está mal. Enhorabuena para los compañeros hoy libres.
Nota: Asignatura pendiente es el acceso a la justicia que, desde 2006, demandan las mujeres que fueron torturadas por policías en Atenco.
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