A 13 DE AÑOS DE ACTEAL ¡NI PERDON NI OLVIDO!
El 22 de diciembre de 1997, la comunidad indígena tzotzil de Acteal, municipalidad de Chenalhó, estado de Chiapas, México, fue asaltada violentamente por un grupo de un centenar de individuos armados con fusiles de guerra y machetes asesinaron a cuarenta y cinco personas; nos distinguieron si eran hombres, mujeres embarazadas o niños. La orden era barrer y sembrar terror en las tierras tzotziles. El ataque duró horas, pero un retén federal acuartelado en las cercanías no se presentó hasta el día siguiente y lo que entonces hizo fue destruir pruebas de la masacre. La Procuraduría de la República investigó y, en 2007, el Juzgado Federal de Distrito condenó a largas penas de prisión a un grupo de indígenas en calidad de autores materiales y exclusivos, como si no hubiera inductores. Algunos policías fueron también condenados, como partícipes materiales, a penas sensiblemente inferiores.
El objetivo estratégico operacional de dicho plan era destruir la voluntad de combatir del EZLN, aislándolo de la población civil. Como objetivos tácticos figuraban la destrucción, desorganización o neutralización de la estructura política y militar de la insurgencia, para lo cual, junto con operaciones de inteligencia, sicológicas y de control de población, se instruía la organización y asesoramiento de fuerzas de autodefensa.
De manera textual se ordenaba organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico. Según el plan, las operaciones militares incluían el adiestramiento, asesoramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares, tareas que quedaban a cargo de instructores del Ejército. Además, en coordinación con el gobierno de Chiapas y otras autoridades, la séptima región militar debía aplicar la censura a los medios de difusión masiva.
Según el cinismo de la versión oficial, difundida por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, se atribuyó el ataque a disputas entre grupos locales tras formarse Concejo Municipal Autónomo de Polhó.
Las Abejas tuvieron una fuerte división. La razón: parte de los dirigentes de ese entonces comenzaron a recibir dinero y a negociar con el gobierno estatal. Luego de discusiones y consultas, la organización partió aguas y se comenzó nuevamente desde bien abajo. Si Las Abejas llegó a aglutinar cerca de treinta comunidades, ahora ese número es mucho menor pero sus pobladores son más firmes a la hora de no dejarse engañar por el gobierno que les ofrece cinco mil pesos a los familiares de las víctimas de la masacre para que “dejen reclamar” .Las Abejas aclaran que no reciben dinero del estado porque saben, por su experiencia, que siempre le van a exigir algo a cambio y eso es abandonar su lucha.
Tanto la Procuraduría como la Justicia federales actuaron con descuido de formas procesales. El caso ha debido reabrirse, llegando finalmente a la Suprema Corte de Justicia, misma que acaba de adoptar una decisión prácticamente garante de impunidad al otorgar los amparos sin mayores precauciones ante las evidencias de culpabilidad respecto a la mayoría de los condenados.
Mientras tanto como casi siempre, sobre todo los 22 de cada mes, cuando Las Abejas se reúnen a homenajear a sus mártires con la “sabiduría de sus abuelos y abuelas”, con la esperanza de justicia y una nueva sociedad que va creciendo en Acteal.
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